La racionalización del gasto sanitario es compatible con el apoyo a la industria
Es necesaria una estrategia a medio y largo plazo que facilite la inversión y e incentive la innovación
Farmaindustria detalló ayer las razones por las que se opone frontalmente al plan que ha diseñado el Ministerio de Sanidad para fomentar el uso de medicamentos genéricos y biosimilares. Según advirtió, la propuesta de generalizar la prescripción de medicamentos por principio activo relegará a las marcas farmacéuticas y desincentivará a las compañías para invertir y producir en España. La industria advirtió del daño que puede sufrir un sector que cuenta actualmente con 54 plantas en funcionamiento y del efecto deslocalizador que podría provocar la medida en favor de países como China e India. Farmaindustria recordó que ocho de cada diez medicamentos prescritos en España son genéricos o marcas a precio de genérico y abogó por defender la libertad de prescripción de los médicos para que tanto marcas como genéricos compitan sin privilegios.
La industria farmacéutica, que deberá negociar con el próximo Gobierno el acuerdo sobre el nuevo convenio para la sostenibilidad del sistema sanitario a partir de 2020, reclama que el objetivo de racionalizar el gasto sanitario incluya no solo a las empresas innovadoras y los medicamentos de marca, sino a todos los agentes de la cadena, de forma que el peso del ahorro no recaiga sobre un sector que acapara buena parte de este, pero no su totalidad. También demanda que el próximo Ejecutivo eleve el gasto en sanidad pública hasta el 7% del PIB frente al 6% de 2018.
El control del gasto en la Sanidad, como en otras áreas del Estado, resulta clave para asegurar la sostenibilidad del propio sistema, así como para cumplir con las exigencias generales de saneamiento presupuestario y de reducción del déficit público. Ese objetivo, que España no puede descuidar, debe intentar compaginarse con la necesidad de apoyar una industria que ha demostrado sobradamente su dinamismo, su capacidad de innovación e investigación y su potencial para atraer unas inversiones globales que ascienden actualmente a unos 130.000 millones de euros. El sector farmacéutico aporta riqueza y empleo de calidad a la economía, lo que debería traducirse en un marco normativo atractivo y flexible para la inversión que, sin descuidar el control del gasto, tenga en cuenta las ventajas de respaldar este pujante tejido empresarial. Pero ese objetivo exige, como primera premisa, la recuperación de la estabilidad política en España a través de un Gobierno capaz de diseñar una estrategia a medio y largo plazo que facilite la inversión y e incentive la innovación.