Justicia

La magistrada rechaza suspender el juicio oral a los controladores aéreos, como pedían las defensas

Los letrados de los trabajadores pedían la reproducción de las cintas de grabación de los centros de Torrejón y Barajas

La magistrada Margarita Valcarce ha rechazado la suspensión del juicio oral a los 133 controladores aéreos en los juzgados de lo penal de Madrid. La defensa ha esgrimido como principal motivo para el cese que las grabaciones originales de los centros de control de Torrejón y de Barajas (y no la transcripción) debían de ser una prueba en el juicio. La magistrada considera que tras nueve años de litigio los representantes legales de los controladores tuvieron tiempo para solicitar las cintas, y añade que todas las partes autorizaron en su momento el volcado y la transcripción de esas conversaciones.

La jueza instructora tampoco ha aceptado otros motivos de la defensa, como que la causa debía juzgarse en un primer momento por la vía civil o que no estuviesen presentes todos los acusados. Tampoco admite la solicitud de un letrado, que ha pedido que a los controladores se les juzgue a través de tribunales militares basándose en el Real Decreto de la época de Zapatero, que militarizó el servicio de control aéreo.

Pero ha sido la cuestión de las grabaciones la que ha causado resquemor en la Fiscalía. Su representante no ha dudado en decir que la defensa de los acusados se escuda en las grabaciones del 3 y del 4 de diciembre de 2010 para dilatar un proceso que empezó a juzgarse hace casi diez años. Y ha añadido otro argumento, poco después suscrito por la jueza Valcarce: la transcripción de las grabaciones se llevó a cabo “con conocimiento de todas las partes y el visto bueno del técnico de Aena”. La judicialización del caos aéreo de 2010 se desgajó en 21 sentencias en distintos tribunales españoles, de las que 20 terminaron en sobreseimiento. Solo en Mallorca un grupo de controladores fue declarado culpable y pactó el pago de una indemnización.

En las próximas semanas, cada uno de los 119 controladores que llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía sellarán el acuerdo, uno por uno, en la sala. En la primera sesión, este miércoles, lo han hecho 20 controladores, aunque en la sala también estuvieron presentes ocho de los 14 trabajadores que no se han sumado al acuerdo. Por ese pacto, los firmantes reconocerán un delito de abandono de servicio público y pagarán una multa de 15.000 euros, salvo seis delegados sindicales, que depositarán 31.000 euros y a los que se les inhabilitará cinco meses.

Después de que la magistrada haya dado luz verde al juicio, parte de las defensas han destacado el desembolso de 15 millones de euros que ya ha hecho USCA. Esa cantidad, a razón de 1.000 euros para cada uno de los aproximadamente 15.000 afectados que recurrieron, ya fue pagada por parte de los acusados.

César Cabo declarará el 29 de enero

 A finales de enero, el día 29, está previsto que declare César Cabo, el único de los altos delegados de Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), convocante de aquella huelga, y que no se ha acogido al acuerdo. En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita penas que van de los 60.000 euros y pueden ascender hasta los 75.000 euros para quienes siguen defendiendo su inocencia.

Fuentes judiciales y del sindicato mayoritario explican a Cinco Días que en esa fecha, el 29 de enero, termina el plazo para sumarse al acuerdo de la Fiscalía, por lo que no descartan que la cifra de 119 controladores aumente en los próximos días. 

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