El Consejo de Economistas estima que la armonización fiscal no influirá apenas en la competitividad regional

Los impuestos cedidos aportan pocos ingresos a las autonomías

Foment del Treball va a recurrir Patrimonio ante el Constitucional

El presidente del Consejo de Economistas, Valentin Pich.
El presidente del Consejo de Economistas, Valentin Pich.

La armonización fiscal entre comunidades autónomas “no cambiará significativamente la competitividad entre ellas”, afirmó ayer José Carlos Sánchez de la Vega, director técnico del Informe de la Competitividad Regional en España 2020, editado y presentado por el Consejo General de Economistas (CGE). El motivo, según Sánchez de la Vega, es que los tributos cedidos (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y AJD) “son figuras tributarias que, en su conjunto, no son el grueso de los ingresos autonómicos”.

Por su parte, el presidente del CGE, Valentín Pich, declaró que “lo que no parece razonable es que los partidos políticos no pongan sobre la mesa cuál es el sistema de financiación autonómica que quieren. Mientras no lo definan, lo demás es fuego de artificio”.

La reforma de este sistema, que se remonta a 2009, es una intención que el Gobierno ha anunciado en varias ocasiones y que quiere acometer a partir del próximo febrero. Si bien ya se barajaba la imposición de unos tipos mínimos, e incluso también máximos, para los tributos cedidos, ha sido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quien ha puesto como condición la armonización fiscal para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Para ello se creará una comisión bilateral y un grupo de trabajo específico que tratará sobre el Impuesto de Patrimonio.

Los tributos cedidos se rigen por una norma básica estatal pero las autonomías tienen competencia para fijar los tipos. Así, la Comunidad de Madrid adoptó hace años una bonificación del 100% de la cuota en Patrimonio y del 99% en Sucesiones para las herencias que recaigan en el cónyuge o parientes directos del causante. ERC considera que estos tipos son “dumping fiscal” mientras que el Gobierno madrileño ya ha manifestado que acudirá a los tribunales para defender su autonomía.

Valentín Pich aseguró también que el Impuesto sobre el Patrimonio es “una rara avis en el mundo”. No obstante, el presidente del CGE cree que con el sistema de financiación actual algunas autonomías “como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia o Baleares, que depende tanto de la situación económica, salen perjudicadas” y se requiere “cierto consenso” para la reforma.

Además, Pich añadió que “lo que necesitamos son impuestos medioambientales que sean muy eficientes y que tengan peso para guiar comportamientos”. Las comunidades autónomas son competentes para fijar impuestos verdes pero, en la actualidad, pero apenas aportan el 0,2% de la recaudación autonómica.

La patronal catalana

En relación con este tema, el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, anunció ayer que esta organización va a recurrir el Impuesto sobre el Patrimonio ante el Tribunal Constitucional, por ser un “impuesto confiscatorio” contrario al artículo 31.1 de la Constitución. El recurso se hará efectivo en cuanto entren en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que lo recuperan como gravamen estructural (pues fue abolido en 2008, recuperado temporalmente en 2013 y prorrogado anualmente desde entonces). Sánchez Llibre, que ayer participó en un acto de Nueva Economía Fórum, explicó que España es el único país de la OCDE en el que existe este impuesto.

El presidente de Foment no quiso entrar a valorar la armonización fiscal propuesta por ERC, ya que “se trata de una cuestión lanzada a destiempo en vigilias de una campaña electoral”. Sin embargo, señaló que es precisamente Patrimonio el impuesto donde se pueden producir agravios comparativos y que por eso debe eliminarse.

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