Dilema intergeneracional, economía y Covid-19

Urge un liderazgo sin discursos edulcorados para responsabilizar a los jóvenes y también un plan económico que los tenga en cuenta

Cuando una sociedad se enfrenta a un reto o una amenaza a la que debe hacer frente, tan importante es contar con un liderazgo que sea capaz de implementar una estrategia exitosa como que la sociedad sea capaz de caminar unida en el desarrollo de la misma. Esto último dependerá, en gran medida, de que haya una distribución más o menos uniforme entre la población de las probables pérdidas, económicas o humanas, asociadas al evento al que la sociedad se enfrenta. Ya que, si las pérdidas esperadas difieren significativamente entre los ciudadanos, por ejemplo, dependiendo de sus características sociodemográficas, mayor probabilidad de que surjan grupos que aboguen por soluciones que se podrían definir como de primera clase del Titanic, desentendiéndose del resto, o, incluso, quintacolumnistas que directamente saboteen el esfuerzo común para obtener alguna gratificación personal a corto plazo.

De una visión superficial de los efectos de la pandemia, se podría concluir que esta podría ser nuestra situación actual. La alta asimetría en la tasa de mortalidad del virus en función de la edad, desde un 0,2% para los menores de 30 años, hasta poder superar el 10% entre los mayores de 70 años, podría llevar a tentaciones entre algunos jóvenes a desentenderse de los estrictos protocolos de distanciamiento social a los que estamos sometidos. Más aún si tenemos en cuenta que son ellos los que más sacrifican con los mismos, ya que, es de esperar que, de media, la vida social sea más rica y diversa en nuestra juventud, y, como cantaba Sabina, nadie desea que le roben su mes de abril.

Esto nos llevaría a lo que los economistas conocemos como un problema de riesgo moral. Esos jóvenes no estarían internalizando en su toma de decisiones, al decidir saltarse los protocolos, los altos costes que sobre la sociedad generan con las mismas, al favorecer la propagación del virus.

En los últimos días, noticias e imágenes que nos llegan de determinados campus universitarios, con contagios masivos en residencias estudiantiles o celebraciones descontroladas, nos han alarmado. Pero lo cierto es que, incluso desde una óptica individual, estas personas estarían actuando de forma miope, con información imperfecta, subestimando los costes personales reales de su decisión. Ya que, de nuestra experiencia reciente, sabemos que el coste personal de una crisis económica en nuestro país es inversamente proporcional a la edad del ciudadano. Mientras los mayores estuvieron afortunadamente protegidos, tras el escudo que les brindó el sistema público de pensiones, los más jóvenes, concretamente los hogares con un cabeza de familia inferior a 35 años, sufrieron precariedad, emigración y una pérdida de más del 20% de sus rentas en el periodo 2011-2014, según la Encuesta Financiera de las Familias. Esta bochornosa asimetría es probable que se repita de cara a la nueva recesión provocada por el Covid-19, como este verano nos recordó el Banco de España.

Dado que existe una clara correlación negativa entre una mayor propagación y mortalidad del virus y la evolución negativa estimada del PIB para 2020, cualquier actividad imprudente de un ciudadano que favorezca la propagación del virus, aumentará su propia probabilidad de estar desempleado, de precarización laboral o incluso de emigración, especialmente si es joven, obligándose a posponer muchos de sus proyectos personales.

En resumen, si consideramos conjuntamente los costes sanitarios y económicos de este virus, lamentablemente, sí hay espacio para construir un discurso inclusivo que permita la unidad de acción de toda la sociedad, lo que aumentará nuestras cada vez más escasas probabilidades de éxito. Aunque para ello volvemos al otro elemento del binomio con el que empezamos este artículo, la necesidad de un buen liderazgo que salga de la zona de confort del discurso edulcorado. O, dicho de otro modo, no fueron los animados anuncios protagonizados por Steve Wonder, cantando en un descapotable “si bebes no conduzcas”, los que contribuyeron al significativo éxito, admirado internacionalmente, de la sociedad española en su lucha contra la siniestralidad en las carreteras. Sino aquellos que vinieron después, y nos informaron e impactaron, de forma cruda y directa sobre los efectos de los accidentes.

Hoy sabemos, gracias a evaluaciones externas como las que de forma reiterada demandan nuestros científicos en The Lancet, que estos anuncios descarnados tienen efectos positivos corto a plazo, es decir, el plazo óptimo para contener el Covid-19. Sobre todo, si el mensaje se centra en el coste personal real, no sobre terceros, más o menos alejados, que los comportamientos imprudentes tienen.

A los jóvenes hay que exigirles responsabilidad, pero el resto de la sociedad, y sus representantes, debemos comprometernos a garantizarles un reparto más equitativo de los costes económicos que no nos queda más remedio que asumir. Para ello, se deben empezar a desarrollar planes económicos específicos, con acciones concretas, que amortigüen el previsible mayor impacto que sobre los mismos tendrá la crisis actual. De la misma forma que se han desarrollado planes sanitarios para las personas mayores, especialmente las que viven en residencias, los jóvenes necesitan políticas activas que mejoren su formación, en la que las plataformas digitales, con contenidos alimentados por los mejores docentes e investigadores, deben jugar un papel relevante, dentro de un proceso de mayor digitalización socioeconómica; una superior dotación de infraestructuras que favorezcan una movilidad sostenible; políticas que faciliten su acceso a la vivienda e instrumentos más ambiciosos que favorezcan una verdadera conciliación familiar, con las que ayudar a revertir nuestra paupérrima tasa de fecundidad. Este tipo de políticas deben priorizarse dentro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que pretende implementar nuestro país.

En resumen, ahora se hace aún más necesario convertir a España en un país también para jóvenes.

José Ignacio Castillo Manzano es Secretario General de Economía de la Junta de Andalucía y catedrático de Economia de la Universidad de Sevilla