La tramitación del Presupuesto resta 3.000 millones a la recaudación inicialmente prevista por Hacienda

Entre el proyecto presupuestario remitido a Bruselas y el texto aprobado por el Congreso han mediado modifiaciones que anulan el alza fiscal al diésel o incrementos de IVA

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España se prepara para estrenar nuevos Presupuestos Generales del Estado por primera vez desde 2018. El Congreso de los Diputados dio ayer un amplio apoyo mayoritario al proyecto del Gobierno, que será remitido ahora al Senado para su aprobación definitiva en el plazo de un mes permitiendo que las cuentas públicas entren en vigor en los primeros días de 2021 y facilitando al Ejecutivo de coalición agotar la legislatura pese a su minoría parlamentaria. Por el camino, en todo caso, la tramitación de las cuentas ha llevado a Hacienda a reducir en unos 3.000 millones de euros sus previsiones de recaudación.

Así, el plan presupuestario remitido por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre, planteaba una reforma tributaria que elevaría los ingresos públicos en 9.170 millones, a ingresar entre 2021 y 2022. El plan incluía un alza de la imposición indirecta de 1.724 millones que Hacienda rebajó a 757 millones en la negociación con los grupos antes de presentarlo al Congreso. Fuentes oficiales revelan que se debió a la renuncia a subir el IVA de la educación y la sanidad privadas pactada con el PNV.

A partir de ahí, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incentivó el apoyo a las cuentas anunciando en el Parlamento la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas del 21% al 4%, medida que días antes se había tasado en una pérdida de recaudación anual de 1.568 millones ante una solicitud de Cs en este sentido. Aunque Montero estimó luego que la medida solo costaría entre 350 y 850 millones, teniendo en cuenta que las vacunas reducirían el uso de mascarillas en 2021, está por ver para cuándo dejan de ser un bien de uso obligatorio en espacios públicos.

Durante la negociación, Hacienda se avino también a retirar la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, que hubiera elevado los ingresos públicos en 500 millones, para atar el apoyo del PNV.

Estas concesiones restan 2.968 millones a la recaudación inicialmente estimada. A esa cifra habría que añadirle el efecto de eximir a los productos lácteos, como batidos, del alza del IVA, del 10% al 21%, a las bebidas azucaradas que JxCAT y ERC lograron imponer, contra el criterio del Gobierno y gracias al inusitado apoyo conjunto de PP, Vox, Cs y EH Bildu, entre las últimas enmiendas. Hacienda asevera que aún no ha cuantificado su impacto en recaudación pero dado que la medida integral preveía aportar 400 millones al fisco, es de esperar que con el cambio la rebaja total de ingresos frente al plan inicial supere los 3.000 millones.

Como resultado, la reforma fiscal reduce los ingresos presupuestados a 7.770 millones lo que, unido a la pérdida del IVA de las mascarillas, deja el impacto tributario de las cuentas en un alza de 6.202 millones.

Apoyo de 11 grupos

Estas concesiones, así como estimables compromisos de incremento de la inversión en determinados territorios, son los que cimentaron la victoria lograda ayer por el Gobierno. Su proyecto contó con el voto favorable de 188 diputados de 11 grupos diferentes (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu; Compromís, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro, que suman 189 representantes). Las modificaciones aprobadas obligan a Hacienda a rehacer parcialmente el plan de gastos e ingresos.

A su vez, votaron en contra 154 diputados de los 161 del bloque que no apoya el Presupuesto, compuesto por PP, Vox, UPN, Foro, Cs Junts per Catalunya, la CUP, Coalición Canaria y BNG. Algunos lo hicieron por oposición frontal a los planteamientos del Gobierno, como los populares o Vox, otros, por no lograr las concesiones exigidas, como BNG, y otros por los acuerdos alcanzados con EH Bildu y ERC, como Cs.

El proyecto pasa ahora a manos del Senado que tiene un mes para ratificarlo en los mismos términos o para devolverlo al Congreso de los Diputados con las modificaciones que se consideren oportunas, a fin de que la Cámara Baja los ratifique, aceptando o no los cambios, por mayoría simple. Es de prever, por tanto, que las cuentas tengan el visto bueno definitivo a finales de este ejercicio, lo que permitiría tenerlas vigentes el 1 de enero, o en los primeros días del nuevo año, lo que obligaría a prorrogar momentáneamente las cuentas vigentes hasta que los Presupuestos de 2021 figuren en el BOE.

En cualquiera de los casos, serán las primeras cuentas en sustituir a las diseñadas por el exministro del PP Cristóbal Montoro para 2018, que han ido siendo prorrogadas ante la falta de acuerdo político para aprobar otras.

Se trata de las cuentas más expansivas de la historia, al incorporar los fondos europeos, y serán el marco bajo el que España tratará de afrontar la recuperación de las crisis del Covid-19 en 2021 y en los años siguientes si el Ejecutivo pierde apoyos y opta por prorrogarlas.

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