El IRPF del año del Covid y la falta de empatía fiscal de la Administración

El contribuyente tendrá que tributar por los errores del SEPE en el caso de percibir una prestación mayor y reclamar después

La declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente al año de la pandemia, que inicia su campaña mañana, corre el serio peligro de convertirse en un calvario para muchos contribuyentes. Un vía crucis en el que numerosos ciudadanos verán su exposición de obligaciones ante la Hacienda pública como una suerte de indeseable jeroglífico que, pese a la contrastada agilidad digital desarrollada por la Agencia Tributaria, puede añadir elevadas dosis de agotamiento al producido por las extrañas condiciones vitales que ha marcado a fuego el Covid el día a día de los españoles el último año. En tales circunstancias, era esperable una facilitación fiscal por parte las autoridades que, sin mermar las obligaciones tributarias y salvaguardando los más necesarios que nunca ingresos para el erario, demostrase altas cotas de empatía y solidaridad con el contribuyente. Todo indica que estamos lejos de ese deseable escenario.

Entre los amplios grupos que verán su declaración marcada por la crisis del Covid estarán, lógicamente, aquellos trabajadores que hayan perdido su empleo o los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV). Pero hay un enorme colectivo, el de los numerosos afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el 18% del total de declarantes, que se va a ver seriamente afectado por las particularidades de la tributación de tal prestación. Y no solo por el hecho de que esta prestación especial del Servicio Público de Empleo (SEPE) no va a estar exenta de tributar como rendimiento del trabajo, como podría indicar la lógica al tratarse de ayudas extraordinarias, algo que implicará que sus perceptores tendrán al menos dos pagadores (y obligará a muchos no obligados el año anterior a presentar declaración); sino también por los múltiples errores registrados en su abono y por las diferencias que supone tributar según la comunidad autónoma en la que se paguen los impuestos.

Hacienda ha publicado aclaraciones dirigidas a los más de 3,5 millones de contribuyentes sujetos a un ERTE en 2020, les permitirá el pago a plazos y reforzará la asistencia personalizada para resolver dudas. Donde no las hay es en que el contribuyente tendrá que tributar por los errores cometidos por el SEPE en el caso de percibir una prestación mayor y reclamar después al fisco. Un mecanismo que, una vez más, carga la responsabilidad sobre el contribuyente.

Cierto es que las circunstancias, como casi todo lo ocurrido por la pandemia, son especiales. Un buen sistema tributario, para ser justo, debe ser eficiente, equitativo, flexible, transparente y sencillo. Y eso, en cualquier circunstancia. Pero también empático. Lo contrario entraña el grave peligro de generar descreimiento en los contribuyentes. Y eso tiene una solución aún más difícil que encontrarla para el, permanentemente pendiente, fraude fiscal.