Juicio a los controladores aéreos

César Cabo, exportavoz de los controladores: “Había suficientes compañeros para que los vuelos siguieran operando”

Ocho acusados han defendido este miércoles que no era necesario el cierre del espacio aéreo y niegan haber abandonado su puesto de trabajo

César Cabo, ex portavoz del sindicato de los controladores aéreos, Usca.
César Cabo, ex portavoz del sindicato de los controladores aéreos, Usca.

Había personal suficiente, no hubo abandono de los puestos de trabajo y el desvío de los vuelos a otros espacios aéreos bastaba para mantener la normalidad del tráfico entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Estos son los argumentos que este miércoles han aportado ocho acusados que mantienen su inocencia en el juicio a los controladores, que se celebra en Madrid. "Tuve un ataque de ansiedad por 300 o 400 llamadas que me hicieron la noche del día 3", ha asegurado César Cabo, portavoz del sindicato de controladores USCA y cabeza visible durante el caos aéreo, que llevó al Gobierno a cerrar el espacio aéreo.

Cabo mantiene su inocencia y ha asegurado que hasta el 2 de diciembre, fecha en la que regresó a España de un viaje vacacional, no tuvo ningún contacto con miembros del sindicato USCA. Su abogada, con ironía, le ha preguntado si organizó o participó "en un abandono de servicio público, incluso desde Camboya", donde se encontraba Cabo esos días.

Al regresar a España, y tras suceder el cierre del espacio aéreo, el exportavoz dijo haber sufrido amenazas de muerte. "El Ministerio del señor Blanco hizo una campaña contra los controladores", ha apuntado. Cabo ha suscrito los argumentos de los otros encausados que han declarado en la sesión: había personal suficiente para mantener el tráfico sin necesidad de un cierre en todo el país y ha afirmado que algunos de los trabajadores ya sobrepasaban las horas laborables del convenio colectivo antes de finalizar el año.

Otros siete controladores, algunos no suscritos al sindicato mayoritario, han declarado que no sintieron que faltase personal. Con el cierre del espacio aéreo, la actividad disminuyó esas dos jornadas, han añadido. Los acusados han defendido que no abandonaron su puesto de trabajo y que con el desvío a otros espacios aéreos hubiese bastado para mantener la normalidad del tráfico aéreo. Uno de los acusados ha explicado al respecto que el cierre del centro de control de Barajas hubiese afectado en torno "al 40% de los vuelos", pero la situación se hubiese reconducido enseguida al "redireccionarlos a Barcelona o Lisboa".

Otros seis trabajadores ya aportaron estos argumentos el lunes, día en el que comenzaron las declaraciones de los procesados que siguen adelante con el juicio. Los acusados también han negado que en aquel momento solo fuesen a operar las salidas y llegadas de vuelos de emergencia. Sí han reconocido un goteo de salidas más espaciado de lo habitual en el centro de control madrileño (aproximadamente cada cinco minutos, en vez del minuto y medio al uso) hasta que se decretó el cierre del espacio aéreo.

Enaire defiende que el cierre era la única opción

Antonio Almodóvar, entonces responsable de división de tráfico aéreo de Aena, ha sido mencionado por la mayor parte de los declarantes: han asegurado que fue él quien pidió el rate 0 (no aceptar tráfico aéreo). Dos de las acusadas han dicho que lo solicitó "a gritos". Otro declarante ha asegurado que fue este jefe de operaciones quien le ofreció firmar el formulario 34.4, de disminución de capacidad, que se suscribe cuando existen problemas psicofísicos para desempeñar el trabajo. La fiscal asegura que 59 de los 66 controladores del turno de tarde del día 3 firmaron el impreso, lo que define como "una acción colectiva y concertada para paralizar la actividad".

Los acusados han señalado que ese escrito no implica dejar de trabajar automáticamente. Además, han aseverado que no abandonaron el puesto esos dos días y realizaron los relevos habituales con otros compañeros. Ángel Luis Arias, actual director general de Enaire, ha declarado que la disminución de actividad era la única solución ante las "entregas masivas de formularios". Arias ha afirmado que en Palma se estableció el primer rate 0, luego extendido a otros 17 centros de control, y ha definido el caos aéreo del puente de diciembre como "un hecho único en España y en el mundo". Como responsable civil subsidiario de la empresa pública, Arias ha dicho que el ambiente de ese día era tenso. Por último, ha aclarado que la situación se normalizó pasado el mediodía del sábado 4, cuando un representante sindical pidió a los empleados que volvieran al trabajo.

De los 133 controladores encausados, 119 suscribieron ante la magistrada los pasados días el acuerdo con Fiscalía. El pacto les otorga una reducción de la multa, que asciende a 15.000 euros, salvo para altos cargos de USCA, que deben pagar 30.000 euros y tendrán una suspensión de empleo y sueldo de 5 meses. El Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación multas que oscilan entre los 60.000 y los 75.000 euros para los 14 acusados que no han pactado por un delito de abandono de servicio público. De las 22 causas en las que se ha desgajado el proceso judicial, 20 terminaron sobreseídas y una, en Baleares, con el pago de multas tras un acuerdo entre controladores y Fiscalía.

"A un minuto de colisionar": el incidente del 3 de diciembre

Los acusados han apuntado a un incidente entre dos aeronaves en Madrid como motivo de que sus capacidades psicofísicas se viesen mermadas. Pasadas las 15.00 horas del 3 de diciembre, un helicóptero y un avión de Iberia coincidieron a 7.000 pies de altitud. El primero de los acusados en declarar, el controlador Roberto Huerta, dio orden ese día de que el avión ascendiera para evitar una colisión. "Estuvieron a un minuto de pegársela", ha reconocido Huerta. El incidente se extendió entre los trabajadores del centro de control. Los acusados consideran que ese suceso produjo "un ambiente de nerviosismo generalizado" que, junto al cómputo de horas trabajadas, motivaron que muchos firmaran el formulario de incapacidad.

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