Cómo levantar la economía del pos-Covid con solvencia

El Gobierno tendrá que superar las tentaciones intervencionistas para estimular la demanda, rearmar una industria tecnológica de futuro y reforzar la polivalencia educativa

Efe

Ni el oficialismo más entregado se cree ya que este episodio económico dibujará una V, ni siquiera minúscula en este país. Un vistazo a lo que está ocurriendo en el mundo, y en este país, en términos sanitarios y su reflejo en la economía obliga a expresar ya una U sin laconismo, fonéticamente muy sostenida, como el lastimero aullido de un pastor alemán. Pero hay que hilar fino durante la crisis y más fino después para que la U no devenga en una L, o simule el cómico peinado de Homer Simpson, www, con recaídas continuas tras brotes verdes engañosos, como ya ocurrió en España en la crisis de 2008-2013. Esa es la cuestión: encontrar las políticas correctas para sostener un crecimiento inclusivo que recupere los niveles de empleo de antes del Covid, y que esquive los desequilibrios que siempre acompañaron a España, como inflaciones crónicas o endeudamientos insostenibles. Esos desajustes son los que precipitan las recaídas y generan desconfianza en los agentes económicos internos y externos.

El ideal de una caída fuerte de la actividad y una recuperación inmediata se ha esfumado por dos cuestiones que tienen la misma naturaleza: por la generalización global de la epidemia, que cierra todos los mercados en un decalage de tres meses (China empezó en enero y Estados Unidos lo ha hecho la semana pasada), y por una duración del combate más prolongada de lo previsto. En España, puesta por caso, de los 15 días iniciales de estado de alarma se ha pasado ya casi de golpe a mes y medio, y lo que rondaré morena, porque, como ha admitido Sánchez, no se podrá aflojar mientras haya nuevos infectados, incluidos esos seres privilegiados a los que llaman asintomáticos; por tanto, que nadie se sorprenda si a primeros de junio seguimos encerrados, aunque sea con pequeñas libertades. Con este panorama, la contracción de la actividad será mucho más severa que la esperada por las peores previsiones, y será más complicado mantener las constantes vitales esenciales de la economía, de las empresas y de los particulares como para brotar con exuberancia después.

Las primeras decisiones del Gobierno para sostener tales constantes se han concentrado en la protección de las rentas de los particulares con rentas por cuenta ajena cuyo empleo pueda estar en cuestión; se ha hecho de manera atropellada y redundante, y en muchos casos con un exceso de exhibicionismo ideológico que no se corresponde después con la dimensión de la ayuda. De hecho, ha sido explícito el combate interno del Gobierno en el que una parte saca lustre a sus decisiones populistas y la otra tiene que salir al paso con decisiones que proporcionen sensatez y equilibrio en el relato. Una comparecencia pública para explicar las decisiones contra los daños de la epidemia con la presencia de Calviño e Iglesias, agua y aceite, ilustra el combate en el que están el PSOE y Podemos para resolver este lío, y cómo el sesgo populista, estatalista y prolabor de uno trata de compensarlo una visión más respetuosa con la economía de mercado.

La comparecencia surrealista para explicar/ocultar la hecatombe del empleo por el cierre de la economía es otro ejemplo para las cátedras de comunicación y ciencia política. La sindicalista neocom y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, concentra el mensaje en el hercúleo esfuerzo que ha dedicado a proteger a las “personas trabajadoras”, tratando de ocultar deliberadamente el daño sobre el empleo que ha generado el cierre y arrogándose el invento de un instrumento que existe desde la Ley Básica de Empleo de los ochenta, como es el ERTE y sobre el que tiene dificultades para explicar cómo funciona, amén de sus mensajes críticos y amenazantes contra las empresas. Un discurso que mezcla mal con el reconocimiento de la realidad que hace el economista liberal y ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, que anticipa una fortísima subida del déficit fiscal y sobre el que advierte que debe ser los más coyuntural posible. La cal y la arena que trata de mezclar Sánchez en el Consejo de Ministros.

La dilatación del cierre de la economía obligará a tomar medidas adicionales, y bueno sería que se estudiase bien cada una de ellas para que tuvieren la coherencia de la que carecen muchas de las tomadas hasta ahora, sobre todo en materia laboral. Alegar la presión de la urgencia no puede valer siempre. A las empresas se le han puesto hasta ahora más cepos que ventanas de salvamento, y bien estaría que en las próximas semanas se corrigiese tal sesgo, porque de poco servirá proteger tanto a los trabajadores (nada en contra) si se deja morir o se induce al suicidio a las empresas que mantienen a tales trabajadores. Amén de los comentarios coercitivos de la titular de Trabajo contra las empresas y de las citas a la Constitución de Iglesias que esconden un irrefrenable deseo de estatalizar e intervenir la economía, los ordeno y mando de las últimas semanas, como prohibir despedir por causas objetivas o impedir ajustes a cuantas empresas se acojan a ERTE o la invitación intervencionista de hacer permisos retribuidos recuperables son obstáculos para que las empresas gestionen con la libertad que consagra la Constitución, señor Iglesias, sus centros de trabajo. Los obstáculos solo prolongan la excepcionalidad, agrandan el daño y retrasan la estabilización y recuperación de la economía. Los obstáculos solo empujan a muchas empresas a la insolvencia, a la suspensión de pagos, al cierre. No todo el mundo es Repsol, ni Inditex, ni Coca-Cola, ni Iberdrola; la mayoría del mundo son talleres de barrio, suministros puntuales de grandes empresas, pymes familiares y autónomos con un asalariado; la gente, vaya.

La insistencia cargante del vicepresidente segundo en las bondades del Estado y el consiguiente desprecio que esconde de la economía privada es un debate del siglo pasado que se resolvió en 1989. Hay que entender que al vicepresidente segundo le salga en cada aparición pública y en las discusiones del Consejo el pelo de la sabana soviética para ponernos a todos a salvo. Pero no debe ser mucho pedir que se encargue alguien en el Gobierno de neutralizar y desautorizar semejantes desbarres, y que no tenga que ser siempre la apocada vicepresidenta Calviño, u obligar a salir a la palestra al presidente González ante la ausencia de liderazgo de Sánchez. El PSOE tiene que terminar de decidir hacia qué parte del péndulo inclina la política económica, porque de ello dependerá el futuro inmediato de la economía y del bienestar social. Y tiene que decidirlo pronto.

Los planteamientos difusos que terminan en permitir o estimular el recurso sistemático a la protección del Estado, como si fuere una vaca de ubres profundas y caudalosas, tienen que desterrarse, porque siempre que se han practicado las cosas han acabado mal. Mal acabaron en los noventa con el avance del gasto público tras la derrota de González y Solchaga en la huelga general de 1988, y mal acabaron con la imprudencia en el gasto de Zapatero cuando a partir de 2010 cesó a Solbes y puso a la obediente Salgado a que le ayudase a descontrolar las cuentas públicas. Las consecuencias las hemos experimentado en nuestros bolsillos ya dos veces, como para insistir en el saqueo del Estado como gran solución a los problemas económicos.

Las populistas medidas de subsidios a diestro y siniestro tienen su fundamento si se trata de un episodio puntual, y si están equilibradas con las decisiones que estamos pidiendo para que las empresas resistan la hibernación con éxito. Si no, y si le añadimos al cóctel esa renta mínima universal que hasta Escrivá ha comprado en un inaudito ejercicio de síndrome de Estocolmo al Gobierno de coalición, la espiral del gasto subirá como los fuegos artificiales en las ferias en un país en el que la rotación entre subempleo y paro retribuido ha generado ya una cultura del acomodo complicada de estirpar. Los subsidios son necesarios puntualmente, pero su generalización desestimula la búsqueda de empleo y el esfuerzo, como puede comprobarse en Andalucía cada año con la sopa boba del PER que convive con la llegada de decenas de miles de temporeros africanos para atender la recogida de cosechas.

Las bondades del Estado no existen sin las bondades del sector privado, que es quien lo financia. No hay Estados fuertes sin economías privadas fuertes. La economía liberal, y su ahijada la política liberal, es una aleación delicada entre el mercado y la regulación, entre la iniciativa privada y las garantías normativas públicas. Exhibir el carácter público de una sanidad eficiente, aunque mal gestionada en muchos casos, solo es posible con las aportaciones fiscales de los particulares durante años y años que aceptaron que tenía que tener un carácter mayoritariamente sindicado y público para garantizar la igualdad en el acceso al derecho fundamental a la salud. Pero es una evidencia que la actividad privada funciona con más eficiencia que la estatal (1989 tiene las respuestas), y esta crisis da excelentes pruebas de ello con una cadena de producción, tránsito y distribución alimentaria que funciona como un reloj suizo y que la economía crece más y genera más empleo cuanto más espacio se le da a la iniciativa privada.

La solución está en la economía de mercado, regulada y vigilada, pero bien estimulada con un sistema de incentivos que no admita los intervencionismos superados por fracasados. La solución está en respetar lo que hay, pero dando más espacios de libertad a la empresa, con los niveles de flexibilidad que en parte se le han conculcado en estos días de fuego cruzado regulatorio en materia laboral. Seguramemte tal cosa es más posible en el contexto de un gran pacto político nacional como el que anuncia Sánchez, pero se antoja complicado con el radicalismo de sus socios, y tras haber empuñado él mismo durante años las armas de la confrontación.

No va a ser fácil convivir con el súbito déficit fiscal que surgirá de esta crisis, si el camino más fácil para superarlo es precisamente rebajar la presión tributaria a los agentes económicos para movilizar la demanda, o si hay que echar mano, que habrá que hacerlo, de olvidados programas de inversión pública a la manera keynesiana para rearmar a la actividad manufacturera, sobre todo aquella que tiene verdadero futuro como el automóvil eléctrico o la robotización de sectores en los que España está en primera división. Pero no quedará otra. Y todo ello cumplimentado con una serie de reformas económicas que aparecen en todos los manuales pero que desde 2015 se han dejado para mejor ocasión, y algunas de las cuales son inexcusables, como el refuerzo de una educación tecnológica polivalente acorde con los trabajos del futuro, la excelencia en un sistema energético verde y a precios asequibles o la reforma integral de la función pública para acomodar su tamaño a la necesidad real y eliminar las clamorosas redundancias de personal en la era digital.