A por más fondos europeos para paliar el cierre de las centrales carbón

CC OO calcula que 3.124 personas perderán sus puestos de trabajo

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España no ha necesitado imponer normativamente una fecha para abandonar definitivamente el uso del carbón, algo que sí han hecho la mayor parte de otros países europeos. De las quince centrales térmicas de este tipo que hay en nuestro país, solo tres permanecen operativas: Soto de Ribera y Aboño II, en Asturias, y Los Barrios, en Cádiz, con una potencia conjunta de algo más de 2.000 megavatios (MW). Las 12 restantes ya han cerrado.

Sin embargo, la rapidez con la que se ha producido este proceso ha generado un nuevo problema. Miles de personas que viven en los quince municipios de las seis comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León y Galicia) donde están ubicadas estas centrales esperan desde hace meses que se despeje su futuro laboral, económico y social.

Los alcaldes de las zonas afectadas temen una mayor despoblación

Un estudio elaborado por CC OO calcula que el cierre de las centrales impactará sobre 3.124 personas (1.727 empleos directos y 1.397 de contratas) y tendrá efecto sobre otros 6.000 puestos de trabajo inducidos. Hay que sumar también la pérdida de ingresos vía impuestos de los ayuntamientos afectados: más de la mitad del presupuesto en Cubillos del Sil (León), un tercio en Carboneras (Almería) o más del 25% en As Pontes (Coruña), según fuentes municipales.

Los alcaldes han puesto ya su mirada sobre Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Todos están muy pendientes del nuevo fondo de transición justa que aprobó la Comisión Europea en enero, cifrado en 7.500 millones de euros y destinado a la reconversión industrial y energética. Este dinero forma parte del Pacto Verde Europeo, que busca reducir a cero las emisiones de carbono en 2050 en la UE.

Paradójicamente, este fondo beneficiará más a los países que están más retrasados en el uso de energías renovables, como Alemania, Polonia o Rumanía. España, que ha reducido el uso del carbón en el mix hasta el 5% en 2019, solo tendrá acceso a un 4%, unos 300 millones.
Desde el ministerio aseguran que van a utilizar el buen comportamiento de España en el uso de las energías renovables “para reclamar ajustes” a unas cifras que califican de “propuesta”. Fuentes del ministerio aseguran que se “pedirá más dinero” y que hay que “beneficiar a quien tiene hechos los deberes en la descarbonización”.

Jesús Crespo, responsable de energía de CC OO, considera que “se está llegando tarde para solucionar el problema”. Cree que “las empresas están despidiendo ya a la mayoría de los trabajadores de las contratas” y denuncia que a día de hoy “no conocemos ningún plan” para hacer frente a esta situación.

Una ausencia de planes que confirman los regidores de As Pontes, Valentín González; de Carboneras, José Luis Amérigo, y de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas, todos del PSOE. Los tres se han puesto a buscar opciones que eviten un efecto triple: destrucción de la industria, de empleos y despoblación.

Hitos y cambios

Historia. La explotación del carbón comenzó en Asturias en 1770. Un siglo después llegó la expansión por los transportes y la siderurgia. Con la Primera Guerra Mundial vivió su esplendor y el declive en 1929, la Gran Depresión. Desde 1960 entra en caída al utilizarse el petróleo, la luz o el gas.

Reestructuración. Con la entrada de España en la UE se inicia el proceso de ajuste con el cierre de minas y la pérdida de empleo. Ahora solo hay abierto un pozo, el Nicolasa, en Asturias, donde trabajan unos 200 mineros.

Consumo. El uso del carbón para la generación eléctrica ha sufrido un paulatino descenso. En 2019 solo cubrió el 5% de la producción en España, según Red Eléctrica de España (REE).

González afirma que ya están trabajando “en unas cuantas ideas que dependen del compromiso de todos”. Entre ellas destaca la necesidad de aprovechar “el hecho de que tenemos el mayor eje forestal de toda Europa”. De ahí tiene que salir, en su opinión, la creación de “una industria para transformar toda esa madera aquí” y asegurar el futuro de todos.

En Carboneras se une la escasez de suelo industrial y el hecho de que la mayoría de su término está protegido al ser parte del Parque Natural de Cabo de Gata. Amérigo ha encargado la elaboración de un plan estratégico a varias empresas y a la Universidad de Almería. “La clave está en la diversificación”, dice, y menciona “la industria sostenible, el turismo o el envasado de los productos del mar”.

Más complicado lo tienen en Cubillos del Sil, donde su primer edil recuerda que “toda la comarca del Bierzo ha sido un monocultivo” ligado a la generación de energía.

Los regidores pelean por el empleo

Los alcaldes de Los Barrios (Cádiz), Miguel F. Alconchel; Cerceda (A Coruña), José García; Carboneras (Almería), José L. Amérigo; La Robla (León), Santiago Dorado; As Pontes (A Coruña), Valentín González, y Cubillos del Sil (León), Antonio Cuellas, y el concejal de Urbanismo de Carboneras, Pedro López.
Los alcaldes de Los Barrios (Cádiz), Miguel F. Alconchel; Cerceda (A Coruña), José García; Carboneras (Almería), José L. Amérigo; La Robla (León), Santiago Dorado; As Pontes (A Coruña), Valentín González, y Cubillos del Sil (León), Antonio Cuellas, y el concejal de Urbanismo de Carboneras, Pedro López.

Defender con una sola voz los intereses de sus municipios y exigir a las Administraciones y empresas que se impliquen directamente en resolver los problemas de paro y desindustrialización. Estos son los objetivos principales de la recientemente creada Asociación Nacional de Municipios para una Transición Energética Justa. De momento, la integran los ayuntamientos de Los Barrios (Cádiz), Cubillos del Sil (León), Cerceda (A Coruña), Alcudia (Baleares), La Robla (León), Carboneras (Almería) y As Pontes (A Coruña).

El verdadero caballo de batalla va a ser luchar para conseguir que los empleos que hay en estas zonas se queden en el mismo sitio, y no “se los lleven a 100 kilómetros”, como señala el alcalde de As Pontes, Valentín González, o “a otro lugar de la provincia”, como advierte su homólogo de Carboneras, José Luis Amérigo.

González plantea que vigilarán el proceso de subasta de los derechos de evacuación de los megavatios de las centrales. “No consentiremos bajo ningún concepto que se lleven el empleo fuera del municipio”, avisa, y anuncia “movilizaciones” si ocurre. Sobre este aspecto, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalan que “el Gobierno está desarrollando una norma que permitirá la sustitución de la potencia térmica de carbón por energías renovables en el mismo punto”.

Tanto en As Pontes como en Carboneras, fuentes de Endesa, propietaria de las centrales, aseguran que “garantizarán el puesto de trabajo a los empleados de ambas plantas” con recolocaciones, medidas formativas y en su desmantelamiento. Además, la empresa ha elaborado el plan Future-e para “atenuar el impacto sobre el empleo en las zonas desde un enfoque de transición justa”.

Según estas fuentes, en Galicia se invertirán “1.580 millones de euros y se crearán 1.250 empleos directos de media anual en los seis años de construcción de 1.505 MW de renovables en el periodo 2020-2026 y 125 en la de operación y mantenimiento”. En Almería y en el mismo periodo, Endesa “invertirá 1.200 millones y creará 700 empleos directos en la fase de construcción y 110 en la de operación y mantenimiento para la construcción de 1.520 MW de potencia solar y eólica”.

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