Las señales del estado financiero de las pensiones siguen siendo de alarma

La reforma ya era urgente hace cuatro años y no puede esperar otro tanto

La Seguridad Social abonó el primer día de mayo 9.852 millones de euros en pensiones y contabilizó la primera contracción mensual de tal partida de toda la historia, consecuencia desgraciada del primer descenso en el número de perceptores de jubilación, viudedad e invalidez por la devastadora factura en vidas de la epidemia de coronavirus, que se ha cebado de manera más intensa con las personas de más edad. En concreto, la tesorería contabilizó el primero de mayo 9,754 millones de pensiones, nada menos que 38.500 menos que en abril como consecuencia de la elevada mortalidad entre la población anciana. Desde febrero el descenso de perceptores ha sido de 51.000, y podría continuar al menos un mes más, a juzgar por la curva de mortalidad reconocida por el Ministerio de Sanidad. En lo que va de año las nuevas altas de pensión han descendido un 32,55% (en parte por un retraso en el reconocimiento por la semiparalización de la Administración), mientras que las bajas por fallecimiento se han elevado en un 17,5%.

En todo caso, el gasto de la Seguridad Social sigue avanzando en términos interanuales (un 2,5%), aunque ligera y coyunturalmente atenuado por este lamentable fenómeno. Y todas las variables naturales mantienen incrementos que agravan el desequilibrio financiero del sistema de pensiones (la cuantía media de la pensión nueva, por ejemplo, es un 9,8% más elevada que la que se reconocía hace un año), y que suponen explícitos toques de atención sobre la necesidad de una reforma profunda de sus fundamentales si se quiere proporcionar solidez al principal pilar del estado del bienestar. La huida hacia adelante en los últimos años generada por la falta de consenso y de voluntad política para lograrlo ha llevado las cuentas de la Seguridad Social a un estado muy preocupante, si no fuere por al aval del Estado que protege con sucesivas emisiones de deuda los derechos de cobro de los pensionistas.

A los más de 50.000 millones de deuda que acumulaba a principios de año hay que añadir el desfase entre ingresos y pagos de este año, que al menos superará los 30.000 millones de euros, a juzgar por los dos créditos sin intereses autorizados ayer por el Gobierno para enjugar la pérdida de cotizaciones y el incremento del gasto en prestaciones, entre las que se incluyen también las de desempleo. Evidentemente, el Gobierno ahora está, porque tiene que estar, en otra cosa; pero tiene que echar mano más pronto que tarde del liderazgo que exige su posición para plantear profundos cambios en las condiciones de acceso a las pensiones y en las fórmulas para financiarlas. Es una reforma que ya era urgente hace cuatro años y desde luego no podrá esperar otro tanto. La confianza de los administrados, y de los financiadores de los pasivos del país, depende de ella.