El papel de los empresarios en la comedia política
La CEOE debe esquivar su utilización política, defender sin complejos el interés de la empresa y firmar solo pactos útiles
Desde el desembarco de España en las economías abiertas, la participación de los empresarios y de su movimiento asociativo en la transformación de la economía ha sido estratégica. El desmontaje del esqueleto económico franquista y la construcción de unas relaciones industriales democráticas y abiertas no habría sido tan acelerado y tan plácido como lo fue sin la participación activa del asociacionismo empresarial, liderado inicialmente por Calos Ferrer Salat y consolidado por José María Cuevas. Ahora, tras un par de mandatos tormentosos y erráticos, la patronal trata de recuperar su rol precisamente cuando más inestables e impredecibles son sus interlocutores, tanto gubernamentales como sindicales.
El sainete aderezado con ribetes de comedia absurda vivido estos días a propósito de la contrarreforma laboral ilustra como ningún otro episodio la condición errática y adolescente de sus interlocutores, especialmente de los que estampan cada semana sus rúbricas en la gaceta oficial. En medio de la más grave crisis económica de cuantas conocemos, cuando la templanza política debe ser el norte de cada comportamiento y el consenso el preludio de toda decisión, los irresponsables políticos dinamitan el endeble entendimiento al que habían arrastrado, no sin esfuerzo, a la parte capital de la recuperación de la economía: los empresarios.
Aunque rectificado a tiempo por la vicepresidenta Calviño, el embrollo de la contrarreforma laboral íntegral demuestra por qué averiadas brújulas se orienta el Gobierno, más interesado en la política que en la economía; más en imponer un discutible criterio jurídico en un debate parlamentario que en clarificar una salida del barranco por el que se han despeñado la economía y el empleo; más en demostrar la habilidad en la supevivencia política que en la supervivencia de una economía herida en los principales pilares productivos: turismo, automoción, comercio...
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha perdido mucho brillo en los últimos años. Tras un mandato convulso protagonizado por un presidente que acabó en la cárcel por corrupción económica y uno insulso en el que la experiencia de un presidente catalán y catalanista neutralizó el liderazgo económico que se esperaba de la patronal, parte ahora de cero. Y lo hace con el descarado entusiasmo que apareja la búsqueda de protagonismo a todo precio, y el inevitable tropiezo que conllevan decisiones no del todo meditadas.
Dos veces han escoltado los líderes empresariales decisiones capitales de este Gobierno que iban directamente contra los intereses de sus representados, y dos veces han explicado su comportamiento con argumentos peregrinos. Primero estamparon su ok bajo una subida descomunal del salario mínimo que censuraban abiertamente con la justificación de que habían logrado reducir a la mitad la descabellada intención del Gobierno y su socio preferente. Ahora, tras haber encajado varias decisiones del Ejecutivo lideradas por el vicepresidente Iglesias y la ministra Díaz que vulneran la libertad de empresa cuando más precisa es, vuelven a Moncloa, aunque de mala gana, a escenificar un buen rollo que no existe a mayor gloria del Gobierno y los corifeos sindicales, y argumentan, solo en privado, que está en juego la malhadada imagen de España en el exterior y que “hay que contribuir a recomponerla”. Dos veces en las que en vez de representar su auténtico papel, representaron un indeseado papelón.
Alfombras envenenadas como estas dos le pusieron varias veces a José María Cuevas en su dilatado cargo en CEOE y a Ferrer Salat en su efímero paso por la cúpula empresarial. Y, más el primero que el segundo, practicaban la socorrida táctica del chubasquero, consistente en cubrirse de los más acerados dardos de los políticos y aguantar a que pasase el chaparrón, a que escampase la furia de unas declaraciones que identificaban a los empresarios con bestias insaciables que rapiñaban el sudor de los trabajadores. Lindeces como las que recibirían ahora si defendieran en voz alta los intereses de las empresas ante ataques continuos a su rol social, en vez de apostar por el apaciguamiento sistemático del tigre al que cabalgan, y que podría acabar devorándoles.
Ejemplos hay a decenas, pero nos quedamos con la respuesta que Cuevas dio a Felipe González y Carlos Solchaga, cuando apretados por los sindicatos insinuaron, sin mucha convicción, de promulgar una norma de control y limitación de los beneficios, la ley de hierro de los beneficios: “Eso, ni con las fuerzas armadas”. Y ahí acabó el asunto.
En todo caso, parece que en esta ocasión, la patronal también ha dicho ¡basta!, tras ver cómo cuando la situación demanda flexibilidad, los políticos más antiempresariales del Parlamento pactan con el presidente del Gobierno, y a sus espaldas, cerrar las únicas vías de flexibilidad de que disponían con la legislación laboral de 2012. No será fácil imponer a Pedro Sánchez ni a ninguno de sus ministros, ni siquiera a los que defienden sensatamente la libertad económica, la figura de un empresario para que lidere la reconstrucción de la economía con la simple función del asesoramiento, como han hecho en Italia.
Pero cualquier decisión que se tome buscando la recuperación solida de la economía debe cuidar el criterio empresarial, porque sin empresa no hay empleo, no hay consumo, no hay recaudación fiscal, no hay economía. La historia de la transición económica ha demostrado que las decisiones consensuadas penetran con intensidad en la capa freática de la actividad, desde la gran empresa a la pyme, y catapultan el crecimiento estable y el empleo. Los resultados de las decisiones de políticas fiscales, laborales o de rentas siempre fueron rápidos y duraderos si estaban avalados por un pacto, y poco significativos si eran impuestos.
La situación actual exige más que ninguna antes el acuerdo en las decisiones, para evitar un largo invierno como el que la economía atravesó entre 2008 y 2013. Ahora la intención del acuerdo por parte del Gobierno parece más nominal que nunca, con un uso instrumental de las patronales que mezcla mal con buena parte de las decisiones tomadas hasta ahora y otras que revolotean en el programa del Gobierno de coalición.
Los empresarios que lideran proyectos de éxito tienen vías alternativas para hacer llegar sus opiniones a los gobernantes o a sus asesores, como ya lo han hecho en el pasado reciente, en la pasada crisis sin ir más lejos, incluso articulando instituciones glamurosas al margen de la CEOE, a la que despreciaban. Pero reforzar el papel de la gran patronal y recuperar la representatividad y el prestigio perdido es vital en estos momentos para que recupere su iniciativa y haga aflorar y respetar unos cuantos criterios en defensa de la libre iniciativa y del respeto a la economía de mercado, que es la que ha llevado a España donde está, superando el modelo anquilosado y arbitrario de la autarquía franquista y la escopeta nacional tardofranquista.
Si el asociacionismo empresarial supo en la transición democrática superar y ayudar a superar la legislación paternalista de la dictadura, muchas veces pese a la resistencia y nostalgia del sindicalismo poco evolucionado; sacudirse los intentos de ser convertidos en instrumentos políticos, como el protagonizado por el empresario/político José Antonio Segurado en 1984; e impulsar unas relaciones industriales democráticas, ahora debe vigorizar su protagonismo y acoplar su papel a la defensa de una economía digitalizada, con nuevos formatos de negocios y de empleo, defendiendo la competencia libre, el emprendimiento y la internacionalización que tan buenos resultados ha proporcionado.
José Antonio Vega es director adjunto de Cinco Días