El BCE, a examen...¿qué podrá hacer Lagarde por el ciudadano de a pie?
La presidenta afirma que contemplará las opiniones de la sociedad civil en su revisión estratégica. La política de la institución ha abaratado el crédito y reanimado la economía pero también ha minado el ahorro y distorsionado el mercado
Christine Lagarde ha emprendido al frente del Banco Central Europeo (BCE) una revisión de la política monetaria con la que someter a examen las medidas adoptadas por la institución hasta el momento y el mandato actual de acercar la inflación en la zona euro al 2% y con la que pretende además acercar la tarea de la institución al ciudadano de a pie.
En un momento en que la política del BCE ha perdido efectividad a la hora de impulsar la economía de la zona euro y después de que los años de austeridad que siguieron al estallido de la crisis hayan alimentado el desapego de los europeos hacia sus instituciones, Lagarde aspira a acercar la política monetaria a la gente. “Estoy de veras comprometida con ser capaz de escuchar las expectativas de la gente, para entender mejor sus inquietudes económicas y sus necesidades y cómo darles respuesta”, aseguró Lagarde en la rueda de prensa del pasado 23 de enero.
En la ronda de contactos que prevé iniciar dentro del proceso de revisión de la estrategia del BCE –y que incluye a la comunidad académica y a instituciones como el Parlamento Europeo–, Lagarde comenzará en marzo por reunirse con representantes de la sociedad civil. ¿Pero de qué modo puede el BCE acercarse al ciudadano? ¿Cómo le afectarán las conclusiones a las que llegue el banco central en la revisión de su estrategia?
Tipos de interés
Después de estímulos multimillonarios y de haber quedado al límite de su capacidad de actuación, los expertos critican que el BCE ha perdido capacidad para incidir en la economía real, pero no hay duda de que lo ha hecho durante largo tiempo y de forma determinante. El BCE, con Mario Draghi al frente, logró contener en 2012 la espiral de extrema desconfianza hacia el proyecto del euro y hacia la deuda pública de la periferia, que disparó hacia niveles insostenibles el coste de financiación de grandes países del club como España o Italia.
El compromiso de Draghi en proteger el euro, a través de todas las medidas que fueran necesarias, permitió el descenso en picado de la prima de riesgo española, volviendo a dar un respiro a los gobiernos, de modo que la prioridad absoluta de la política económica no fuera el pago de la deuda. Pero la tarea de recuperar la confianza de los inversores pasó también por duros ajustes y reformas, de los que el BCE fue celoso vigilante.
El apoyo sostenido del BCE –con bajadas de tipos hasta bajo cero, inyecciones de liquidez a la banca para favorecer el crédito y compras de deuda para abaratar de forma generalizada el coste de financiación– ha permitido la recuperación económica y la creación de 11 millones de puestos de trabajo en la zona euro desde el estallido de la crisis, según defendió Draghi al término de su mandato.
Pero los tipos cero también han minado la rentabilidad del ahorro, mientras que las compras de deuda han distorsionado en un grado sin precedentes el precio de los activos financieros. La conclusión que adopte en su análisis el BCE sobre la conveniencia de continuar con los tipos negativos y las compras de deuda, y su efectividad, tendrá por tanto un efecto indudable en el ahorro de los ciudadanos, aunque una gran mayoría no sea muy consciente de ello.
“El ciudadano español de a pie no es consciente de los tipos negativos, no los asocia al BCE”, señala Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera y que muestra su inquietud por la presión que soportan las entidades financieras para dirigir a sus clientes hacia activos de mayor rentabilidad que los depósitos, como los fondos de inversión. Generan más ingresos para la entidad pero también mayores dosis de riesgo para la clientela.
Aunque no lo sea en España, la pérdida de rentabilidad del ahorro a causa de los tipos negativos sí es una cuestión sensible para la opinión pública alemana. Y, según Zunzunegui, “la forma de culpabilizar al BCE de los problemas de la banca alemana”. Así, a la hora de pedir más estímulos fiscales, Lagarde también deberá tener en cuenta las críticas a los tipos negativos del país más influyente en el BCE.
Inflación
El mandato supremo del BCE es la estabilidad de precios, un objetivo que no está de ningún modo a debate en la revisión estratégica aunque sí la meta concreta de inflación que ha de alcanzarse. La consigna vigente desde 2003 es mantener la inflación en un nivel inferior, aunque próximo, al 2% a medio plazo. Sin embargo, el nivel de precios continúa de forma tozuda lejos de ese umbral pese a los innumerables esfuerzos del BCE por elevarlo.
Ante una realidad económica que además ha cambiado en profundidad desde 2003, con fenómenos como el desarrollo de las nuevas tecnologías y de internet que abaratan los costes de producción o el envejecimiento de la población, Lagarde asegura que se impone la necesidad de revisar esa meta.
La duda es cuál será el nuevo objetivo de inflación que establecerá el BCE, una decisión con inevitables consecuencias para el ciudadano. Después de todo, se trata de potenciar la efectividad de la política monetaria, de modo que los tipos negativos sirvan realmente para impulsar la economía y no terminen por causar un perverso efecto contrario. Y, si el BCE cumple con su mandato de estabilidad de precios, habrá llegado el momento de desmontar el entramado de medidas extraordinarias que han distorsionado el mercado y minado la rentabilidad del ahorro. Será por tanto el momento de plantear subidas de tipos de interés, que traerán también el aumento del coste de financiación y el encarecimiento de los créditos.
“El BCE podría establecer un objetivo de inflación de entre el 2% y el 2,5% y lanzar un compromiso contundente con la estabilidad de precios que elevara las expectativas de inflación”, señala Raymond Torres, director de coyuntura y análisis internacional de Funcas. La mayoría de expertos apuesta por que el BCE establecerá un objetivo de inflación o bien del 2% o bien con margen para quedar por encima o por debajo de ese nivel. Aunque un objetivo de precios más ambicioso que el actual también implica la continuidad de los estímulos monetarios para lograrlo. Es decir, tipos cero durante más tiempo. “No será una cuestión fácil y será necesaria una ardua tarea de reconstrucción del consenso dentro del BCE”, apunta Marian Fernández, responsable de macroeconomía de Andbank España.
Para Raymond Torres, más allá del debate sobre un nuevo objetivo de inflación, es también clave que el BCE no pierda de vista el mantenimiento de la estabilidad financiera. Además de la política monetaria y todo lo relativo a los tipos de interés, el BCE tiene a su cargo la supervisión de los principales bancos de la zona euro, una tarea sensible donde la haya para el ciudadano de a pie. El objetivo es que no se vuelva a repetir lo sucedido durante la crisis, cuando numerosos bancos fueron rescatados con dinero público. Y tras años de tipos de interés en mínimos, será crucial que los bancos no vuelvan a asumir riesgos en exceso, aunque los rescates ya corran a cuenta de los accionistas y no del contribuyente.
”El mandato de estabilidad de precios del BCE no puede cambiar, pues está consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la UE, pero la autoridad monetaria sí podría simplificar y clarificar la definición de estabilidad de precios y revisar la forma en que se mide la inflación, por ejemplo, revisando el papel que juega el sector residencial”, explica Konstantin Veit, gestor senior de Pimco.
La vivienda
Christine Lagarde ya avanzó en enero que uno de los numerosos temas de debate será la forma en que se calcula la inflación y que en la actualidad incluye el precio de la vivienda de forma sesgada. En la cesta del IPC solo computa el precio del alquiler, en la que tiene un peso del 6,5%. pero queda excluido el coste de tener, y mantener, la casa en propiedad en la que se reside. En definitiva, el pago de una hipoteca, la factura presente en la gran parte de los hogares españoles.
La modificación del cálculo del IPC no corresponde al BCE sino a las autoridades nacionales de estadística, como el INE o el Eurostat a nivel europeo. Según apunta Goldman Sachs, la inclusión del coste de la vivienda habitual en propiedad plantea dificultades prácticas y de concepto, como la frecuencia y puntualidad de los datos y la armonización de la metolodogía empleada en las agencias estadísticas nacionales. Pero el efecto de incorporar ese dato sería de un alza en el IPC armonizado de la zona euro de entre 10 y 30 puntos básicos.
Según calcula S&P, si se incluyera el coste de vivir en una casa en propiedad en el cálculo de los precios, la tasa de inflación se elevaría el 0,3%. La agencia de rating recuerda que el porcentaje de viviendas en propiedad es del 77% en España y del 51% en Alemania y apunta que los bancos centrales de países donde el coste de vivir en una casa propia está incluido en el cálculo del IPC -como sucede en EE UU, Suecia y Noruega- han tenido más éxito en acercarse a sus objetivos de inflación. Y a mayor efectividad al lograr la estabilidad de precios, más opciones para subir los tipos de interés.
Mandato ‘verde’
Lagarde también ha declarado su vocación de hacer más sostenible la labor del BCE, reflejo de una creciente demanda de la sociedad. Está por ver si, en consecuencia, la institución favorecerá a los bonos verdes en sus compras de deuda, rompiendo el principio de neutralidad que ha marcado su política de adquisiciones y abriendo previsiblemente otro foco de debate y división interna.
El renovado papel de la comunicación
Dentro de la aspiración del BCE de hacer su labor más próxima a la ciudadanía, la comunicación ha cobrado una renovada importancia. “La política de comunicación del BCE es una parte esencial de las obligaciones de rendir cuentas y de buena gobernanza a las que está sujeto en su calidad de autoridad monetaria y de supervisión independiente”, señala el BCE dentro de sus principios rectores para las actividades de comunicación externa. “El contacto y los intercambios periódicos con miembros del público, del sector privado, del mundo académico, de grupos de interés, de asociaciones representativas y de la sociedad civil aportan información relevante para entender la dinámica de la economía y de los mercados financieros y el contexto social más amplio”, añade el texto, publicado el pasado año.
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