Una gestión transparente y eficaz de los fondos europeos
La tarea debería asignarse a un organismo asesorado por expertos independientes, con representación del sector empresarial y un exigente mecanismo de rendición de cuentas
La gestión y reparto de fondos y ayudas públicas constituye una tarea compleja y sometida a numerosos factores de riesgo, desde ineficiencias y arbitrariedades hasta infrautilización de los recursos, mal uso de ellos o asignaciones vinculadas a intereses políticos o personales, circunstancias todas ellas de las que en España lamentablemente existen precedentes. En el caso de los fondos para la recuperación de la crisis del Covid-19 que el Gobierno ha solicitado a la UE –más de 70.000 millones de euros no reembolsables de un total de 140.000– hay que sumar además la presión de un calendario exigente, por no decir precipitado. El Gobierno prevé anticipar vía deuda ya desde el próximo enero el montante de fondos correspondiente a 2021, un total de 34.600 millones, de los cuales un 54% corresponde gestionar a las comunidades autónomas. A día de hoy, tanto el tejido empresarial como los gobiernos regionales temen no llegar a tiempo para presentar los proyectos que aspiran a las ayudas comunitarias en Bruselas y se quejan de que el Gobierno no ha les comunicado todavía ni los detalles ni los plazos y criterios necesarios para hacerlo.
Además del apresuramiento y desorganización que este malestar revela, el Ejecutivo ha renunciado finalmente a crear un organismo encargado específicamente de monitorizar la gestión de los fondos y ha optado por asignar esa función a la Dirección General de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, antigua Oficina Económica de Moncloa. En contraste con el caso de Italia, por ejemplo, que ha establecido un grupo de expertos para asesorar en la reconstrucción liderado por el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, el Gobierno español ha confiado a un ente dependiente de la Presidencia una tarea que técnicamente excede las competencias habituales de este organismo y que debería llevarse a cabo con una mayor independencia y transparencia.
España se juega mucho en el aprovechamiento de unos fondos históricos en su magnitud y condiciones. Aprovechar esa oportunidad implica llevar a cabo una selección eficaz de los proyectos beneficiarios de las ayudas, primando aquellos con mayor potencial para la recuperación y transformación de la economía y aprovechando, en caso de que sea necesario cofinanciarlos, la liquidez que existe en este momento en el sector privado. Esa tarea debería asignarse a un organismo integrado por expertos independientes de alta cualificación y amplia experiencia, con representación del sector empresarial y un mecanismo de supervisión y rendición de cuentas capaz de garantizar que no se malgastará ni se perderá ni un solo euro.