La banca busca redefinir su negocio hipotecario
La nueva ley cuesta al sector 1.200 millones al año por los nuevos gastos que debe asumir
Semana cargada de morbo en el sector financiero. Esta semana coinciden dos de los más rocambolescos y enrevesados episodios de la banca española de los últimos años: el final del caso Bankia con el inicio del juicio de Banco Popular. El próximo miércoles, 2 de octubre, comienzan las declaraciones en la Audiencia Nacional del caso Popular, después de más de dos años desde que la Junta Única de Resolución (JUR) interviniese y vendiese el banco a Santander por 1 euro el 7 de junio de 2017.
El juez Calama Teixeira ha citado a declarar como querellados a los expresidentes del ya desaparecido Banco Popular. Emilio Saracho abrirá el interrogatorio los días 2 y 3 de octubre, y a Ángel Ron le tocará el turno los días 8 y 9, ambos a las 9 de la mañana. La idea es terminar la ronda de interrogatorios de los expresidentes y de otro exaltos cargos de Popular a finales de año.
Pero todo es susceptible de enredarse más. El 10 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tomará declaración a BBVA en calidad de persona jurídica investigada por los contratos con las empresas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. Antes se espera que el juez levante el secreto de sumario del caso.
Todo un puzle jurídico en el que se ven implicados tres de los bancos que hasta hace solo algo más de dos años pertenecían a la élite del sistema financiero (aún también, con la excepción de Popular que ya ha desaparecido tras ser absorbido por Santander).
El rompecabezas podría enredarse más, si el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid hubiese decidido celebrar en estas fechas la vista previa al juicio en el que Banco Santander y Andrea Orcel se enfrentan por el fichaje frustrado del banquero italiano como consejero delegado de la entidad. Pero al final la vista previa de este juicio, en el que Orcel reclama 112 millones de euros, se celebrará el próximo 13 de abril.
Pero mientras se espera a ver cómo se resuelven estos casos, la vida de los bancos sigue, aunque no todo lo bien que ellos quisieran. Las principales entidades financieras españolas, y en general europeas, no paran de lamentarse sobre la política monetaria impuesta por el Banco Central Europeo (BCE). Consideran que las medidas del BCE, con el mantenimiento de los tipos de interés negativos durante varios ejercicios, serán nefastas para su negocio, y son muy escépticos sobre el efecto que pueden tener en la reactivación de la economía. Esa es la conclusión de las jornadas organizadas por Bank of America Merrill Lynch celebradas en Londres la semana pasada.
A las entidades financieras españolas se les añade otro escollo, aseguran fuentes del sector. A los negativos tipos de interés se les añade la nueva ley hipotecaria. Parece que, una vez reposada, gota a gota se les está cayendo un jarro de agua fría encima. El negocio por excelencia de la banca ya no es muy rentable. Hablamos de las hipotecas.
Todas las entidades financieras reconocen que van a “ir a muerte a por este negocio, pese a todas sus trabas. La competencia es muy dura, pero hay que estar ahí”, reconocía el viernes el directivo de uno de los grandes bancos españoles.
Pero la banca reconoce que busca nuevas vías para hacer rentable el principal pilar de su negocio. Y es que además de que los márgenes son cada vez más estrechos con los negativos tipos de interés, se le suma el efecto de la reciente entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria.
Su aplicación supondrá para el conjunto de las entidades financieras españolas hacer frente cada año a cerca de 1.200 millones de euros de coste de formalización de la garantía real que anteriormente pagaba el cliente, según desvela un análisis de la consultora Alvarez & Marsal en un informe remitido a sus clientes.
En la actualidad, la banca estudia fórmulas para rentabilizar la nueva producción del negocio hipotecario. Y algunas entidades ya han puesto lo ojos en el mercado francés, según explica y recomienda Alvarez & Marsal en su informe.
En el mercado francés, el 60% de las financiaciones para la compra de una vivienda no cuentan con garantía real. En su lugar los bancos reciben una garantía financiera emitida por otra entidad o una póliza de caución hipotecaria. En concreto, una de cada cuatro financiaciones para la compra de una casa son garantías con seguros de caución hipotecaria.
Sustituir, en la nueva producción de crédito, la garantía real por un seguro de caución hipotecaria “supondría mejor la cuenta de resultados de las entidades financieras hasta en 1.300 millones por año y reduciría su consumo de capital en 240 millones de euros en Basilea III, que se incrementaría en 550 millones de euros por año con la plena implementación de Basilea IV”, explica este informe confidencial de Alvarez & Marsal.
La hipoteca inversa también es otra de las fórmulas que las entidades han comenzado a estudiar para su comercialización de forma más masiva que hasta ahora. El problema es que su complejidad hace que la banca se retraiga hasta que no tenga todo muy atado. “No queremos que este tipo de hipotecas se conviertan en otro frente de litigios. Ahora tenemos que pensarnos todo varias veces antes de lanzar algún producto novedoso al mercado. Los abogados están al acecho de todo lo que hacemos”, asegura un directivo de un destacado banco.