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A fondo
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

¿Y de Europa quién se ocupa?

España debe posicionarse en tres áreas: la gestión de la deuda de los estados, la renovación de las reglas de ayudas de Estado y la I+D+i comunitaria

España se juega su futuro, junto con el resto de los miembros de la Unión Europea, en el acierto que tengan las decisiones que ya se han tomado y sobre todo en las que se van a tomar en Bruselas y en sus órganos respectivos, Parlamento, Comisión y Consejo, en los próximos meses.

Lo acontecido desde el verano del 2020, momento en el que los estados miembros acordaron sentenciar la iniciativa de progreso, liderada por el Parlamento, que supuso avanzar decisivamente en una mayor integración europea, ha supuesto un verdadero giro de timón en el futuro del mundo avanzado: la decisión de Europa por continuar jugando un papel protagonista en el futuro de las naciones desarrolladas. Fruto de esas decisiones estivales, hoy existe el programa Next Generation EU y un Presupuesto plurianual con cifras nunca vistas con anterioridad. Y consecuencia de ello y de una buena actuación de los líderes de la Europa del sur en su diseño, una distribución de los 770.000 millones de euros que nos permite mirar el futuro con esperanza.

España va a recibir en siete años, del 2021 al 2027, más fondos (144.000 millones) provenientes de Europa que desde que nos incorporamos al mercado común. Y eso nos enfrenta a unas serias responsabilidades frente a nuestros socios y sobre todo ante la ciudadanía, protagonista indiscutible de este próximo periodo de rediseño de país.

¿Cuáles son los principales ejes que van a marcar las actuaciones europeas en estos años? ¿Quiénes son los decisores principales de las reglas que van a condicionar las actuaciones de los Estados en esos períodos? ¿Cómo estamos preparados nosotros para participar activamente en esos debates y tratar de conformar decisiones que contemplen nuestras especificidades como país a medio camino en el desarrollo? Todas estas preguntas deberían estar en el centro de los debates de las fuerzas políticas y, en consecuencia, del Parlamento español, donde se tendrían que tomar las decisiones claves para nuestro futuro.

Para concentrar un debate con múltiples frentes y pensando en los marcos que afectan al tejido empresarial y a las decisiones sobre políticas industriales, nos atrevemos a identificar tres de los ejes más importantes que abarcarán decisiones muy relevantes para nuestro país: el marco sobre la gestión de la deuda contraída por los países miembros, la renovación de las reglas sobre ayudas de Estado y las políticas concretas sobre la I+D+I comunitaria. Sobre ellos habría que posicionarse y bien rápido.

Los países de la Unión tienen contraída una deuda con el Banco Central Europeo (BCE) que supone el 25 % del total emitida. Se ha levantado, en fecha reciente, una propuesta proveniente de un amplio grupo de economistas europeos, entre ellos algunos destacados españoles, que proponen la conversión de esa deuda, que se podría convertir en perpetua sin intereses, con el compromiso por parte de los países de invertir idénticas cantidades en la conversión de sus sociedades en entornos verdes, digitales. La propuesta ya ha tenido el rechazo inicial de destacados portavoces del BCE lo que no es impedimento para que se siga avanzando en el relevante asunto de que hacer con la deuda generada con motivo de la crisis Covid-19. Es fácil de imaginar el impacto positivo que tendrían para la sociedad y sus empresas un impulso de ese tamaño, dedicado a reconvertir nuestros esquemas productivos, de consumo, de vida. Dos intentos en lugar de uno.

En el origen de la pandemia, allá por la pasada primavera, la Comisión aprobó, por la vía de urgencia, un importante paquete de modificaciones que afectaron a las reglas que controlan los índices económicos financieros de los países, así como a las ayudas que se pueden dar desde los gobiernos nacionales a sus agentes. Dichos acuerdos, inicialmente pensados para cubrir el año 2020, se han visto recientemente prolongados hasta diciembre del 2021. En este pasado mes de enero la Comisión ha lanzado una petición de opiniones sobre cómo deberían revisarse las ayudas de estado a la vista de la nueva situación, los fondos NGEU y otros instrumentos que alteran las reglas diseñadas hace ahora más de veinte años. En su concepción inicial, las ayudas de estado estaban pensadas para proteger el mercado interior y en particular para ayudar a los países menos avanzados frente a la potencia de los más desarrollados. Esa línea argumental ha funcionado, con algunos aspectos que se deberían revisar, en cualquier caso, pero lo que no cabe la menor duda es que no están diseñados para una época como la que vamos a vivir con ritmos y reglas nuevas. A todo lo anterior, la existencia de unos entornos donde las tecnologías y los avances científicos han alterado los plazos y los modos de operar hacen que sea urgente que se reescriba, de nuevo, ese marco de relaciones y que se modifiquen, en consecuencia, acuerdos, entre otros el muchas veces referido como reglamento de exención por categorías.

Por último, en el periodo 2021-2027 las políticas de I+D+I en la UE van a estar regidas por un nuevo Programa Marco –el Horion Europe– que persigue dar el cambio definitivo a la orientación proveniente del pasado que apostaba de forma desequilibrada en perjuicio de la innovación. Propuestas como la consolidación del European Innovation Council, el lanzamiento de las misiones como ejes transformadores de los principales retos de la sociedad y un conjunto importante de novedades conforman un escenario apasionante donde los países deben tomar partido en políticas que respeten las reglas generales, pero las aterricen a las particularidades de cada sociedad.

De estas y otras muchas cosas nos deberíamos estar ocupando en los debates parlamentarios, en los foros de debate de la sociedad civil y, en consecuencia, tratando de posicionar a España en el papel que le corresponde como potencia que somos dentro de la UE. La responsabilidad de todos –los políticos, los medios de comunicación, los líderes empresariales, etc.– ante cómo encarar nuestro futuro en estos asuntos es alta, y rotundamente no hay excusas para su falta de atención. Desgraciadamente, no parece que esto esté pasando y seguro que lo pagaremos caro sino reaccionamos de inmediato.

 Grupo de reflexión de Ametic

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