Acuerdo en el alquiler: microcréditos sin interés y ayudas de hasta 900 euros al mes para inquilinos

Los desahucios se suspenderían durante seis meses y los contratos a punto de vencer se prorrogarían durante medio año

Un piso en alquiler en el barrio de Gràcia de Barcelona.Carles Ribas (EL PAÍS)

El Consejo de Ministros debate este martes, tan solo un día antes de la llegada del mes de abril, un plan de ayuda en el alquiler para los inquilinos más golpeados por la crisis del coronavirus. Tras varias semanas de negociaciones se vislumbra un acuerdo en el que a priori no habrá una suspensión total de los pagos para los hogares y pymes más afectados, como pedía Unidas Podemos, pero sí importantes ayudas públicas para compensar a los principales damnificados.

La propuesta se articula en la habilitación de una línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la que podrían acceder los hogares, pymes y autónomos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad coyuntural, tal y como recoge el borrador del Ministerio, y que hace referencia a una pérdida de ingresos temporal, derivada únicamente de la crisis. Estos créditos, que podrán devolverse en un periodo de entre tres y seis años –ampliables a diez en algunos casos–, tendrán un interés cero. La movilización total de este plan ascendería a los 700 millones de euros.

Una de las propuestas que se añadió a última hora al borrador, y que según fuentes conocedoras de la negociación, ha allanado mucho el camino para el pacto, es posibilitar que aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los créditos del ICO dispongan de ayudas directas del Estado, con un importe máximo de 900 euros mensuales para cubrir el principal del préstamo con los intereses, y de 200 euros adicionales al mes destinados únicamente a los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos. Los supuestos que hay que cumplir para acogerse a este apoyo extra tendrán que discutirse en el seno del Consejo de Ministros.

La propuesta final está a caballo entre la moratoria que defendía el Ministerio y la condonación temporal sufragada por el Estado que pedían desde Unidas Podemos, y a la que se oponía el sector del Gobierno capitaneado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Aunque el plan del ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, aún está sujeto a cambios, parece que su aprobación está asegurada, explican fuentes de ambos frentes.

Otra novedad de última hora es que para poder acogerse al supuesto de vulnerabilidad coyuntural habrá más flexibilidad que en la moratoria hipotecaria. Aquí podrán entrar, explican las mismas fuentes, los parados, los afectados por un ERTE o por una reducción de jornada, y los autónomos que no lleguen al límite de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). En la moratoria hipotecaria de mediados de marzo, las condiciones para poder beneficiarse eran mucho menos laxas.

La propuesta del Ministerio también incluye, aunque estos puntos ya se recogían en el primer borrador de este lunes, una paralización durante seis meses de todos los procesos de desahucio por impago del alquiler, se iniciasen antes o después de la crisis; una prorrogación automática de los contratos de alquiler de vivienda que estén a punto de vencer durante medio año, y una petición a grandes tenedores –empresas, fondos y entidades financieras, inmobiliarias y de gestión de activos– de establecer moratorias de cuatro meses. En este último grupo entrarían todos los grandes tenedores (ocho o más inmuebles), y sus inquilinos podrán beneficiarse o bien de una quita de la deuda del 50% o de una reestructuración, algo que a priori sería decisión de las personas jurídicas.

La distinción entre grandes y pequeños tenedores, así como la posibilidad de que las familias y pymes más afectadas por la crisis del Covid-19 no tengan que afrontar –gracias a las ayudas de hasta 900 euros– el pago del alquiler durante los meses más críticos ha sido una de las propuestas mejor acogidas por Unidas Podemos, que pedía una suspensión sufragada por el Estado en los casos de los grandes damnificados.

Este Consejo de Ministros también abordará la aprobación de una prestación para empleadas domésticas y parados sin subsidio. En el caso de las trabajadoras domésticas (el 98% son mujeres según datos de los sindicatos) se prevé que reciban hasta el 70% de la base reguladora durante el próximo mes, con posibilidad de prórroga.

A su vez, ayer seguía en fase de diseño el ingreso mínimo vital, una medida incluida en los compromisos electorales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá.

Este lunes, los sindicatos de inquilinos de Madrid y Cataluña han convocado una huelga de alquileres que llama a las familias, pequeños comerciantes y autónomos más afectados por la crisis del coronavirus Covid-19 a no abonar las rentas de sus viviendas o locales a partir del mes de abril. En la última semana, denuncian, han recibido "miles de mensajes" de damnificados por la crisis sanitaria y económica que aseguran que no podrán hacer frente al pago del arrendamiento. Por eso, exigen, si la economía productiva se para, la economía rentista también debería hacerlo. "Las rentas inmobiliarias se siguen cobrando a precio de oro, como si la economía no se hubiera paralizado, y aboca a miles de personas a endeudarse para poder pagarlas", explican en un comunicado. Según sus cálculos, algo más de un millón de inquilinos de todo el país, entre familias y pymes, van a tener serias dificultades para hacer frente a la cuota del mes de abril.

Aunque no hay datos oficiales, el Ministerio de Agenda Urbana calcula que entre el 85% y el 90% del mercado residencial del alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades. Las consultoras inmobiliarias elevan esa cifra al 95% o 96%, mientras que los sindicatos de inquilinos la cuestionan y esgrimen estudios que reflejan que solo el 16% de los que ponen su casa en alquiler lo hacen por una "necesidad económica urgente". Cabe recordar, no obstante, que para el Ministerio o las consultoras y empresas inmobiliarias, un particular que posee y alquila hasta siete inmuebles es un pequeño propietario.