Lo que la España urbana debe a la España despoblada

Un 10% de la población española, que ocupa el 70% del territorio, se encarga de la sostenibilidad del 100% de las reservas de agua y oxígeno

Lo que la España urbana
debe a la España despoblada

Un 10% de la población española, que ocupa el 70% del territorio, se encarga de la sostenibilidad del 100% de las reservas de agua y oxígeno para disfrute de todos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias prometieron en campaña electoral prestar una atención muy especial al proceso de despoblación que sufre una parte importante de España, especialmente las dos castillas y Aragón, hasta el punto de que el presidente en funciones anunció la creación de un ministerio específico. Los movimientos sociales que llevan años trabajando este problema han conseguido que cale ya que estamos ante una emergencia y han cogido tal dimensión que Teruel Existe ha llegado al Congreso de los Diputados con un escaño.

El problema nace de la concentración de la población en las grandes ciudades y en las provincias costeras. Este desplazamiento ha llevado a que hoy el 90% de la población española se concentre en 1.500 municipios, que ocupan el 30% de la población española; mientras que en el restante 30% del territorio lo habitan el 10% restante de los españoles, es decir, menos de cinco millones de personas. Por tanto, son pocos y muy repartidos, argumentos que se convierten en el mantra para condenarles a soportar servicios públicos malos o inexistentes.

Se da la circunstancia de que el aumento de la sensibilidad con los problemas del medio rural coincide con el clamor mundial para frenar el cambio climático. Puede ser que estemos ante una coincidencia feliz, ya que en las políticas para afrontar el reto medioambiental pueden estar buena parte de la solución a la despoblación. Para que esto pase, hay que empezar por dar la vuelta a las argumentaciones tradicionales.

Lo razonable es pensar que es insostenible que el 10% de la población sea el encargado de conservar y sostener el 70% del territorio, cuando además se da la circunstancia de que en esos territorios es donde están los elementos esenciales de nuestra existencia. Es en esas zonas donde están el 100% de las reservas de agua y de oxígeno, y buena parte de nuestra despensa alimentaria, dado que es el espacio natural de la agricultura y la ganadería.

Si esto es así, ¿tiene sentido que la sostenibilidad del medioambiente la asuma un 10% de la población, que además es donde se concentran el mayor número de jubilados, con las peores pensiones y los peores servicios públicos? Es evidente que no tiene sentido y además es injusto.

Esta semana se han reunido en Sigüenza (Guadalajara) un buen número de expertos en el medio rural para debatir sobre este tema, en el marco del congreso Despoblación: un reto político y poético, organizado por la revista Contexto. La principal conclusión es que para abordar este reto se necesita cambiar el sistema de financiación autonómico y municipal, que básicamente está construido bajo la premisa de tantos habitantes tienes, tanto dinero recibes. Sin tener en cuenta la dispersión de la población, que hace el coste del servicio cambie de manera radical.

La denominada España Vacía o Vaciada está siendo enormemente generosa, y es hora de que perciba un justiprecio por mantener unas condiciones medioambientales que permiten que ese 90% de la población, que vive concentrado en el 30% del territorio, tenga una atmósfera respirable y disponga de un recurso imprescindible como el agua.

Igual que la industria ha asumido que el que contamina paga, y hasta se ha desarrollado un mercado de derechos de contaminación, es el momento de dar el salto a que el que conserva, el que oxigena, cobra. Las zonas despobladas, con bosques enormes como los de la Comarca de Pinares en Burgos y Soria, son sumideros naturales que traga y reciclan el CO2 generado por las industrias y la movilidad de las grandes ciudades y esto tiene que ser recompensado.

Esos recursos financiarían que la gente tenga las condiciones óptimas para vivir en esos territorios. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, resume señala tres requisitos: igualdad de servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales) en toda España, generar actividad empresarial que dé empleo y desarrollo de la infraestructura digital. El primer punto no debería hacer ni falta, puesto que es un mandato constitucional, y todos están entrelazados. Sin empleo no hay población y sin población no hay servicios.

Todo esto puede sonar a utópico, como sonaba la igualdad entre el hombre y la mujer, pero lo que es justo termina por pasar. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, propuso, hace dos meses en una conferencia en Bruselas, que el 20% de lo que se recauda por el impuesto de hidrocarburos se dedique a reforestar. Estima que si se hiciera dicho plan de reforestaciones, en 30 años, de aquí al 2050 se neutralizaría lo que se contamina quemando combustible con los coches.

En 2018 se recaudaron en España 11.210 millones por el impuesto de hidrocarburos. El 20% son 2.240 millones al año, una fortuna para reforestar y conservar estas zonas, lo que sin duda generaría empleo. Es muy probable que dada la despoblación no se encuentren manos locales que hagan ese trabajo. Las provincias más afectadas por la despoblación tiene la tasa de paro más baja de España, por debajo del 10%, mientras que en Andalucía y Extremadura hay provincias en el 25%.

Seguro que hay familias dispuestas a cambiar de residencia si es a cambio de un puesto de trabajo digno y con todos los servicios públicos de los que ya dispone de donde procede. La movilización interna ha sido constante en nuestro país. En la década de los 60 a los 90 fue en gran medida del campo a la ciudad, pero ahora hay que ayudar a que sea al revés.

Jesús Casas, presidente de Tragsa, dijo en el mencionado congreso que el problema de la despoblación es una cuestión netamente política y que estamos ante la última oportunidad de evitar que se pierde la parte rural de España, irreconocible ya para muchos jóvenes. Si la despoblación triunfa, estaremos en otro país, más insolidario y con más tensiones territoriales.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense