Energía

La Ley de Cambio Climático excluye un volumen fijo de subastas renovables cada año

El Gobierno remite a las Cortes la norma sin los 3.000 MW de la redacción inicial

Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica.

Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para su remisión a las Cortes. La norma, cuyo objetivo último es lograr la neutralidad climática en 2050, aligera los objetivos del Plan de Energía y Clima (PNIEC) y los planteados inicialmente por el ministerio sobre sustitución de los coches de combustión por eléctricos.

El cambio más destacable introducido en la propuesta remitida al Consejo Asesor de Medio Ambiente o a la CNMC se refiere a las subastas de capacidad de renovables, que el ministerio siempre fijó en 3.000 MW anuales. Para evitar una rigidez que hubiese obligado a cambios con rango de ley si en algún ejercicio no se pudiera alcanzar dicha potencia, se ha eliminado ese objetivo fijo. El ministerio recoge así la recomendación de la CNMC en su informe preceptivo que, por cierto, el organismo aún no ha publicado. Se mantiene el cambio previsto del actual mecanismo de subastas, por lo que en lugar de subastarse el precio de la inversión se subastará el de producción y no serán marginalistas.

Además de establecer la neutralidad climática en 2050, lo que supondrá que el 100% de la electricidad será renovable. Para ello, en 2030 las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en, al menos, un 20% respecto a 1990. El ministerio que dirige Teresa Ribera lo considera un “objetivo coherente” con el endurecimiento de los objetivos de la UE, que plantea en su borrador de reglamento del clima un recorte en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.

Al finalizar la próxima década, como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el sistema eléctrico, las renovables en 2030 deberán ser de, al menos, un 70% y las medidas de eficiencia deberán traducirse en una rebaja de emisiones del 35%.

Dado que el transporte es el responsable del 27% de los gases de efecto invernadero y que, de ellos, un tercio se concentra en grandes urbes, la futura ley obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023. Además, cualquier medida que suponga un retroceso en las zonas libres de emisiones ya creadas (como el Madrid Central) deberá contar con un informe previo de las comunidades autónomas o el Estado.

Se obligará a las gasolineras a instalar al menos un punto de recarga rápida del coche eléctrico con una potencia superior a 50 kW a las que vendan más de cinco millones de litros de combustible al año. En el caso de los puertos, se fija un objetivo de cero emisiones directas para los buques amarrados o fondeados.

El anteproyecto refuerza el control del Gobierno y la CNMC sobre las operaciones corporativas de REE y Enagás. También sobre el apalancamiento financiero de las empresas reguladas con el objetivo de garantizar el suministro.

Turismos y furgonetas

Los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que se vendan en España deberán ser de cero gramos de CO2 por kilómetro, no más tarde de 2040, según el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Este objetivo es el que ha figurado desde la primera versión de la norma, según Transición Ecológica, pese a las informaciones que apuntaban a que se prohibiría cualquier vehículo de combustión a partir de esa fecha.

El texto legal que se tramitará en el Parlamento recoge otros objetivos, como llegar a 2050 con un parque de turismos y vehículos comerciales sin emisiones directas de CO2, así como un objetivo de penetración de vehículos con nulas o bajas emisiones de CO2 para 2030, que el PNIEC ha fijado en cinco millones.

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