Canarias

Sindicatos y empresarios, a años luz ante la aplicación de la semana laboral de cuatro días

Los representantes de los trabajadores y las patronales del archipiélago muestran lo lejanas que están sus posturas ante la propuesta piloto en la que trabaja el Ministerio de Industria

Terraza en Las Palmas de Gran Canaria
Terraza en Las Palmas de Gran Canaria

La semana laboral de cuatro días podría empezar a dejar de ser un deseo tradicionalmente defendido por los sindicatos para convertirse en realidad. Al menos, en forma de proyecto piloto para ver cuál sería su posible impacto.

En Canarias, sindicatos y empresarios muestran lo lejanas que están sus posturas al respecto, a años luz unas de otras. Más País plantea reducir a 32 las horas de trabajo a la semana. A través de ella, se destinaría una partida de 50 millones de euros a modo de complemento de reducción de jornada dirigidos a compensar el aumento de los costes salariales de los empleadores. Según las estimaciones, se podrían beneficiar entre 3.000 y 6.000 trabajadores, y las empresas que quieran optar a implantarlo deberán presentarse a un concurso de concurrencia competitiva.

Los sindicatos se muestran a favor. Desde Comisiones Obreras, su secretaria de Acción Sindical en el archipiélago es Esther Martín: “Mejorará la satisfacción y la salud de la persona trabajadora, que aumentará su rendimiento y productividad, y por tanto, los beneficios empresariales”, señala. Recuerda que países como Francia tienen la jornada laboral de 35 horas desde el año 2000, o Suiza o Alemania, con 37, “y son de los países más productivos de la UE”. Apunta también al “importante” ahorro energético que se produciría, al reducir el número de desplazamientos de los empleados.

Martín señala que, específicamente en el sector turístico, con un peso directo en el PIB del 35%, la implantación de la reducción de la jornada laboral en las islas “sería muy válida”. Explica que “cuando alguien está trabajando 12 o 14 horas es imposible que mantenga la productividad todo ese tiempo”. La representante sindical remarca la “oportunidad” que supone la crisis que por la pandemia, a pesar de haber provocado la caída de inscripciones de empresas canarias en la Seguridad Social en 3.842 entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2020 (cuando el total de registradas se situó en 58.105). “Los fondos europeos del Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia —dotados con una partida global de 140.000 millones—, nos permitirán diversificarnos, además de ir hacia una economía verde y azul, y a la vez, incrementar la productividad mediante la reducción de la jornada laboral”, afirma.

Desde UGT, su responsable de Política Social y Empleo, José Ángel Ramírez, detalla, en línea parecida, los beneficios que la medida aportaría. “En los países en los que se ha instaurado se ha demostrado que funciona. Es una mejora en ambos sentidos, no solo para el trabajador, que puede tener más tiempo para conciliar vida personal, familiar y laboral, sino también para las empresas, que aumentarán la productividad. Y porque puede ser un buen acicate para la generación de empleo”. En cuanto a su aplicación al archipiélago, no detecta dificultades especiales frente al resto del territorio nacional. En lo que sí pone especial énfasis Ramírez es en el hecho de que, con su implantación, no se reduzca la remuneración del trabajador, “lo que sería, no una disminución de jornada sino un reparto de empleo. Ahí lo que se está haciendo es que el coste de la generación de empleo la asuma el trabajador, y no puede ser así; debe ir a cuenta de resultados de las empresas”.

Los empresarios, en contra

Los empresarios, en cambio, muestran su rechazo a la medida, incluso al momento elegido para plantearla. “No se dan las circunstancias para bajar la productividad de las empresas, con un nivel salarial del mismo tenor y con menos horas de producción. En un momento en el que la situación no es boyante para el mundo empresarial, no creemos que ni siquiera se deba empezar a debatir este tema”, manifiesta el secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso.

Para el responsable de CEOE-Tenerife, la productividad viene determinada por la conjunción de capacidad de producción y las horas de trabajo, “que han de ser efectivas y de un rendimiento claro”, a lo que hay que añadir “una buena dosis de competitividad”. Como resultado de ello, expresa su preocupación “porque esas iniciativas, que pretenden reducir la jornada en un 20%, nos pueden poner a la cola de cualquier posibilidad de competir; nos dejarían fuera del mercado”.

El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, ahonda en el rechazo a la medida. “Si hay reducción de jornada y mantenimiento de salarios, se produciría un incremento de costes brutal y, en consecuencia, más desempleo. Es una cuestión de productividad: hemos de ser más competitivos y eficientes”. Además de recordar la necesidad de que la implantación de una reducción de la jornada debería ser producto del diálogo social, ve “prácticamente imposible”, su aplicación en el archipiélago: “¿Los hoteles mandarán a casa a los turistas los viernes? Ahora estamos en otras guerras como para reducir horas e incrementar costes empresariales. Eso es echar más gasolina a la hoguera”.

¿Cómo afectará al empleo?

Impacto sobre el empleo. La secretaria de Acción Sindical de CCOO especifica el positivo impacto que la implantación de la jornada laboral tendría sobre el empleo en las islas, con 280.000 desempleados contabilizados en enero de este año acuerdo con las cifras del INE. “La medida rebajaría el paro estructural instalado en nuestras islas, que tiene causas económicas no solo por la pandemia, sino que viene arrastrando de siempre, y que se agrava con la digitalización y automatización”, indica.

Tamaño de las empresas. Entre las dificultades que los sindicatos encuentran a la aplicación de la reducción de la jornada laboral en las islas se encuentra el tamaño de las empresas. De las 152.756 contabilizadas a cierre de 2020, 125.000 no contaban con asalariados o solo tenían entre uno y dos.

Combate. Para combatir las dificultades que para ellas podría suponer su puesta en marcha, detallan que sería necesario impulsar las políticas activas de empleo y destinar más recursos públicos para ellas.

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