Una nueva etapa esperanzadora, pero también llena de interrogantes

Cuestiones como la definición de la nueva normalidad y la viabilidad de algunos negocios con las limitaciones de aforo impuestas deben ser afinadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó ayer las líneas generales del plan de desescalada con el que la sociedad española abandonará el confinamiento por la pandemia de Covid-19 y retomará gradualmente la actividad para incorporarse a la “nueva normalidad”, a la espera de una vacuna o un tratamiento contra el coronavirus. Al contrario que en otros países europeos, la hoja de ruta que detalló Sánchez no se articula por fechas, sino por fases, cuatro en total. El plan del Gobierno es que el deshielo sea gradual y asimétrico en función de la afectación y la capacidad del sistema sanitario de cada provincia, entre otros indicadores, y que se lleve a cabo en un plazo de seis a ocho semanas.

Con el plan del Ejecutivo, que comienza el 4 de mayo y exigirá seguir prorrogando el estado de alarma, España entra en una nueva etapa sin duda esperanzadora, pero también llena de interrogantes. El primero de ellos atañe a la propia eficiencia del Ejecutivo a la hora de liderar, aplicar y comunicar el plan de vuelta a la actividad, tras una gestión salpicada de errores y contradicciones en la que se ha dejado parte de su credibilidad. El propio Sánchez fue incapaz ayer de responder por dos veces a la pregunta de cuándo se podrá visitar a los familiares, lo que, como en el episodio de los niños, muestra la poca conexión del Gobierno con las preocupaciones de los españoles. Otras cuestiones tienen que ver con la falta de información suficiente y con algunos detalles del diseño del plan.

Entre los aspectos preocupantes figura el hecho de que España sigue sin contar con suficientes test diagnósticos para realizar un estudio riguroso de seroprevalencia, una de las claves del éxito de la desescalada. A día de hoy, las empresas no disponen de un marco definido que les permita ser proactivas en cuanto a la estrategia de protección sanitaria de sus plantillas, una incertidumbre acentuada aún más por la posibilidad de que se les puedan requisar material sanitario, como es el caso de las partidas de pruebas rápidas.

También el propio modelo de desescalada, que contempla un aplicación a distintas velocidades ya no solo entre provincias sino incluso entre municipios, suscita dudas razonables frente a un enfoque más homogéneo. Todavía más cuando los supuestos parámetros objetivos y transparentes que determinarán esas velocidades parten de la insuficiencia y heterogeneidad de los datos de prevalencia de la enfermedad.

Esas y otras preocupaciones, como la definición de la nueva normalidad y la viabilidad de algunos negocios con las limitaciones de aforo impuestas, son cuestiones que deben ser afinadas y en las que resulta clave escuchar a las empresas y agentes sociales.