Ni la violencia ni la huelga pueden ayudar a Cataluña y su economía

La región ha pagado ya una elevada factura económica por la aventura ilegal y populista del procés

La violencia independentista se ha adueñado de las calles de Cataluña como respuesta ilegítima a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a los líderes del procés a penas de hasta 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Las fuerzas de seguridad detuvieron ayer a más de 50 personas y actuaron contra los distubios convocados ante la sede de la Delegación del Gobierno en la región, que se saldaron con más de 100 policías heridos. El Ejecutivo ha anunciado el envío de 300 efectivos más de la Policía Nacional, que se suman a los 800 agentes de la Guardia Civil y de la Policía que están desplazados en la comunidad autónoma.

Las fotografías que los desórdenes y la violencia callejera están trasladando al mundo muestran un territorio que se asemeja más a Kosovo que a la culta región europea que Cataluña siempre ha defendido ser. El problema es que Cataluña no es Kosovo, no es un territorio en guerra ni en situación de emergencia, no ha sido invadido ni subyugado, lo que convierte esas imágenes en una arma irresponsable y seriamente dañina para la imagen de la comunidad, así como para su economía, más aún en plena coyuntura de desaceleración.

La economía catalana ha pagado ya una elevada factura económica por la aventura ilegal y populista del procés. La crisis que desencadenó la convocatoria del referendum del 1-O abrió ya en 2017 un boquete en la comunidad en forma de fuga masiva de capitales y de traslado de sedes sociales de empresas. Para entender la magnitud del daño financiero que esta nueva ola de violencia independentista puede provocar basta recordar que apenas tres trimestres después del referendum del 1-O unos 37.000 millones de euros habían sido retirados de las sucursales bancarias catalanas, casi el 20% del total. A esa huida de capitales, que muy probablemente volveremos a presenciar si la crisis actual no se reconduce con rapidez, hay que sumar el roto que la imagen de una Barcelona casi en llamas puede hacer en la demanda turística.

Ni los disturbios callejeros ni la convocatoria de la huelga general de mañana, de corte puramente político, pueden ayudar a Cataluña, como tampoco podrán cambiar el contenido de una sentencia que es recurrible por los cauces legítimos, pero no rechazable por los ilegítimos. El Gobierno y las fuerzas políticas que respetan el orden constitucional han de hacer lo necesario para asegurar la vuelta de la tranquilidad y evitar que el proces siga siendo un lastre no solo político, sino también económico para la comunidad.