Escrivá sugiere que las comunidades podrán vincular el ingreso mínimo a la búsqueda de empleo
La Seguridad Social negocia que las autonomías den los datos de los beneficiarios de las rentas mínimas autonómicas para facilitar el reconocimiento de la nueva ayuda
El cobro del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo está vinculado actualmente al cumplimiento de la ausencia de rentras que establece la ley para su reconocimiento. Si bien, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sugerido hoy que las comunidades autónomas podrán, a través de convenios con la Administración estatal, establecer otros condicionamientos para el cobro de esta ayuda como pudieran ser el cumplimiento de los itinerarios de inclusión que las administraciones autonómicas establezcan para los beneficiarios.
"Si una comunidad autónoma nos pide que el mantenimiento del cobro de este beneficio esté condicionado al cumplimiento de los itinerarios de inclusión, lo consideraremos, por supuesto", ha dicho Escrivá hoy durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados.
De esta forma, las autonomías podrán incluir estos condicionamientos --entre los que se podrían encontrar también la obligatoriedad de buscar empleo o cumplir otro tipo de intinerario de inclusión social, sanitaria o laboral-- en los acuerdos de colaboración con la Seguridad Social cuya negociación sigue abierta para, entre otras cosas, el desarrollo reglamentario de varios aspectos de esta nueva prestación, sobre todo los relacionados con el empleo, cuya concreción está aún pendiente.
En cuanto a estos puntos que aún quedan por concretarse Escrivá, recordó que el citado desarrollo reglamentario fijará cuanto podrán exceder la renta mínima garantizada reconocida a cada beneficiario cuando se acepte un empleo y durante cuanto tiempo. Asimismo, esta excepción para no desincentivar la aceptación de un empleo se aplicará también a las personas que ya tienen rentas salariales , pero cumplen los requisitos para cobrar esta ayuda (aproximadamente el 40% de los potenciales perceptores). En ese sentido, Escrivá precisó que podrán ampliar el número de horas que trabajan, por encima de su límite de renta mínima garantizada, y que el ingreso mínimo se aminore en menor proporción que el aumento de esas horas de trabajo, también durante un tiempo, que deberá fijarse en el próximo reglamento de la ley.
El titular de Seguridad Social ha recordado que en los próximos días este organismo reconocerá de oficio las prestaciones a unos 260.000 beneficiarios, la mitad de ellos menores, que habitan en unos 75.000 hogares. Estos perceptores que ni siquiera han tenido que solicitar la ayuda son los actuales beneficiarios de las prestaciones por hijo a cargo.
En este sentido, Escrivá avanzó que está negociando con las comunidades autónomas que estas faciliten a la Seguridad Social los datos "en bloque" de los beneficiarios de las rentas mínimas autonómicas para, comprobar si cumplen los nuevos requisitos del ingreso mínimo vital y reconocerles la ayuda también de oficio.
Asimismo, el ministro de Inclusión ha recordado también los criterios que determinarán los límites de renta y patrimonio para cobrar el ingreso mínimo, excluyendo de su riqueza neta patrimonial la vivienda habitual. En ese sentido, Escrivá ha avanzado que su Departamento está negociando con la Agencia Tributaria incluir en el desarrollo reglamentario de la norma que pueda permitirse una imputación de renta por alquiler de vivienda habitual, que no compute como ingresos para el acceso a esta ayuda.
Finalmente, el ministro ha reiterado que el Gobierno aprovechará la negociación de convenios de colaboración con las comunidades para desarrollar la tarjeta social universal, donde el Estado y el resto de administraciones podrán cargar toda la información sobre las ayudas públicas que recibe un ciudadano.
Esto, junto a otros asuntos como los incentivos que podrá crear la Seguridad Social para fomentar que las empresas contraten a los beneficiarios de esta ayuda, o el reconocimiento del sello social para las empresas que den empleo, formación u otro tipo de ayudas o descuentos, se incluirán en el desarrollo reglamentario de la ley donde se ha aprobado el IMV, que según Escrivá "estará listo en las próximas semanas".
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