Ese contrato con el Estado tendrá que esperar
La licitación de obra pública ha caído hasta abril un 43%, agravando niveles de inversión en mínimos históricos
El recorte del gasto en nuevos contratos y la paralización administrativa provocada por la crisis del coronavirus ha derribado la licitación de obra pública en España, dejando los ingresos de ingenierías y constructoras supeditados a la inercia de los proyectos nacionales ya adjudicados y a la evolución todavía incierta de su predominante cartera internacional.
Si bien las obras en ejecución solo se detuvieron durante las dos semanas de hibernación que se decretaron en abril, el Gobierno frenó la firma de nuevos contratos para contener el gasto presupuestario y concentrarlo en prestaciones sociales y material sanitario. De ahí que en los cuatro primeros meses del año, la licitación pública se hundiera un 43% con respecto al mismo periodo de 2019, según Seopan, la patronal del sector. El total acumulado al cierre de abril es de 3.691 millones de euros en contratos, frente a los 6.503 millones de hace un año.
El Ministerio de Transportes, el principal brazo inversor del Estado, sufrió el mayor desplome, un 60%, al contratar apenas 768 millones frente a los 1.927 millones registrados a abril de 2019. Entre sus organismos ejecutores, Adif acumula una caída del 76%, hasta los 250 millones, y Aena, del 42%, hasta los 100 millones.
Ante la incertidumbre que plantea este escenario, las grandes constructoras han provisionado fondos, reforzado sus posiciones de tesorería o reformulado su propuesta de dividendos, bajándolos a la mitad, como en el caso de Acciona, o suspendiendo parte de ellos, como en el de Ferrovial.
Las constructoras se blindan o refuerzan su liquidez, a la espera de una reactivación basada en la colaboración público-privada
“Hace dos meses y medio que no recibimos nuevos encargos. Empresas que tienen suficiente cartera pueden sobrellevarlo, pero si la situación se prolonga dos meses más, habrá serios problemas”, alerta Fernando Argüello, director general de Fidex, foro que agrupa a las ocho ingenierías más grandes de España.
Estas se encuentran particularmente disgustadas con Aena porque es la única administración que ha paralizado contratos de ingeniería ya adjudicados, entre ellos, la ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, en los que el organismo tenía previsto invertir más de 3.000 millones de euros. Aunque el ente ha achacado esta decisión a la caída del tráfico aéreo, desde Fidex consideran que se trata de una medida “unilateral que no tiene sentido porque el importe que se ahorrará en la redacción de esos proyectos es mínimo comparado con la ejecución de obra”.
Las ingenierías critican a Aena por la paralización de las ampliaciones de Barajas y El Prat
Por contra, Argüello sostiene que la medida tiene el inconveniente de que el equipo que estaba a cargo de los expedientes se va a descomponer y cuando se retomen los trabajos será muy difícil recuperar al mismo grupo de técnicos, lo que supondrá una pérdida de tiempo y dinero. “Es el único país del mundo que ha detenido los contratos de ingeniería, una labor que se puede cumplir con teletrabajo”, se queja.
A inicios de mayo, el Gobierno reanudó la tramitación de los concursos que se suspendieron al decretarse el estado de alarma. El Ministerio de Transportes ha sugerido que se dinamizará de manera progresiva toda la inversión que sea compatible con la lucha contra la pandemia, aunque no está claro de qué obras se tratará y si serán suficientes para que la actividad remonte pronto.
Seopan propone un plan de 157.000 millones de euros basado en ODS y concesiones
Seopan ha solicitado un adelanto de las licitaciones y adjudicaciones previstas para favorecer una reactivación económica. “Parece razonable que la Comisión de Reconstrucción incluya este punto entre sus recomendaciones”, comentan desde Ferrovial.
El dictamen de este órgano creado en el Congreso para consensuar una salida a la crisis tardará al menos dos meses en aprobarse, pero si de priorizar obras se trata, desde Ferrovial proponen el lanzamiento de un plan basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, por un lado, sirva como motor de la recuperación y, por otro, dote al país de infraestructuras sostenibles, resilientes y de calidad.
“Este plan podría movilizar miles de millones de euros a través de fórmulas de colaboración público-privada para proyectos de carácter medioambiental, movilidad, sanitarios, hidráulicos, de eficiencia energética y equipamiento social”, defienden.
Doble enfoque
En un informe publicado esta semana, Seopan valora en 157.000 millones las obras de infraestructura prioritarias para los próximos 10 años que cumplen con ese doble enfoque (ODS y reactivación). En este montante se incluyen 23.600 millones más con relación a un primer estudio publicado en marzo, para resolver las carencias en hospitales.
Las cifras
4.830 millones de euros costó a la economía la paralización de la construcción durante las dos semanas de hibernación decretadas en abril, considerando que por cada día de grúas inactivas el sector dejó de mover 345 millones, según Seopan.
1,8 millones de trabajadores se vieron afectados por la suspensión de la actividad del sector en lo relativo a contratos de obras públicas y privadas. De ese total, 1,3 millones fueron empleos directos y 500.000 indirectos.
10% del PIB es la contribución de la actividad de la construcción a la economía española. En 2019 produjo 124.049 millones de euros y ocupó a 1,3 millones de trabajadores.
“La crisis anterior recortó la inversión pública del 5,2% del PIB en 2009 al 2,0% actual, situándonos en mínimos históricos, equivalentes a los de 1980”, afirma Julián Núñez, presidente de Seopan. “Desde 2008 hemos dejado de invertir más de 226 millones”, abunda. Así que “cualquier nuevo ajuste, además de tener un efecto devastador en el empleo y la viabilidad de nuestras empresas, nos aleja todavía más de nuestro compromiso con los ODS”, argumenta.
Núñez insiste en que no hay margen para profundizar en este recorte y avisa que su aporte a la sostenibilidad de las finanzas públicas en una coyuntura de aumento de la deuda estatal prevista en 200.000 millones de euros para el bienio 2020-2021, sería “residual”. Por el contrario, propone mantener el nivel mínimo de inversión actual y recuperar la colaboración público-privada, que no agrava el déficit fiscal ni altera la titularidad pública de las infraestructuras.
Ya durante la crisis anterior se habló mucho de esta alternativa, pero nunca llegó a cuajar. “Está ausente del panorama nacional desde 2012, con un nivel de inversión irrelevante, precisamente cuando más falta nos hace”, confirma Núñez.
Argüello, de Fidex, comparte esta opinión, sin embargo, mantiene que, para que funcione, habría que modificar una ley que limita la rentabilidad de estas concesiones a un 3,5%, cuando los fondos de inversión internacionales no están dispuestos a arriesgar por menos de un 6% u 8%.
Ovidio Turrado, socio de infraestructuras de KPMG en España, coincide en que en un entorno de incertidumbre como el actual, para poder atraer inversores será imprescindible un marco jurídico estable y un reparto equilibrado de los riesgos. En ese sentido, invita a aprovechar la experiencia de las empresas españolas, “algunas de las cuales están consideradas como las mejores concesionarias de infraestructuras del mundo”.
Así se enfrentan las grandes contratistas a la crisis del Covid
ACS. La constructora de Florentino Pérez cuenta en caja con más de 12.000 millones de euros y activos financieros corrientes por más de 1.500 millones que en el peor de los escenarios le permitirían solventar con holgura una deuda neta de 2.374 millones.
Ferrovial. La compañía que dirige Rafael del Pino está revisando los gastos de todas sus concesiones y contempla aplicar distintas medidas de control en función de la duración de la crisis. Presume de un “nivel de liquidez récord” de 5.886 millones de euros.
FCC. La empresa controlada por Carlos Slim ha provisionado 20 millones de euros y asegura que dispone de efectivo suficiente (1.750 millones) para pagar casi tres veces las obligaciones contraídas hasta finales de marzo de 2021.
Sacyr. El grupo ha apartado 30 millones de euros “por prudencia” ante la incertidumbre económica generada por el Covid y se ha cubierto “totalmente” frente al riesgo de que la cotización de Repsol, de la que posee un 8%, se derrumbe a causa de la caída a plomo del precio del petróleo.
Acciona. Pese al escaso impacto de la crisis en sus cuentas, la empresa ha bajado el dividendo a la mitad (a 1,925 euros por acción) y ha puesto en marcha medidas de reducción de costes por 100 millones de euros. También ha cerrado préstamos por 900 millones para mejorar su posición de tesorería.
OHL. La compañía, que acaba de abrir su capital a los mexicanos Amodio, ha reforzado su liquidez con la firma de un crédito sindicado por 140 millones avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en el marco de las ayudas lanzadas por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del Covid.
