Transformación energética: hacia un modelo local

Impulsar la implementación de las directivas sobre energía limpia apoyando iniciativas de proximidad es la mejor respuesta a la incertidumbre pos-Covid

La reciente remisión del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) por parte del Miteco a las Cortes para su aprobación, no solo marca los objetivos, hitos en las principales palancas de la transición: renovables, eficiencia y movilidad sostenibles, sino que además apuesta por la diversidad de agentes y tecnologías introduciendo dos nuevos agentes: las instalaciones de almacenamiento de energía y la figura del agregador independiente.

El escenario pos-Covid requiere de una estrategia holística clara que deberá afrontar problemáticas económicas, sociales y sanitarias, además de un cambio del modelo productivo basado en y alineado con los hitos propuestos en el anteproyecto, el cual debe promover una adecuación del marco normativo a un escenario de competencia que permita la participación de la iniciativa local (y también empresarial); pero con la premisa de que no quede en manos de unos pocos.

Su adecuación debe tener en cuenta que 2020 es el año de la trasposición de las directivas europeas en materia energética recogidas en el Paquete de Energías Limpias (PEL). Unas directivas muy ambiciosas que marcan la senda y proveen las herramientas para una implementación de los objetivos de la LCCTE que promuevan una mayor competencia y transparencia.

Por tanto, tres son, a nuestro entender, las piezas clave para añadir dinamismo al sector y hacer de la energía un vector de transformación:

La agregación de recursos es la primera pieza. Necesitamos gestionar los consumos, la carga del vehículo eléctrico, el almacenamiento y el autoconsumo para poder ponerlos al servicio del sistema eléctrico en igualdad de condiciones respecto a generación eléctrica. En este contexto, el agregador independiente (ya previsto en la LCCTE) promoverá modelos de negocio innovadores.

Aun así necesitamos una pieza más que ofrezca al ciudadano diferentes opciones para la promoción de inversiones e intervenciones de tipo público-privado. Para esto el PEL define las entidades de comunidad ciudadana de energía (CCE) y las comunidades energéticas renovables (CER) en las directivas de mercado interior de la electricidad y de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, respectivamente. Ambos tipos de comunidades, además de poder acceder a los distintos mercados, serán entidades jurídicas de participación abierta y gobernanza ciudadana que podrán participar en las distintas actividades del sector: generación, distribución, suministro, consumo, agregación, almacenamiento, prestación de servicios de eficiencia energética y de recarga de vehículos eléctricos. Estos modelos, a pesar de ser muy similares por definición, tienen unas particularidades que las diferencian entre sí. Por ejemplo, a las CER se les establecen condiciones de proximidad y la obligatoriedad de usar únicamente fuentes renovables. Por el contrario, las CCE podrán utilizar otros vectores energéticos, ocupar un área geográfica mayor y estarán sujetas a un mayor grado de autonomía ciudadana, como el propio nombre sugiere. Además, estas ultimas tendrán derecho a poseer, establecer, adquirir o alquilar redes de distribución y gestionarlas autónomamente “según las condiciones establecidas…”, medida que debería dar pie a la modificación del artículo 39.2 de la Ley del Sector Eléctrico. A su vez, se garantiza que estas “puedan acceder a todos los mercados organizados o mediante agregación de forma no discriminatoria” (arte 3.b) y “respecto al consumo de electricidad autogenerada”, serán tratados como clientes (arte 3.c).

La última y tercera pieza es la promoción de lo local, que agrega (nunca mejor dicho) todo lo anterior. Consumir energía promovida por entidades locales que buscan no solo la rentabilidad financiera, sino beneficios medioambientales y/o sociales a sus miembros y entorno es fundamental. Así se fomentaría el consumo de energía renovable local que hará de palanca económica y de sostenibilidad mientras se genera industria e inversión en materia de transición energética, lo que en principio permitirá también una mayor competitividad a sus implicados al tener unos costes de electricidad más bajos.

Portugal ya ha dado pasos en firme estableciendo que las CER pueden producir, consumir, compartir, almacenar y vender electricidad generada a partir de energía renovable, y que participen todo tipo de entidades que estén ubicadas cerca de los proyectos de energía o desarrollen actividades relacionadas con sus respectivos proyectos de energía. La autoridad reguladora nacional tiene la responsabilidad de evaluar la viabilidad de las tarifas de la red local en caso de que las CER hagan uso de la red local para transferir electricidad con fines de autoconsumo.

Estas podrán llevar a cabo todas las actividades definidas en las directivas del CEP (producir, consumir, almacenar, intercambiar e, incluso, vender energía) menos la distribución eléctrica que está aún por definir. De esta manera, se promueven dos aspectos esenciales para las comunidades: por un lado, se hace una llamada a la inversión privada, lo cual es fundamental para arrancar con su implementación y, por otro, se garantiza la autonomía de la misma que suele ser una de las premisas (factores de éxito, nos atreveríamos a decir) a la hora de implementar este tipo de modelos. Yendo más a detalle, la autoridad reguladora nacional trabaja en cuestiones como las tarifas de red local para el intercambio de energía y la exención de licencia de suministro. En ese sentido, se trabaja siempre teniendo en cuenta la estabilidad técnica y financiera del conjunto del sistema eléctrico.

La implementación ambiciosa de las directivas es la mejor respuesta al escenario de incertidumbre que se abre en el escenario pos-Covid, apoyando las iniciativas que apuesten por el ámbito de la proximidad, y creando un marco de colaboración entre entes locales y empresas vinculadas al territorio. Abriendo un nuevo espacio de transformación energética desde lo local.

Alicia Carrasco / Joan Herrera son CEO de Olivo Energy / Exdirector del IDAE y director del área de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento del Prat de Llobregat