El Covid se carga la resolución bancaria europea
La decisión de la CE sobre las ayudas de Estado ante el desplome de la economía por el coronavirus suspende el hasta ahora régimen de rescate de la banca
Los consejeros delegados de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y Banco Sabadell, Jaume Guardiola, urgieron el viernes al Gobierno a poner en marcha un plan de ayudas directas a las empresas para lograr su supervivencia a medio plazo, con especial atención al turismo, con inversiones y el fomento del consumo. Solo con las inyecciones de liquidez, a través de los créditos con avales del ICO, no es suficiente, en opinión de ambos banqueros y de otros muchos empresarios que coinciden en este diagnóstico. España defendió el viernes ante la UE ayudas europeas para el motor tras el seísmo de Nissan en Barcelona.
De momento, es Alemania el país que más ayudas públicas ha facilitado a sus empresas, incluidos bancos. “El 50% de las ayudas europeas han ido a Alemania, incluidas antes de la crisis del coronavirus”, explica a este periódico el eurodiputado del PSOE Jonás Fernández. Alemania, incluso, llegó a solicitar ayudas públicas para la transacción ecológica, aunque varios países se opusieron a ello.
Ahora, la Comisión Europea ha abierto la mano legislativa para facilitar ayudas directas a las empresas, ahogadas por la crisis del Covid-19. Pero esta flexibilización legislativa va a suponer “un problema muy serio para la legislación de algunos sectores, caso de la banca”, declaran otras fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato.
Fernández, de hecho, explica que ya era complicado hasta ahora pretender a nivel europeo considerar que bancos en situación delicada debían ser resueltos o recibir ayudas públicas. “Las definiciones incluso de acreedores son diferentes en cada país”, añade este eurodiputado. De esta forma, es complicado imponer una misma solución a un mismo problema. Solo basta recordar las ayudas públicas que recibió la banca italiana casi coincidiendo con la resolución de Banco Popular en junio de 2017, o una caja de ahorros alemana. Incluso el portugués Novo Banco ha recibido recientemente nuevas ayudas públicas que han puesto en un brete al ministro de Finanzas luso, Mário Centeno.
Europa revisa el marco legal sobre la vigente normativa de salvamento del sector financiero y sus consecuencias
La regulación de la resolución bancaria, bajo el paraguas de la Junta Única de Resolución (JUR), se desarrolló coja desde el primer momento, según coinciden varios expertos. El eurodiputado asegura al respecto que ya en Europa “se lleva meses revisando su regulación ante las diferentes definiciones nacionales que existen de varios conceptos fundamentales al decidir qué es mejor, una liquidación o resolución, o ayudas en una determinada entidad”.
Pero ahora la crisis sanitaria y la apertura de la CE a la inyección de dinero público a las empresas va a acelerar un cambio en el marco legal sobre la salvación o no de un banco, reconocen fuentes financieras.
“Se ha abierto un debate en la CE sobre la decisión europea de conceder ayudas de Estado y cómo afecta a la banca. De hecho, con estas ayudas se carga de facto el régimen de resolución”, asegura un destacado banquero español.
Hace unos días, en un encuentro de antiguos alumnos de Esade, le preguntaron al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, sobre esta cuestión, pero el representante de la institución europea, muy hábil por su parte, decidió responder hablando del mar y de los peces.
En el comunicado de la Comisión sobre la modificación del marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19, el punto 17 ya deja en suspenso el régimen de rescate de un banco europeo, según establece la JUR.
De esta forma, una entidad financiera puede recibir ayudas públicas como otra empresa europea como consecuencia de la pandemia. Y, en consecuencia, ni accionistas ni acreedores tendrían que hacerse cargo del quebranto de la entidad financiera, como ocurrió en el caso de Banco Popular. La CE, así, establece “una excepción al requisito de reparto de cargas entre los accionistas y los acreedores de deuda subordinada”, según consta en el marco temporal europeo sobre ayudas de Estado. Por consiguiente, los bancos y sus accionistas pueden respirar más tranquilos, aunque las caídas de las cotizaciones del sector financiero no acompañen.
Europa también estudia suavizar por norma, aunque sea temporal, algunos requerimientos de capital para las pérdidas por créditos de pymes, o por el deterioro de activos, lo que significa rebajar las provisiones. El BCE y la JUR, como los bancos centrales nacionales, ya han flexibilizado en las últimas semanas las exigencias de capital al retrasar la aplicación de Basilea III o los colchones anticíclicos. También han suavizado las necesidades de provisiones, al eximir de hacer dotaciones por los créditos en moratoria de particulares por situaciones criticas derivadas de la crisis del coronavirus. Ahora, además, se estudia flexibilizar las provisiones por pérdida esperada por los créditos de las pymes.
El objetivo es que la banca insufle más liquidez en el tejido industrial de sus respectivos países sin morir en el intento.
Pero todas estas medidas de ayudas públicas tienen un grave problema. Deben consolidarse en el tiempo, y los países con más capacidad de endeudarse podrán atraer a empresas de otros Estados. Puede darse lugar a una deslocalización empresarial, con el consiguiente quebranto para los países con menos capacidad de facilitar ayudas directas.
De momento, Alemania lleva la delantera en ayudas de Estado. En España las ayudas representan alrededor del 9% del PIB; en Francia, el 12%, porcentajes que se elevan al 25% o 30% en los casos de Alemania y el Reino Unido.
¿Quién da más?
Y es que el sueño de una Europa unida en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, bajo la promesa de amarnos y cuidarnos hasta que la muerte nos separe, es eso, solo un sueño.