Hacia una regla fiscal más sencilla para Europa

El esquema comunitario, en su diseño actual, resulta demasiado complejo y precisa de mayor transparencia

Las reglas fiscales se han convertido en un elemento esencial de la gobernanza económica de los países. El objetivo de estas reglas es doble. Por un lado, contribuir a una política presupuestaria disciplinada, que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Por otro lado, ser lo suficientemente flexibles como para permitir un papel contracíclico de la política presupuestaria.

Al mismo tiempo, y como es imposible diseñar una regla que contemple ex ante cualquier posible escenario futuro, también resulta adecuado que, en situaciones suficientemente excepcionales, la propia regla contemple una suspensión temporal de su aplicación, para generar margen de actuación adicional en contextos particularmente complicados.

Precisamente, la pandemia ha supuesto un shock tan grave y excepcional que las autoridades comunitarias se han visto obligadas a suspender de forma temporal la aplicación del entramado europeo de reglas fiscales.

La intención de este artículo no es juzgar si esa suspensión ha sido adecuada o no (a nosotros nos parece que sí lo ha sido), sino aprovechar el actual impasse para reflexionar sobre cómo debería ser el futuro de las reglas fiscales en Europa. ¿Por qué? Porque el esquema comunitario de reglas fiscales, en su diseño actual, resulta demasiado complejo y, además, no siempre ha sido capaz de ajustar correctamente la actuación de la política fiscal al estado de la economía, permitiendo episodios de política fiscal procíclica. Por si esto fuera poco, los fuertes incrementos del déficit y la deuda pública que se están acumulando realzan la necesidad de esta reforma, de forma que se facilite un retorno ordenado a la estabilidad presupuestaria que no ponga en peligro la recuperación económica.

Vistos estos problemas, ¿cuáles serían los objetivos concretos a conseguir con la reforma? Básicamente, de lo que se trataría sería de caminar hacia una regla que resulte más sencilla y transparente; más centrada en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas (y no tanto en el nivel de déficit de un año concreto); más respetuosa con el tipo de sector público que cada país quiera tener (más democrática, por tanto); menos proclive a la arbitrariedad por parte de quienes deben aplicarla y supervisarla; más incentivadora de reformas estructurales y proyectos de inversión que favorezcan el crecimiento potencial, y, también, más eficiente a la hora de promover una contribución activa de la política presupuestaria a la suavización del ciclo económico.

El elemento básico de la nueva regla fiscal consistiría en poner un límite al incremento del gasto público, construyendo el techo en base a una medida sencilla del crecimiento potencial de cada país, a lo que se añadiría el objetivo de inflación del BCE (2% en la actualidad).

Ese techo, a su vez, podría ser más laxo o más estricto en función de una serie de circunstancias. Se podría gastar más (menos) cuando se aprueben medidas estructurales que reduzcan (aumenten) el gasto público futuro o aumenten (reduzcan) los ingresos. También se relajaría (endurecería) la regla cuando la situación de partida fuera de deuda pública reducida (elevada). Adicionalmente, el cálculo del techo de gasto dejaría fuera su componente más cíclico, el desempleo, y podría incluir una estimación suavizada de algunos gastos, como los de inversión.

Para reforzar el papel de la regla a la hora de estimular la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, la medición de la deuda debería incluir una estimación del valor presente de los pasivos contingentes. Al mismo tiempo, y para dotarla de flexibilidad suficiente, la regla podría relajarse en presencia de deterioros significativos en la posición cíclica de un país e incluso suspenderse en circunstancias extremas, tal como ocurre en la actualidad.

Otro asunto importante de cara a aplicar cualquier regla fiscal al mundo real es la supervisión. Nuestra propuesta sería trasladar los aspectos técnicos de evaluación de la regla a los consejos fiscales nacionales (Airef en el caso español), creando un Consejo Fiscal Europeo que coordine y supervise la labor de los nacionales a estos efectos, y que debería rendir cuentas ante el Parlamento Europeo.

Como elemento adicional de gobernanza, entendemos que la regla planteada debería aplicarse de manera uniforme en toda la UE, sin cláusulas especiales más duras para países de la zona euro. No tiene sentido limitar el margen fiscal aún más a los países que comparten moneda y que por tanto ya han perdido autonomía en el uso de la política monetaria como instrumento de estabilización macroeconómica.

¿Cómo contribuye la regla propuesta a los objetivos que nos marcábamos al principio? Sin ánimo de ser exhaustivos, supondría simplificar en gran medida el diseño, reduciendo la utilización de variables cuyo cálculo genera muchas controversias (como los llamados saldos estructurales) y limitando la maraña de excepciones hoy existentes. El papel del Consejo Fiscal Europeo también serviría para reducir lo que mucha gente percibe como una excesiva discrecionalidad por parte de la Comisión Europea a la hora de aplicar las reglas fiscales actuales.

Por lo demás, pivotar la regla en base al PIB potencial y al objetivo de inflación favorece el diseño de una política fiscal contracíclica e incentiva la adopción de medidas de reforma que, con perspectiva de largo plazo, favorezcan el crecimiento. Además, dar más peso a la deuda pública (incluyendo pasivos contingentes como los derivados del sistema de pensiones) supone poner el énfasis en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en lugar de en la cifra de déficit público de un año concreto.

Concluimos ya. Creemos que una regla fiscal como la planteada, que podría ser implantada de forma rápida por no requerir modificación de los tratados, ayudaría a que las políticas fiscales de los Estados miembros fueran más eficientes y supondría también un primer paso importante en un camino que debería culminar con la creación de un verdadero brazo fiscal para la eurozona, más fuerte y más capaz de contribuir, junto con la política monetaria, a los objetivos de estabilidad macroeconómica (y social) en el conjunto del área.

Álvaro Sanmartín Antelo / Luis González-Calbet son Economista jefe en MCH Investment Strategies / Economista y estadístico