Estados Unidos interpone una demanda histórica contra Google por abuso de mercado

Acusa a la compañía de prácticas anticompetitivas en el negocio de las búsquedas y la publicidad en buscadores a través de contratos comerciales exclusivos y acuerdos que bloquean a la competencia

El  Departamento de Justicia de Estados Unidos y 11 estados presentaron hoy martes una demanda antimonopolio contra la matriz de Google, Alphabet, por supuestamente violar la ley al usar su poder de mercado para defenderse de los rivales en los mercados de anuncios y búsqueda en internet. La demanda marca el caso antimonopolio más grande en al menos dos décadas, comparable a la demanda contra Microsoft presentada en 1998 y el caso de 1974 contra AT&T que llevó a la ruptura del sistema Bell.

La demanda, que marca un hito en la lucha de Washington contra Silicon Valley, afirma que Google actuó ilegalmente para mantener su posición de dominio en la búsqueda y la publicidad en buscadores y añade que “sin una acción judicial, Google continuará ejecutando su estrategia anticompetitiva, paralizando la libre competencia, reduciendo las opciones de los consumidores y sofocando la innovación”.

La demanda destaca igualmente que los consumidores y los anunciantes se ven perjudicados al tener “menos opciones, menos innovación y precios publicitarios menos competitivos”. Y, aunque esta no incluye la petición al tribunal de posibles acciones contra Google, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Jeffrey Rosen, señaló en rueda de prensa telefónica que no se descarta nada, incluyendo la imposición de cambios estructurales del negocio de la multinacional.

Rosen destacó cómo Google, fundada en 1998 por dos estudiantes de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, sustenta hoy el papel de “principal guardián de acceso” a internet a través de “una red ilegal de acuerdos exclusivos que daña a los competidores”. Y dijo que, “por el bien de los consumidores, anunciantes y todas las empresas que ahora dependen de la economía de internet, ha llegado el momento de detener la conducta anticompetitiva de Google y restaurar la competencia”.

En la demanda, presentada en un tribunal federal en Washington DC, se acusa concretamente a la compañía de mantener ilegalmente su monopolio de búsquedas a través de diferentes contratos comerciales exclusivos y acuerdos que bloquean a la competencia. Entre dichos contratos, se incluye el pago de miles de millones de dólares por parte de Google a Apple para colocar el motor de búsqueda de Google como predeterminado en los iPhones.

El Departamento de Justicia de EE UU también argumenta que el gigante tecnológico controla en torno al 90% de las busquedas en EE UU y que ha sellado acuerdos con fabricantes de smartphones que utilizan su sistema operativo Android para "precargar" el motor de búsqueda de Google en sus teléfonos y dificultar el uso de buscadores rivales.

Google ha asegurado a través de Twitter que “la demanda de hoy del Departamento de Justicia es profundamente errónea. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas”.

La acción legal, que puede extenderse durante años, se produce más de un año después de que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio iniciaran investigaciones antimonopolio en cuatro grandes empresas tecnológicas: Amazon, Apple, Facebook y Google. Estas investigaciones obligaron a los CEO de las cuatro compañías a comparecer este verano ante el Congreso de EE UU para defender sus prácticas de negocio.

En dicho acto, Sundar Pichai, CEO de Alphabet, recurrió al argumento de la creciente competencia que sufre su compañía para defender el modo en que operan. El directivo indicó que cada vez más personas recurren a plataformas como Twitter, Alexa de Amazon, Snapchat, WhatsApp o Pinteres para obtener información, y dijo que al buscar productos en internet, “puedes visitar Amazon, eBay, Waltmart o cualquier proveedor de comercio electrónico”.

Pichai añadió igualmente que el panorama competitivo de hoy "no se parece en nada a hace cinco años, y muchos menos a hace 21 cuando Google lanzó su primer producto, Google Search. La gente tiene más formas de buscar información que nunca”, señaló.

La compañía ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad y ha defendido que en publicidad compite con un gran número de empresas como Facebook, Amazon, o incluso Oracle y Verizon.

La Demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de EE UU llega pocas semanas después de que un panel de la Cámara de Representantes de EE UU concluyera que estas empresas "tienen demasiado poder" y propusiera un plan de reformas antimonopolio para controlar y frenar a Amazon, Google, Apple y Facebook. Las recomendaciones planteadas por el subcomité antimonopolio de la Cámara suponían la propuesta más ambiciosa para revisar el derecho de la competencia en décadas en país, y podría llevar a la ruptura de algunas de las empresas tecnológicas más grandes de EE UU en caso de ser aprobado por el Congreso.

El hecho de que esta acción legal contra Google tenga lugar a pocos días de las elecciones presidenciales de EE UU podría interpretarse como un gesto político, ya que cumple una promesa hecha por el presidente Donald Trump a sus partidarios de pedir cuentas a ciertas empresas por presuntamente sofocar las voces conservadoras. La demanda marca, en cualquier caso, un raro momento de acuerdo entre la administración Trump y los demócratas progresistas. La senadora estadounidense Elizabeth Warren tuiteó el 10 de septiembre, usando la etiqueta hash #BreakUpBigTech, que quería una "acción rápida y agresiva".

El senador republicano Josh Hawley, muy crítico con Google, ha acusado a la compañía de mantener su poder a través de "medios ilegales" y ha asegurado que esta demanda "es el caso amtinomopolio más importante en una generación".

Pese a ser una acción histórica, no es la primera vez que Google es acusada de prácticas monopolísticas. La Unión Europea ya sancionó a Google en 2018 con una multa de 4.300 millones de euros por práctivas anticompetitivas. Entonces, se acusó a la compañía de obligar a los fabricantes de teléfonos a preinstalar aplicaciones de Google en dispositivos Android y evitar que utilizaran rivales en el motor de búsqueda y Android. La investigación de Bruselas y su sanción obligó a Google a dar a los usuarios europeos más opciones sobre las herramientas de búsqueda predeterminadas y a dar a los fabricantes de móviles más libertad para usar los sistemas de la competencia. Pese a ello, Android mantiene una cuota superior al 80% en telefonía.

Antes, en junio de 2017, Bruselas había impuesto otra sanción a Google por 2.424 millones de euros al considerar que el sistema de compra online de Alphabet suponía un abuso de posición. Y el pasado año volvió a ponerle otra multa de 1.490 millones de euros por imponer cláusulas restrictivas en contratos con sitios webs de terceros que impedían a sus rivales colocar en ellos sus anuncios relacionados con búsquedas.

No se descarta tampoco que la nueva acción legal contra Google pueda desencadenar otras demandas antimonopolio contra otros de gigantes tecnológicos investigados en EE UU. Y que haya más demandas sobre otros negocios de Google, como el de la publicidad digital. De hecho, se espera que un grupo de fiscales generales liderados por Texas presente una demanda en este sentido en noviembre, mientras que un grupo liderado por Colorado contempla una demanda más amplia contra el gigante de las búsquedas, que tuvo unos ingresos de 162.000 millones de dólares en 2019.

Pese al golpe recibido por la compañía, las acciones de Google, que tiene un valor de mercado superior un billón de dólares, suben casi un 3% a media sesión. Y es que aunque en EE UU crecen los partidarios de aplicar más control sobre las big tech, hay quien cree que es tarde y que las agencias antitrust han fracasado en su labor supervisora.

A la espera de ver cómo concluye la acción anti monopolística, está bien recordar el caso Microsoft. A esta compañía se le acusó de abusar de su posición de dominio al incluir con cada copia de Windows su navegador Internet Explorer para impedir la competencia de otros navegadores. Tras diez años, el caso se cerró con un acuerdo que estableció límites al negocio de la empresa fundada por Bill Gates.