Un Presupuesto plurianual, consensuado y que estimule el crecimiento en España

El Gobierno está obligado a negociar con la oposición unas cuentas públicas para toda la legislatura que integren el maná europeo, reconstruyan la economía y devuelvan el déficit a un rango manejable

El Gobierno está echando semanas en la búsqueda de una entente política que le avales los Presupuestos de 2021 en el Congreso y el Senado, en un itinerario en zigzag que no permite adivinar muy bien qué es lo que quiere de verdad. El mantra de hablar con todo el mundo es de una elegancia irresistible, pero solo para la galería pública, puesto que la fragmentación política no permite apaños de unidad nacional, por campanuda que sea la urgencia de tal cosa, con una economía comatosa y pendiente de un segundo arreón de la peste-19. Al final, el Presupuesto tendrá el perfil que permitan los apoyos parlamentarios, aunque el presidente del Gobierno y su equipo económico tienen unas lógicas preferencias; pero mientras perdure el desconcertarte proceso de seducción nada sabremos de los contenidos económicos de las cuentas más complicadas de los últimos años.

Más lógico que hacer la corte a los diversos grupos políticos, por muy lógica que parezca la búsqueda de los avales parlamentarios, es tener claro cómo tienen que ser las cuentas públicas de 2021, y no estaría demás conocer las líneas de fuerza de las de 2022 y 2023 también. Grupos habrá que respalden las cuentas sean cuales quiera que sean, pero los que son decisivos a la hora de la verdad, o los que tienen capacidad de armar un gran pacto presupuestario nacional (que buena falta hace), tienen que conocer cuáles son las intenciones reales del Gobierno para abrir una exploración de consenso, o descartarla de antemano. Cuánto subirá el gasto; cuanto, los impuestos; cuánto, las pensiones; cuánto, la factura financiera de la deuda; cuanto, la inversión pública; cuanto, los estímulos a la actividad; cuánto... Pues de números nada: ya pondremos los pilares cuando tengamos el tejado.

Tampoco se puede negar que los Presupuestos son una herramienta política de primer orden, y que se hace complicado abstraerlos de la trusca política, aunque en este caso parece que los actores están más interesados que nunca en el cuerpo a cuerpo, con golpes bajos y réditos cortos, que en soluciones sostenidas para una economía cogidita con alfileres. El pacto deseable no se producirá. Gobierno y Partido Popular, única coalición puntual que garantizaría un presupuesto de amplio consenso y respaldo social, y que más que nunca ahora necesita el país, no será posible, porque ni el Gobierno quiere ni el Partido Popular quiere.

El Gobierno no quiere porque su presidente sigue cultivando un intencionado aislamiento del PP como eje de sus políticas, y porque un consenso con la derecha le forzaría a ceder demasiado de sus convicciones, además de hacer saltar por los aires su endeble e inestable respaldo parlamentario. Y el PP no quiere porque ha decidido hacer de la economía el eje de su oposición, amparado en su reconocible currículo como gestor de la economía, y Casado señala abiertamente que ellos son la oposición y que Sánchez tiene otros arreglos a su alcance. Políticos adolescentes. El interés electoral es evidente, pues el tamaño alcanzado por el Estado y la expansión de la clientela de las cuentas públicas hace que haya mucha más gente pendiente de cuánto le da el Presupuesto, que la que teme cuanto le quitan. En números gruesos los impuestos estatales absorben más del 37% de la riqueza generada en cada ejercicio, y distribuyen un porcentaje aún superior, y por eso es la palanca más poderosa en manos de los gobiernos y la utilizan como trampolín partidista muchas veces, con unas luces que no llegan más allá de la esquina de la legislatura. Nueve millones de pensionistas; 3,3 millones de funcionarios; cuatro millones de desempleados estructurales, coyunturales y de fuerza mayor; unos centenares de miles de autónomos en cese de actividad; y un incalculable número de perceptores netos enganchados a los 35.000 millones de beneficios fiscales de clientelismo enquistado, están pendientes de la manguera presupuestaria, puesto que en muchos casos sus fuentes primeras de renta manan del Ministerio de Hacienda.

Y aunque la Administración cuenta con dos ayudas externas inestimables para gestionar las cuentas, el gasto público no es un elástico infinito. Dispone Hacienda de un flujo de recursos de la Unión Europea de nuevo cuño muy importante, aun no cuantificado, pero que cubrirá sobre todo las necesidades de inversión pública; y cuenta con el escudo monetario y fiscal del Banco Central Europeo para financiar las emisiones de deuda y las refinanciaciones a precios de ganga. En todo caso, las autoridades europeas, los hombres de gris del norte primero y los mercados financieros después, exigirán un reequilibrio de las cuentas públicas en el medio plazo que impide la barra libre, pues estamos ya ante una deuda pública del ciento veintitantos por cien del PIB y de una factura que se acercará a los 40.000 millones de euros.

Tales limitaciones son las que exigirán jugar con moderación con los números y permitirán echar los dados una sola vez. El Presupuesto debe ser expansivo y restrictivo a la vez, aunque parezca un contrasentido. Tiene que ser generoso en la inversión para buscar nuevas palancas de crecimiento en la digitalización y la economía verde, en la reconstrucción de un tejido productivo muy dañado por el parón del covid, y en el fortalecimiento de la formación de las nuevas generaciones. Pero tiene que ser cauteloso, cicatero incluso, en el gasto social, el administrativo corriente, el peculio del funcionariado, las pensiones y los subsidios pasivos, una tentación a la que el olfato electoral arrastrará de oficio a los gobernantes.

Como tales cosas no se pueden hacer de golpe, más que nunca ahora se impone el diseño de un plan presupuestario plurianual, que dé visibilidad al desembolso generoso del dinero europeo, permita ir recortando el gasto no productivo sin brusquedad, devolver el déficit a algo gobernable y virar el modelo productivo hacia uno más sostenible que el que tiene España, en el que la producción manufacturera de alto contenido tecnológico y exportable sea el criterio primero. Un presupuesto de legislatura con amplio respaldo político, mejor que uno de un año que logre trampear el ejercicio para prorrogarlo después y estirar el chicle de las mayorías endebles. Pero tal cosa se antoja complicada, como imposible ha sido que un Gobierno que lleva casi treinta meses en el poder haya logrado hacer un solo Presupuesto y viva amarrado al que heredó renegando de Rajoy en 2018 y que ha prorrogado ya dos veces.

La ocasión es pintiparada para la ambición fiscal de unas cuentas plurianuales, porque tratar de que además se reconstruyan en un proyecto en base cero que limpiase todo el óxido enquistado en su farragosa reglamentación, es pedir al olmo peras. De momento, Sánchez ya se ha convencido de que no es el momento de hacer la reforma fiscal que pretendía dar un salto de gigante en la presión fiscal para llevarla a los niveles de la Unión Europea, porque la economía española no está para festivales de subidas de impuestos, sino, si acaso, para lo contrario. Menos impuestos, menos dispendio inane, más ahorro, más inversión y más estímulos a la actividad; ese es el camino.

José Antonio Vega es Director adjunto de Cinco Dias