El retorno del colectivo maldito del desempleo de larga duración

Cerca de un millón de personas con limitación formativa será desplazado otra vez. Es urgente combatir el fracaso escolar

Belén Trincado / Cinco Días

Está aceptado que la riqueza nacional que se destruya en esta crisis no se recuperará en 2021, ni quizás en 2022, y está aceptado también que cuando el nivel de la producción haya vuelto al que tenía en 2019, el del empleo estará lejos, bastante lejos, de recuperar lo perdido. Es ya tradicional la pereza de la economía para absorber los niveles de empleo tras las crisis, entre otras cuestiones por el imparable avance de la productividad, que se acelera cada vez que una sima recesiva transforma la forma de producir. Esta vez solo será diferente porque la metamorfosis será más rápida que en el pasado.

De las cuatro grandes crisis experimentadas en España por la economía abierta, condición que alcanza con limitaciones tras el plan de estabilización de 1959, la de ahora es la más atípica por la naturaleza sorpresiva de su origen, y en la que no conviven una crisis industrial, una quiebra de la balanza de pagos o un colapso financiero generado por los excesos de deuda del atracón inmobiliario.

Las recesiones de 1973 y siguientes, 1992 y siguientes y de 2007 y siguientes tardaron un mundo en devolver el nivel de ocupación; pero todas ellas dejaron un dramático rastro de desempleo de larga duración por el desplazamiento de colectivos laborales de muy complicada recolocación, precisamente por la inevitable metamorfosis que experimenta el modelo productivo cada vez que colapsa. Los víctimas tradicionales de los giros cíclicos son siempre los colectivos con menos cualificación profesional y menos dispuestos a una empleabilidad flexible, que pasan a engordar el maldito gueto del paro permanente.

En la eterna crisis industrial que asoló España tras el doble shock del petróleo de 1973 y 1979, la economía destruyó tejido productivo y ocupación industrial durante once años consecutivos, nada menos que 44 trimestres, se dice pronto, para volver a los niveles previos 61 trimestres después, ya en 1989. Eso sí: el empleo en esa fecha tenía poco que ver con el sustituido, con mayor presencia en los servicios y un avance considerable de la ocupación femenina. Comparada con esta interminable sangría de trabajo, la crisis de 1992 fue casi una broma, porque en solo 22 trimestres se volvió al punto de partida con la solución castiza de las devaluaciones competitivas, la herramienta habitual cada vez que la acumulación de inflación reventaba la competitividad. Fueron los años de la tiritona del sistema monetario europeo que a España le costó cuatro devaluaciones de la peseta.

Si en la crisis industrial se fueron por el sumidero 1,88 millones de puestos de trabajo, en la que arranca en 2007 desaparecen 1,7 millones de empleos de la construcción, que había crecido a un ritmo exuberante desde 1998, y que era reflejo fiel de la economía construida sobre arena del despendole inmobiliario, el crédito a espuertas y una deuda que excedía la capacidad de pago. Veinticuatro trimestres seguidos, seis años, seis, cayó el empleo antes de hacer pie, generando la mayor bolsa jamás conocida de parados de larga duración, hasta entonces enrolados en el monocultivo de una construcción que ya no recuperaría nunca su efervescencia.

Cuando comenzó la recuperación, en 2014, todavía 3,6 millones de demandantes de empleo llevaban más de un año buscando empleo, y 2,4 millones, más de dos años. Un auténtico ejército de reservistas en un país sin posibilidad de darles ocupación. Se trataba, además, de una generación de trabajadores jóvenes atraídos por el brillo del dinero fácil en la construcción, que encadenaba subidas vertiginosas de las soldadas a la vez que se disparaban los precios de las casas, y que habían abandonado la formación de forma temprana. Trabajadores en su mayoría imposibles de reciclar, que han tardado en ser absorbidos por el mercado y que han sido presas como ningún otro colectivo de las devaluaciones salariales que han contribuido a la recuperación. Seis años después el colectivo de parados de larga duración agrupa a menos de la mitad que entonces, a 1,37 millones de personas, tras haber agotado también todas las opciones de la prestación por desempleo

La vuelta a los niveles de empleo de 2007 estaba siendo más trabajosa que nunca, cuando la irrumpió como una bomba la epidemia del Covid. Tras 24 trimestres destruyendo empleo, en el mejor de los casos volver al punto de partida exigía esperar hasta 2021, con una sima de casi 15 años, mientras que ya en 2017 los niveles de producción se habían recuperado, también con un desplazamiento de riqueza hacia los servicios y la industria manufacturera. Ahora habrá que desplazar el punto de equilibrio más allá, más cerca de 2025 si se hace lo correcto.

Inevitablemente, el fenómeno enquistado del paro de larga duración se reproducirá ahora, aunque a menor escala, y volverá a alistar a miles de jóvenes. La transformación del trabajo tras el Covid, con una penetración tecnológica que ha dado un salto de años en unos meses, elevará la productividad aparente del factor trabajo y retardará la absorción de toda la fuerza laboral, y los empleados más vulnerables volverán a ser aquellos que disponen de menores estándares formativos. Pueden ser cuantitativamente menos, pero bien podrían acercarse al millón de personas adicional, según las estimaciones de evolución del empleo de Banco de España o Airef.

Su recuperación debe ser uno de los primeros objetivos económicos, con programas de incentivos al empleo reforzados por una formación específica para la empleabilidad, aunque sea en actividades limítrofes a las que trabajaban ahora. Pero el objetivo de medio plazo y de consolidación en el largo debe ser intensificar la cadena formativa de toda la fuerza laboral, desterrando el abandono escolar temprano y elevando los niveles formativos en todos sus escalones, y preferentemente en la búsqueda de habilidades técnicas, ligadas a los estudios de ingenierías, lo que exige extremar los contenidos curriculares de matemáticas y ciencias en primaria y secundaria, que como recuerda todos los años el informe Pisa, registran resultados muy pobres en España.

Tras el crac inmobiliario, el abandono escolar temprano descendió por la vuelta obligada a la formación y a la búsqueda de alternativas, y cayó de tasas del 27,8% en 2013 al 21,7% actual entre los varones, y del 19,8% al 14% entre las mujeres, en un ejercicio de responsabilidad colectiva tras la dura enseñanza de la recesión. Aun así, tales niveles siguen un escalón por encima de la UE, que en el caso de los varones es la mitad en la serie histórica, y más limitado entre las mujeres.

Las cifras hablan por si solas. Mientras las tasas de desempleo de los colectivos con un nivel formativo de primaria son ahora del 26%, o del 19% entre los de secundaria de primera etapa (entre ambos hay aún 1,56 millones de parados, según Estadística), entre los que disponen de educación superior solo están en desempleo el 8,9% (860.000 personas). Cuando más apretaba la recesión de la década pasada, cuando estaban en paro uno de cada cuatro activos, los jóvenes con enseñanza superior en paro llegaron al 15,7%, pero los de primaria a un 39%, y los de secundaria de primera etapa, al 34%. Conclusión: estudiar es rentable individual y colectivamente, y supone contratar el mejor seguro contra el desempleo, y salvo casos muy particulares, con un sistema educativo universal y gratuito, está al alcance de toda la población, y es una obligación moral y patriótica aprovecharlo.

José Antonio Vega es director adjunto de Cinco Días