Impacto del Covid-19

Las rentas empresariales caen el triple que las salariales en 2020

Los ERTE ayudan a contener la destrucción de empleo pero no así la producción

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La crisis del Covid-19 se ha demostrado absolutamente atípica tanto en su origen como en su magnitud y consecuencias. Se trata de una pandemia que ha condenado a los países a paralizar su actividad, en mayor o menor medida, con especial incidencia en los servicios, en los que el contacto humano –clave de la propagación, los contagios y muertes que deja el virus– es el motor de la actividad. El desplome económico en todo el planeta ha sido inédito en tiempos de paz.

Sin embargo, la expectativa de que las vacunas le pongan fin en un horizonte a corto plazo ha animado a las principales potencias a aplicar hasta entonces algunas de las lecciones aprendidas de la Gran Recesión iniciada en 2008 impulsando formidables paquetes de estímulos, laxitud en las reglas fiscales y redes de protección social y del empleo. Algunos de estos factores, y el tipo de aplicación que han tenido en España, ayudan a explicar que las rentas empresariales hayan caído el triple que las salariales.

Así lo refleja el avance de los datos de contabilidad nacional de cierre de 2020 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el pasado viernes, cuando apuntó que el producto interior bruto (PIB) español habría perdido el 11% de su valor en el ejercicio. Pese a semejante debacle en la actividad, la ocupación laboral apenas se habría resentido un 3%, pese a que tradicionalmente la tendencia habría sido la de arrojar una destrucción similar o incluso superior.

Como consecuencia, tal y como recoge el INE, el daño es sustancialmente superior sobre la actividad que sobre los salarios. Así, los datos de contabilidad nacional revelan que el excedente de explotación bruto, las rentas empresariales, sufrieron una caída interanual del 12,5% en el cierre del año, mientras que la remuneración de los asalariados solo registró un retroceso del 3,6%.

Esta diferencia ha sido una constante en el año, si bien es cierto que ha pasado de duplicarse en primavera a triplicarse en otoño. Antes de eso, la desconexión fue total durante el primer trimestre del año en el que solo dos semanas del estado de alarma decretado el 14 de marzo bastaron para hacer caer el PIB un 5,2% y las rentas empresariales un 8%, mientras que los salarios aún crecían un 2,1%.

En el segundo trimestre, coincidiendo con el cese de toda actividad no esencial y el Gran Confinamiento, el excedente de explotación pasó a caer un 21,3% mientras que la remuneración salarial cedía un 13,9%. En verano, el primero suavizó su descenso al 8,2% y la segunda, al 4,8%.
La peor parte, sin embargo, ha sido para Hacienda. El descenso de la actividad ha asestado un tremendo varapalo a la recaudación de los impuestos sobre la producción y las importaciones, que comenzaron el ejercicio cediendo un 5,7%, se desplomaron un 48,8% en primavera, un 19,1% en verano y acabaron el año con caídas del 12,7%.

El efecto de los ERTE

Semejante fenómeno tiene mucho que ver con el uso de los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) como red de seguridad laboral. Según la encuesta de población activa (EPA) publicada el pasado jueves por el INE, España perdió en el año 622.600 ocupados, conservando 19,34 millones, mientras que la tasa de paro aumentó en 528.000 personas, hasta el 16,13%.

El INE estima, sin embargo, que la caída interanual del 6,3% de las horas trabajadas equivale a la pérdida de 1,009 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Un umbral que no se ha llegado a alcanzar gracias a que los ERTE, que durante lo más crudo del Gran Confinamiento llegaron a sostener 3,5 millones de puestos de trabajo en España, y aún protegían a más de 750.000 trabajadores a cierre del año. Así, mientras miles de negocios se veían obligados a bajar sus persianas, estos trabajadores han seguido percibiendo rentas en forma de prestaciones, motivo por el cual las rentas salariales no se han visto tan castigadas como la actividad.

De momento, el modelo de los ERTE ligados al Covid-19 ha sido prorrogado hasta el 31 de mayo. Está por ver si autoridades y agentes sociales consideran necesario seguir extendiendo esta red de protección más allá o cuántos de los afectados terminan perdiendo su puesto de trabajo con el tiempo (no pueden ser despedidos durante los seis primeros meses tras el ERTE). Hasta entonces, el sistema ha servido para preservar empleos y rentas pese al desplome de la actividad que ha causado la pandemia.

Otra cosa es la elevada factura de gasto público que esta red de protección al empleo supondrá para las arcas del Estado. De momento, los cálculos realizados por el ministerio de Seguridad Social, que incluyen, las prestaciones a empleados, las exenciones de cotizaciones empresariales y las ayudas similares a autónomos habrían costado del orden de 30.000 millones de euros.

Por sectores

  • Actividad y empleo. La crisis del Covid ha tenido un impacto dispar por sectores que retratan bien los datos de contabilidad nacional publicados por el INE. El cuarto trimestre de 2020 cierra con caídas del 18,2% en la construcción; el 9,8% en los servicios (entre el -31,5% de las actividades artísticas y recreativas, el -20,4% de comercio, transporte y hostelería y el avance del 5,4% en actividades financieras); y el 4,3% en la industria. A su vez, hay avances del 8,7% en agricultura, ganadería y pesca. Medido por horas trabajadas, el impacto es del -1,8% en el sector primario; el 7,7% en la industria; el 5,3% en la construcción y el 6,5% en los servicios.
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