La UE reducirá un 25% la exigencia de capital en créditos sostenibles
La bonificación solo se aplicará a financiación de bajo riesgo para proyectos de servicios públicos
Europa quiere bancos implicados en la sostenibilidad del planeta. Considera que pueden hacer bastante para contribuir al cambio climático a través de diferentes estrategias de financiación. Y para que la banca sea más ecológica en su financiación e inversiones, la Comisión Europea ha introducido un artículo en su directiva CRR2, por el que se bonificará a los bancos europeos con hasta un 25% del capital exigible por contribuir a la lucha contra el cambio climático para ciertas exposiciones a créditos sostenibles que reúnan toda una serie de requisitos. El objetivo es impulsar la transición hacia una economía menos intensiva en carbono.
El artículo en cuestión, el 501 bis, es una nueva redacción introducida en junio a la regulación de solvencia (CRR2), cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2021, aunque todavía debe pasar por varios trámites legislativos, por lo que podría retrasarse su aplicación.
La normativa exigirá la trasposición al ordenamiento jurídico nacional. Por ello, los expertos esperan que al final se retrase su entrada en vigor, ya que quedan muchos flecos para poder ser efectiva. El artículo 501 bis de la directiva señala que los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito se multiplicarán por un factor de 0,75 siempre que se cumplan los 15 requisitos que se mencionan en dicho artículo. Entre ellos está que el deudor haya evaluado si los activos que se están financiando contribuyen a seis objetivos medioambientales: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición a una economía circular, prevención y reciclaje de residuos, prevención y control de la contaminación y protección de ecosistemas saludables.
Esa bonificación o menor consumo de capital solo se aplicará cuando sea exposición sea financiación a un ente creado específicamente para financiar o gestionar estructuras o instalaciones físicas, sistemas y redes que presten o apoyen servicios públicos esenciales. Además, la fuente de reembolso de la deuda debe provenir al menos en dos tercios de su importe de las rentas generadas por los activos financiados y no por la capacidad independiente de una empresa comercial tomada en su conjunto, o por subsidios, subvenciones o financiación concedidos por ciertos entes públicos.
Además, para que ese menor consumo de capital sea posible, debe tratarse de créditos de bajo riesgo, en las que el deudor pueda cumplir sus obligaciones financieras incluso en situaciones de tensión grave; que los flujos de efectivo que genere el deudor sean previsibles y cubran todos los futuros reembolsos durante la duración del préstamo, y que el riesgo de refinanciación de la exposición sea bajo o esté adecuadamente reducido, entre otros requisitos. También se exigen toda una serie de garantías incluido que se pignoren acciones en favor de los prestamistas de modo que puedan tomar el control de la entidad en caso de impago, que la financiación tenga mayor prelación que los demás créditos y varias exigencias más. Solo cumpliendo todas ellas, esos préstamos verdes para financiar proyectos de infraestructuras consumirán menos capital.
Según el socio de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento de KPMG en España y responsable de Empresa Familiar de la firma, Ramón Pueyo, hay ya 30 billones de dólares invertidos a escala mundial en activos considerados como sostenibles, lo que equivale a multiplicar por 27 veces el PIB o la riqueza española.
A ello se suma, que existe un billón de dólares en bonos sostenibles y cerca de 100.000 millones en bonos considerados igualmente como sostenibles.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha lanzado ya unas guías para garantizar que las entidades incluyan factores medioambientales en sus planes de riesgo. El Banco de España también ha creado un grupo de trabajo con las entidades para analizar estos riesgos. El BCE ha identificado este año por primera vez los riesgos climáticos como riesgos a seguir, y se incluirán en los test de estrés.
La banca, de hecho, considera ya el cambio climático como estratégico dentro de sus planes. Ya el 90% de los inversores institucionales tienen muy en cuenta estos riesgos medioambientales para invertir en las empresas.
El director de servicios de consultoría del sector financiero de KPMG en España, Pablo Vañó, explicó que la sensibilidad es tal que las empresas están suscribiendo voluntariamente programas que les comprometen con la lucha contra el cambio climático, con independencia de que sus países no los hayan firmado en ciertos casos o no existe una definición clara de qué se considera como tal. El problema es que la ausencia de definiciones específicas hace que ni las agencias de rating coincidan en las valoraciones de este riesgo.
La UE en la creación de una taxonomía específica que definirá qué se entiende por sostenible y cómo debe computar cada actuación.
El Banco de España ha creado un grupo de trabajo con las entidades para analizar estos riesgos. El BCE ha identificado este año por primera vez los riesgos climáticos como riesgos a seguir, y se incluirán en los test de estrés.