Ha llegado el momento de la banca pública

España necesita ahora un ambicioso programa de garantías para pymes, microempresas y autónomos

Ha llegado el momento de la banca pública

Detener la propagación del coronavirus Covid-19 se ha convertido en el principal objetivo de las autoridades. La enfermedad ha demostrado una gran capacidad de contagio hasta el punto de colapsar la red de hospitales públicos en las zonas más afectadas. Es obviamente prioritario evitar situaciones como las vividas en Italia, donde la falta de recursos obliga a los médicos a tomar dramáticas decisiones al establecer las prioridades para atender a los afectados. La declaración del estado de alarma, con la consiguiente confinación de la población en sus domicilios particulares, aparece como una medida audaz, necesaria y de éxito contrastado en otras zonas afectadas.

Sin embargo, esta medida tendrá graves consecuencias para la actividad económica, ya lastrada en las últimas semanas tanto por factores de oferta como de demanda. La caída de actividad ya era sensible en los sectores más expuestos a la actividad económica internacional; de hecho, en algunos casos, como el transporte o el turismo, han empezado a producirse los primeros despidos. En el lado de la oferta, la paralización de la producción ha afectado inicialmente a los sectores vinculados a las principales cadenas globales de valor, afectando a la capacidad de atender a los pedidos derivados de la actividad ordinaria de las empresas.

Estos efectos se acentuarán en las próximas semanas en un contexto de drástica caída de la demanda. Si la caída de la actividad se prolongara demasiado tiempo, podríamos ver tasas de caída del PIB que harían palidecer a las registradas en la anterior crisis financiera internacional.

En este contexto, resulta absolutamente imprescindible asegurar el acceso al crédito de las empresas, especialmente de los autónomos y las pymes (especialmente, las microempresas) que constituyen la parte más relevante de nuestro tejido productivo. Ante la caída de ingresos derivados de la actividad ordinaria, de ello depende el mantenimiento del empleo, el pago de los salarios, y por esta vía el consumo de las familias y el correcto funcionamiento de nuestro sistema económico.

No es casual que el gobierno alemán haya extendido su programa de garantías a través de su banco público promocional, KFW, tanto para las empresas pequeñas como para las empresas grandes, sin límite de volumen y asumiendo mayores riesgos. Todos sabemos que España está muy lejos del estado de salud en el que se encuentran las finanzas públicas alemanas y que por ese motivo no podemos combatir las consecuencias económicas del coronavirus con la misma intensidad que Alemania. Pero en un estado de alerta no podemos escatimar esfuerzos.

El país necesita un ambicioso programa público de garantías para pymes, microempresas y autónomos, para así facilitar su acceso a la financiación. Es imprescindible en este sentido aumentar el porcentaje de cobertura de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs), entidades que trabajan a pie de obra para cubrir las necesidades financieras de estas empresas. En la actualidad, el Estado cubre el 50% de las pérdidas derivadas de las operaciones de circulante avaladas por las SGRs. Sería imprescindible aumentar este porcentaje al 80% y negociar con la Unión Europea que las ayudas públicas derivadas de este esquema de reaval estén exentas de la normativa de ayudas de estado. Asimismo, los gobiernos regionales deberían reforzar la solvencia de las SGRs que se encuentran bajo su tutela a niveles superiores al 30%, aumentando la participación pública hasta el 50% y aportando recursos al fondo de provisiones técnicas.

Asimismo, es preciso impulsar un programa de garantías ad hoc para empresas grandes, que permita movilizar un importante volumen de recursos por parte de la banca comercial. Esta tarea debe encomendarse al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, complementariamente a la red de Institutos Regionales de Financiación (Valencia y Cataluña han anunciado ya medidas para aportar liquidez a las empresas en este contexto). Alemania ha aumentado el espectro de compañías que pueden beneficiarse de los programas de garantías públicas, aumentando el nivel máximo de facturación de los potenciales beneficiarios y cubriendo un porcentaje mayor de las pérdidas. Debemos avanzar en esa misma dirección.

Con todo, es importante entender que nuestras empresas no se enfrentan únicamente a un problema de liquidez. Ante la caída de actividad, muchas de ellas acumulan ya pérdidas importantes que pronto harán peligrar su posición de solvencia. Aunque el Estado ofrezca garantías a la banca comercial, la experiencia previa nos dice que las medidas carecerán de efectividad si el mercado considera que las empresas no disponen de fondos propios suficientes para cubrir las pérdidas derivadas de los meses de inactividad. Obviamente esta situación será tanto más relevante cuanto más tiempo tardemos en controlar la epidemia. En este contexto, para las empresas que operan en los sectores más afectados, sería necesario acompañar las medidas de liquidez con instrumentos financieros como los préstamos participativos que, sin renunciar al reembolso del principal por parte de la administración, computen como patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades.

Con las medidas de la semana pasada, el BCE ha vuelto al “lo que haga falta”, aportando financiación a tipos negativos a los bancos para que la hagan llegar a las pymes. Consciente de que ello no será suficiente, ha pedido ayuda a los gobiernos, en particular con medidas como la concesión de garantías de crédito, que deberán complementarse con instrumentos con capacidad para absorber pérdidas allá donde sea necesario. Es la hora de la banca pública, para que sumando fuerzas con la banca privada, pueda paliar las consecuencias económicas del coronavirus.

Manuel Illueca/ Joaquín Maudos son Director General del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) / Catedrático de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF