La contrarreforma laboral del Gobierno persigue evitar nuevas devaluaciones salariales
El Ejecutivo pretende modificar el paquete de medidas aprobado por el PP en 2012 destinado a aumentar la flexibilidad empresarial que permite bajar salarios
La última gran reforma laboral que ha vivido España fue aprobada hoy hace nueve años por un Gobierno del Partido Popular y con la ministra Fátima Báñez al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Báñez, hoy en la patronal CEOE, fue la cara y la voz de esta reforma, de la que nunca se ha arrepentido sino más bien todo lo contrario.
Aún hoy, después de nueve años, se sigue hablando a diario de estos cambios legales, pero también de su derogación, o al menos de las partes más lesivas. Dicha derogación es uno de los mantras del actual Gobierno de coalición, aunque no por parte de todos sus miembros con la misma intensidad. De hecho, es Unidas Podemos la más empeñada en eliminar esta reforma y, dado que la ministra encargada del ramo es Yolanda Díaz, una de las que representa a la formación morada en el Gabinete ministerial, los visos de que salga adelante una derogación total o parcial de esta normativa ganan enteros. Concretamente, la ministra quiere acabar con las partes de la reforma que debilitaron a los sindicatos en la negociación colectiva y ampliaron la potestad empresarial para, entre otras cosas, devaluar los salarios.
Si bien, Díaz, tiene el encargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su convencimiento personal, de atar los cambios en el diálogo social. Y es aquí donde se va a topar con el firme rechazo patronal, que defiende a capa y espada la flexibilidad interna para las empresas, el abaratamiento y facilidad del despido y el mayor poder de decisión patronal frente al sindical que les otorgó esta reforma.
Pero, ¿Cuáles fueron estas medidas? Para intentar entender qué se aprobó en 2012 hay que observar dónde estaba entonces la economía española. En el tercer trimestre de 2007 España logró su nivel máximo de ocupados (20,7 millones) pero a partir de entonces, la crisis financiera mundial de 2008, que en España tuvo su particular versión con el estallido de la burbuja inmobiliaria, hundió la ocupación. Así, entre finales de 2007 y principios de 2012, justo antes de la aprobación de la reforma, la economía española destruyó tres millones de empleos. Por ello, el Gobierno consideró que debía facilitar que las empresas tomaran otras decisiones de ajustes internos que no fueran los despidos y aprobó dos tipos de medidas.
Por un lado impulsó un paquete para aumentar la flexibilidad interna de las empresas en el ajuste de costes, como poder bajar la cuantía salarial (y no solo la estructura) a través de la modificación sustancial de condiciones laborales, recogida en el artículo 41 de Estatuto de los Trabajadores, dando también más poder unilateral al empresario en este punto. También estableció la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial, permitiendo que estos últimos fijaran salarios más bajos que los de su sector. Y finalmente, limitaron a un año, con algunos matices, la denominada ultraactividad de los convenios, que hasta entonces establecía que la vigencia de estos acuerdos era ilimitada hasta que se pactara un nuevo convenio.
Pero junto a este paquete de medidas de flexibilidad, el Gobierno del PP también aprobó un segundo tipo de modificaciones para facilitar el despido. Lo abarató, eliminando la histórica indemnización de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades y generalizó la compensación de 33 días por año trabajado y un máximo de dos anualidades. Permitió despidos objetivos por causas económicas solo con que la empresa previera que iba a ganar menos y eliminó las autorizaciones administrativas en los despidos colectivos y en los ERTE.
Abrir estas dos espitas a la vez (flexibilidad y despido) hizo que no cesara la destrucción de empleo y tras los tres millones de puestos desaparecidos entre 2008 y 2012, aún se sumo casi un millón más tras la reforma. Si bien, aún con esta normativa, la época de bonanza iniciada en 2014 propició la creación de tres millones de empleos más hasta justo antes de la crisis del Covid-19.
Pero no es esta parte del despido la que el Gobierno quiere abordar –salvo quizás la causalidad de los objetivos– sino la de la modificación de las condiciones laborales y, en concreto los ajustes salariales. La mayor facilidad para bajar salarios y el mayor poder empresarial ante los cambios de condiciones laborales tuvo como consecuencia el inicio de una devaluación salarial, ya que las compañías empezaron a realizar los ajustes vía precios en lugar de vía empleos.
Dicha devaluación de los sueldos fue intensa, según ha reconocido el Banco de España, y no solo durante los peores años de la anterior crisis sino en los de salida y creación de empleo. Ahora el Ejecutivo pretende, evitar que España vuelva a salir de la crisis actual con una nueva devaluación y para eso quiere eliminar las medidas que dieron más poder a las empresas en la negociación colectiva.
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