Bruselas y los socios podrán vetar las reformas propuestas por cada país para acceder a las ayudas

La Comisión confía en ampliar el presupuesto, de 1,85 billones, hasta los 3,1 billones gracias a diferentes multiplicadores

Fondo reconstruccion europeo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros, ayer en la Eurocámara.

La Comisión Europea presentó ayer su propuesta para el fondo de reconstrucción europeo, con una movilización sin precedentes de hasta 750.000 millones de euros que se distribuirán a los socios a través de un híbrido de transferencias directas y préstamos a devolver. De este paquete, la mayoría del dinero movilizado (más de 560.000 millones) irá a parar al Fondo para la Resiliencia y la Recuperación (RRF), cuyo acceso, no obstante, estará sujeto a diferentes reformas y condiciones. Esta es una de las claves del proyecto ideado por el Ejecutivo Comunitario, por el que España puede recibir unos 140.000 millones entre subvenciones y créditos. El RRF, explica Bruselas en un documento, "proporcionará apoyo financiero a gran escala para las reformas e inversiones emprendidas por los estados miembros". Ayudará a los socios a abordar los desafíos identificados en el Semestre Europeo, y también "garantizará un enfoque adecuado de las inversiones y reformas basadas en las transiciones verdes y digitales".

Los socios que quieran acceder a estas ayudas tendrán que enviar sus estrategias y planes nacionales de reformas a la Comisión Europea, pero también al resto de países, que podrán pedir modificaciones e incluso rechazar los proyectos si consideran que no cumplen con las recomendaciones y prioridades acordadas previamente en conjunto. Si bien, la última palabra la tendrá Bruselas, "que tomará la decisión final", ha explicado este jueves el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis.

El peso que tienen los diferentes socios en las políticas que vayan a poner en marcha los respectivos gobiernos no es casual, más aún en un contexto en el que los frugales –Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria– ya han dejado claro que no ven con buenos ojos un plan en el que las transferencias tienen más peso que los créditos. Fuentes comunitarias explican que este detalle puede ser clave para que el norte apoye el plan, ya que tendría “más control” sobre el sur y sus reformas.

El RRF movilizará unos 560.000 millones de euros hasta 2024, una vez eche a andar el mecanismo, ya en 2021. La mayoría, en unos 310.000 millones, irá en forma de subsidios, y los 250.000 millones restantes serán préstamos. Estas fuentes comunitarias insisten en el carácter voluntario de estas ayudas, por lo que las condiciones y las reformas no serían una exigencia por parte de Bruselas. No hay ni intrusión ni obligación, recalcan. "Son los estados los que presentan su propuesta de reformas para acceder al fondo. Por eso no hay condiciones, ya que hay voluntad por parte de los respectivos gobiernos", señalan estas mismas fuentes.

La idea de Bruselas, prosiguen, es que todos los años los países presenten su plan de reformas e inversiones al conjunto de la UE. Estos proyectos tendrán que estar alineados con los objetivos definidos en el Semestre Europeo, por ejemplo, para mejorar la inversión digital, crear empleos vinculados a la descarbonización y las energías renovables o apoyar a pymes relacionadas con la transición ecológica. También habrá que incluir en estos documentos las reformas vinculadas al crecimiento económico o la cohesión social. A partir de ahí habrá revisiones periódicas, que podrán realizarse una o dos veces al año, para ver el alcance y la materialización de estas reformas, con su correspondiente acceso a la financiación.

Los planes, que a priori echarán a rodar cada mes de abril, deberán detallar un calendario aproximado sobre la implementación de cada reforma, una serie de objetivos potenciales y un criterio que permita auditar y verificar su puesta en marcha. Si todo sale bien y es validado por la UE (tanto Bruselas como el resto de miembros) se desbloquearán las partidas asignadas para cada bloque. Una vez recibidos los planes nacionales, Bruselas los examinará y aprobará en un plazo de cuatro meses. En el caso de tener luz verde de la Comisión y los socios, cada plan tendrá asignado un presupuesto, que deberá tener forma de préstamo o de subvención directa, en función de su alcance y prioridad. "Los subsidios y préstamos se desembolsarán en cuotas al completar los hitos y objetivos definidos por los Estados miembros en sus planes de recuperación y resiliencia", recoge el documento del Ejecutivo Comunitario.

Con todo, los planes adoptados se comunicarán tanto al Parlamento Europeo como al Consejo. "La Comisión también informará anualmente sobre el progreso en la implementación de los planes por parte de los Estados miembros y sobre el gasto del mecanismo acordado".

Compatibilidad con otros mecanismos

La Comisión Europea enfatiza en que el fondo presentado ayer es compatible con el resto de iniciativas aprobadas hasta la fecha, como Sure, el fondo para costear los ERTE y mecanismos similares. Las primeras patas, ya aprobadas, "se centran en acciones de reparación a corto plazo relacionadas con los mercados laborales, la asistencia sanitaria, las pymes, la liquidez, la solvencia y las inversiones esenciales para las transiciones verdes y digitales". El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por su parte, "apoyará reformas e inversiones a más largo plazo, especialmente en tecnologías verdes y digitales, con un impacto duradero en la productividad y la resiliencia de la economía de la Unión".

Hasta 3,1 billones

El fondo de recuperación que plantea la Comisión está vinculado al Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, el presupuesto de la UE. En total, sumando el fondo de reconstrucción, el MFP asciende a los 1,85 billones de euros, "una movilización sin precedentes, casi revolucionaria, que duplica el techo de gasto", explican fuentes comunitarias. Sin embargo, el objetivo de la Comisión es inflar esta cantidad, y llegar a los 3,1 billones de euros gracias a diferentes multiplicadores. El presupuesto cerrado, los 1,85 billones, tiene gran parte de las partidas ya asignadas a diferentes socios y proyectos. Pero estas podrían ser mucho mayores si la cifra final crece. Bruselas confía en que así sea. Los técnicos comunitarios consultados aseguran que el Ejecutivo de la UE ha estimado unos multiplicadores "muy pequeños, conservadores y realistas, por lo que la cifra de 3,1 billones es bastante posible", sin dejar de lado, eso sí, que la situación de incertidumbre provocada por la pandemia puede modificar algunos cálculos. De llegarse a esta cifra, confirman, es imposible saber cuánto podría caer en España, ya que "hay que tener en cuenta que parte de las ayudas va a ir a sectores, empresas y políticas comunitarias muy concretas, no solo a los Estados".

Normas
Entra en El País para participar