Ábalos eleva a 100.000 las viviendas que quiere sacar al alquiler asequible durante la legislatura
El parque público rondará las 44.000 viviendas y unas 56.000 procederán de la colaboración público-privada
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Gobierno pretende nutrir el mercado del alquiler asequible en España con 100.000 nuevas viviendas durante la legislatura. La cifra, que multiplica por cinco el objetivo inicial del Ejecutivo, es el resultado de sumar los inmuebles del Plan 20.000 con la movilización proveniente de la Sareb y el sector bancario, por un lado, y la de los grandes propietarios y fondos con los que negocia el Gobierno, por otro. También entrarían las casas construidas con cargo al fondo de recuperación europeo.
Según los cálculos de la cartera de Ábalos, explican fuentes del departamento, el parque de vivienda social del ministerio rondará las 44.000 viviendas, mientras que unas 56.000 procederán de la colaboración público-privada para la creación de un fondo social.
Por el Plan 20.000, por el que se construirán viviendas en las principales ciudades españolas, ya se han comprometido y proyectado en torno a las 24.000 casas. De ellas, 4.700 estarán financiadas con el Plan Estatal de Vivienda en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, mientras que otras de 7.600 estarán conveniadas con entidades locales en las zonas más tensionadas. Dentro de este mismo grupo, en torno a 11.600 viviendas serán impulsadas por el ministerio en colaboración con Sepes en suelos propiedad del Estado mediante la licitación de derechos de superficie para entidades privadas que construirán y gestionarán las viviendas con rentas tasadas.
Por último, y siguiendo con el bloque de titularidad pública, se levantarán unos 20.000 inmuebles más con cargo a los 1.000 millones de euros provenientes del fondo de reconstrucción europeo, en el que la agenda urbana jugará un papel fundamental.
En lo relativo a la colaboración público-privada, explica el ministerio, se incrementará un 10% el fondo social de vivienda actual acordado con las entidades financieras, por lo que se alcanzará la cifra de 11.000 inmuebles más. A estas hay que sumarles las 15.000 viviendas que pasarán a manos de administraciones regionales y locales para su alquiler social, de acuerdo con el protocolo firmado entre el ministerio, la Sareb y la banca el pasado 17 de febrero.
Por último, las negociaciones entre el Gobierno y los grandes tenedores de vivienda, entre los que se encuentran fondos, gestoras y promotoras, servirán para que los propietarios pongan a disposición del plan "un porcentaje significativo de su parque de vivienda para el alquiler asequible y social, pudiendo llegar hasta 30.000 viviendas", si bien esta cifra es todavía una estimación.
En este último caso, Gobierno y grandes propietarios y promotores pactarían cesiones voluntarias y temporales para que una parte aún por determinar de sus viviendas pasasen a disposición del Estado a cambio de algún tipo de compensación que todavía está estudiándose.
Con este plan conjunto, el ministerio pretende atajar en el corto plazo la falta de oferta de alquiler asequible en el país y, además, agrandar el parque público de vivienda con vistas al largo plazo. España cuenta con uno de los parques de vivienda pública más exiguos de Europa, con apenas el 2,5% del total de la oferta nacional. Regiones como Países Bajos alcanzan el 30%, mientras que Austria y Dinamarca superan el 25% y 20%, respectivamente. Algo por debajo, pero muy lejos de España, están Suecia, Reino Unido y Francia, con más del 15%.
Ábalos defiende los incentivos
Según ha incidido Ábalos, existe un “impulso decidido” a construir un parque público de vivienda para estimular la oferta, al tiempo que ha destacado los trabajos para la elaboración de una ley por el derecho a la vivienda para "frenar las subidas abusivas en el alquiler, atender la situación de los más vulnerables y mejorar la colaboración entre las distintas administraciones".
En esta línea, Ábalos ha defendido la propuesta fiscal del Ministerio para poner coto a las tensiones de precios existentes en el mercado inmobiliario que se concentran en determinadas poblaciones. Por este plan, los propietarios podrían disfrutar de una bonificación general del 50% en el IRPF de los rendimientos del alquiler, ampliable hasta un máximo del 90% en función de diferentes supuestos, como rebajar un 10% los precios en una zona tensionada para disfrutar de la deducción máxima o alquilar a menores de 35 años para acogerse a una exención del 60%.
El ministro ha defendido también la necesidad de mejorar el marco fiscal y de establecer la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en la movilización de vivienda, con la definición de vivienda vacía en la regulación del recargo existente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
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