España sigue dependiendo de sí misma

El plan europeo de recuperación será una ayuda para las arcas del Estado, pero para afrontar la crisis la economía española debe realizar sus propios deberes

El Plan Europeo de Recuperación significa un importante salto cuantitativo y cualitativo en la dinámica presupuestaria de la Unión Europea (UE). Primero, porque sus 750.000 millones de euros elevan el techo de gasto de la UE en un 70% respecto del presupuesto ordinario que representa el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, y además con un periodo de ejecución más reducido. Segundo, por el mecanismo de financiación acordado, mediante la emisión de deuda por la propia UE. Y tercero, por el peso que suponen las ayudas directas, 390.000 millones, orientadas a facilitar la recuperación de los países más afectados por la crisis del Covid-19.

Sin embargo, el volumen total del Plan apenas alcanza un 5,4% del PIB de la UE-27 y las ayudas directas, un 2,8%. Estos porcentajes serán, naturalmente, distintos para cada país, en función de los criterios de asignación de cada uno de los programas. Así por ejemplo, en el caso de España, los 72.700 millones de euros que podría recibir en forma de ayudas directas suponen un 5,8% del PIB de 2019, más del doble del promedio que corresponde a la UE-27 en su conjunto. La Comisión Europea ha señalado que lo que se pretende es evitar una salida incompleta y asimétrica de la crisis, apoyando a los países más golpeados por los efectos económicos de la pandemia, sin que ello dependa exclusivamente de su capacidad fiscal. Pero ese 5,8% del PIB en España y el 2,8% del PIB de la UE-27, ejecutados al menos en cuatro años, están lejos de las medidas de impulso fiscal implementadas en un solo año, 2020, por los gobiernos de algunos países: 6,2% del PIB en Reino Unido, 9,4% en Alemania o 12,3% en EE.UU., aunque solo un 3,4% en España, según datos del FMI.

En realidad, las ayudas directas constituyen el principal factor diferencial del Plan de Recuperación. Los préstamos, que pueden solicitarse por cada Estado miembro hasta un 6,8% de su renta nacional bruta, no proporcionan, por su propia naturaleza, ningún efecto redistributivo entre países, salvo las posibles facilidades para su obtención y los ahorros que pudieran derivarse frente a la emisión de deuda en los mercados financieros, algo que por el momento no parece demasiado problema habida cuenta de los efectos del Programa de compra de activos frente a la pandemia (PEPP) del Banco Central Europeo.

España, como los demás Estados miembros, deberá preparar un plan de recuperación y resiliencia con un horizonte de tres años 2021-2023, que posteriormente podrá ser revisado y actualizado para el escenario temporal restante. La evaluación de los planes nacionales corresponde a la Comisión Europea y su aprobación al Consejo Europeo por mayoría cualificada. Pero la disponibilidad efectiva de los fondos estará ligada al cumplimiento de una serie de hitos y de objetivos por parte de los Estados. La evaluación tendrá en cuenta la adecuación de los proyectos a las prioridades identificadas a nivel europeo, especialmente en cuanto a la doble transición verde y digital, el impacto duradero de las medidas, su coherencia y la justificación de las cantidades solicitadas con arreglo a las reformas e inversiones planteadas.

En sus recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reformas 2020 y en el Informe sobre España del Semestre Europeo, la Comisión y el Consejo han aludido reiteradamente a las carencias de nuestro país en materia de innovación, a la lenta digitalización de las pymes, al escaso número de especialistas en las TIC, o a la deficiente gobernanza de la investigación, pero también a la rémora que supone el amplio recurso a la contratación temporal. En relación con los objetivos de cohesión, se hace también alusión a la necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias para el transporte de mercancías o a la importancia de reducir la brecha digital entre el medio rural y el urbano. Y sobre la transición hacia una economía baja en carbono, se recomienda acelerar la inversión en infraestructuras energéticas, desarrollar las renovables o reducir el consumo de energía en los edificios.

Todas estas recomendaciones, igual que las orientaciones estratégicas del Plan Europeo de Recuperación atienden más a objetivos de reforma a medio plazo que a la reactivación inmediata de la economía con medidas de impulso de la demanda. Aunque resulta innegable el efecto multiplicador de la inversión pública sobre el PIB, las urgencias de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de las rentas de los hogares (desempleo, prestaciones de autónomos, ingreso mínimo vital), para ayudar a las empresas de los sectores más afectados, para pagar el coste de la atención sanitaria y para estimular la demanda interna en general apenas encontrarán sustento en el Plan Europeo de Recuperación, con la posible excepción de recurrir a la vía de los préstamos. En el mundo del fútbol se considera una ventaja cuando un equipo depende de sí mismo para alcanzar sus objetivos sin importar lo que hagan los demás. El Plan Europeo será una ayuda para las arcas del Estado, pero para reparar los efectos de la crisis del Covid-19 y relanzar la recuperación, España deberá hacer sus propios deberes. Para lo bueno y para lo malo, España sigue dependiendo de sí misma.

 Eduardo Bandrés Moliné es director de Economía Pública de Funcas