Cómo mitigar el golpe al turismo: criterios unificados y otra mentalidad

Ceder a las regiones la gestión de la ‘nueva normalidad’ ha impedido aplicar protocolos comunes. Urge que parte de los fondos europeos vayan al sector

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El sector turístico generó un 14,6% del PIB español en 2019. Durante la última década (2009-2019), España consiguió batir cada año su propio récord de llegadas, incrementándose desde los 52,2 millones de 2009 hasta los 83,7 millones de 2019. Logramos colocarnos en el segundo lugar mundial en el ranking por llegadas, superados únicamente por los 89 millones de Francia. En 2019 también nos situamos en el segundo puesto de la clasificación internacional en ingresos por turismo (108.034 millones de dólares), solo por detrás de los 215.000 millones de dólares de EEUU. El año pasado, 2.395.030 afiliados a la Seguridad Social trabajaban en empresas del sector.

España ya no se vuelca en acoger solo al turismo de sol y playa. La sociedad se ha esforzado en las últimas dos décadas en ofrecer un servicio de alta calidad y diversificado –turismo cultural, cumbres y congresos internacionales–. Se han construido redes de infraestructuras de transportes muy avanzadas, como el AVE, nuevas terminales en los aeropuertos y autopistas de calidad. El confinamiento decretado por el Gobierno español entre el 15 de marzo y el 21 de junio fue duro pero eficaz. Se logró contener la pandemia y las defunciones y no se produjo un colapso total del sistema hospitalario.

El levantamiento del estado de alarma otorgó a las comunidades autónomas más poderes para regular las actividades y gestionar los brotes. El restablecimiento de la libertad de movimiento dentro del territorio español y entre los estados de la UE evidentemente tenía que acarrear un ascenso en el número de infectados. Sin embargo, durante las últimas cuatro semanas hemos sufrido las consecuencias de medidas contradictorias y erróneas y una ausencia de planificación y coordinación. Ceder la gestión a las comunidades autónomas ha impedido que se formulen los protocolos y normativas comunes para toda España que sí se desarrollaron para el proceso de desescalada.

Los políticos son administradores que deben anticiparse a acontecimientos, especialmente si son recurrentes o previsibles. El 1 de julio se reemprendió la libertad de movimiento de personas como turistas entre la mayoría de miembros de la UE. Cuatro semanas después, 165 países han establecido prohibiciones, cuarentenas o controles sanitarios a la entrada de españoles o de sus ciudadanos procedentes de nuestro país. En las últimas semanas se han cometido un sinfín de irresponsabilidades. En muchos restaurantes y playas los comensales y bañistas se agolpan sin la necesaria distancia social. Afrucat, la patronal catalana del sector de la fruta, ya advirtió en abril de un colapso si 40.000 trabajadores temporeros no podían desempeñar su tarea. La Generalitat de Cataluña sabía que en Lérida ciudadanos de África y América Latina trabajan cada año en condiciones pésimas.

Permitir la apertura de locales de ocio nocturno y discotecas fue un gran despropósito. Nuestros políticos conocen los hábitos de nuestros jóvenes y debían prever que muchos organizarían fiestas multitudinarias y botellones. Hay que aplicar fuertes multas e incluso penas de cárcel a esos atentados contra la salud pública, de la misma manera que se grava no llevar mascarilla. Pero para poder sancionar dichos comportamientos con fuertes multas necesitamos mayor concreción de figuras incluidas en el Código Penal. Una parte de la clase política española es reticente a castigar actuaciones nocivas por el temor de granjearse la antipatía de votantes que creen que solamente gozan de derechos.

Las comunidades autónomas donde se han producido los peores rebrotes (Aragón y Cataluña) no pueden argumentar que la gestión del Covid-19 es imposible. Se celebraron elecciones en Galicia y el País Vasco sin ningún perjuicio para la salud de sus habitantes. Es cierto que la conducta de muchos turistas extranjeros en España deja mucho que desear. Pero si las autoridades y cuerpos y fuerzas de seguridad estatales, autonómicas y locales son tan reacias a enmendar el comportamiento de los ciudadanos nativos, perdemos autoridad moral ante el incivismo de nuestros visitantes.

El fracaso de la reapertura también es debido a la relajación e incluso dejadez de funciones por parte de muchas autoridades. Entre enero y mayo se desplomaron las llegadas a España en un 64%. Demasiados cargos intermedios y también altos decidieron acometer sus vacaciones en julio, dando un mal ejemplo. A partir de finales de junio, las clases altas, medias e incluso bajas adoptan un estilo de vida semi vacacional con desplazamientos constantes al lugar de veraneo cuando no se trabaja. La excesiva duración de las vacaciones escolares contribuye a dicho fenómeno.

Ahora, Exceltur calcula los ingresos entre marzo y junio en 43.000 millones y advierte que la cuarentena decretada por el Reino Unido, las restricciones de Bélgica y Noruega y la advertencia de Francia y Alemania pueden causar pérdidas de 8.700 millones entre agosto y septiembre. Aún podemos remontar la situación y registrar una temporada turística digna. Los países y turoperadores han colocado a España en la lista negra de manera provisional y tienen interés en recuperar la normalidad.

Al igual que en Alemania, hay que ofrecer gratuitamente la prueba PCR a todo español que regrese a nuestro país, así como exigir un PCR negativo a los extranjeros que llegan a nuestros aeropuertos y puertos. Existen apps que facilitan la labor de rastrear a las personas infectadas. Parte de los 140.000 millones asignados a España del fondo de recuperación europeo debe concederse inmediatamente al sector turístico, financiando las pruebas en origen y destino que los hoteles también pueden y están dispuestos a realizar. Debe descartarse la creación de correderos terrestres para ciertas comunidades autónomas. Romperían la unidad de mercado y debilitan nuestra postura negociadora ante otros países. Es imprescindible un cambio rápido de mentalidad de las autoridades y población y medidas sensatas y comunes para toda España para evitar diezmar uno de nuestros principales motores económicos.

Alexandre Muns es Profesor de EAE Business School y analista de economía internacional