Estado de Bienestar

Jordi Sevilla propone una renta básica universal ligada al IRPF

España es el país de la UE donde más ha crecido la desigualdad desde la crisis y el tercero con más trabajadores pobres

El presidente de Red Eléctrica y ex ministro socialista, Jordi Sevilla.
El presidente de Red Eléctrica y ex ministro socialista, Jordi Sevilla.

El modelo de bienestar actual no funciona o no todo lo bien que debería. Implantado hace más de 60 años, los expertos creen que el sistema de protección social ya no sirve, puesto que ofrece soluciones viejas a problemas nuevos. De ahí que sea necesario una profunda reforma para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, y que en ese rediseño, se incorpore una renta básica universal para que todos los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades mínimas.

Así lo defiende una decena de expertos que, dirigidos por el economista y exministro Jordi Sevilla, han presentado este miércoles el informe Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica, publicado por el Observatorio Social de "laCaixa". Si bien cada uno de ellos ofrece aproximaciones distintas a la idea de renta universal, existe entre todos "una convicción absoluta de que hay problemas sociales nuevos para los que los instrumentos de política económica y social no dan respuesta y que necesitan nuevas soluciones, porque la cara de la pobreza ha cambiado y las desigualdades han aumentado", destaca Sevilla. 

La propuesta de Jordi Sevilla: ingreso universal ligado al IRPF

El que fuera ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2007 y es hoy presidente de Red Eléctrica propone una "renta fiscal universal" garantizada para todos los ciudadanos que tome como base el mínimo vital (familiar y personal) que ya reconoce el Estado en el mínimo exento del IRPF. El resultado es que, para quienes estén por encima de ese mínimo, el impuesto sobre la renta será positivo (pagarán), mientras que para quienes se sitúen por debajo será negativo (recibirán).

Ello implica que todos los ciudadanos tendrían la obligación de presentar su declaración de ingresos, ya que actualmente, apenas 18 millones de los 22 millones de trabajadores la realizan. Ello solucionaría, según Sevilla, la fractura que existe en España entre el sistema impositivo y las prestaciones sociales y que revierte en un "modelo de redistribución no equitativo". Un problema que hace que los más vulnerables queden excluidos de los beneficios fiscales y que se produzcan "contradicciones" como, por ejemplo, que una familia sin ingresos y que no tributa reciba una ayuda mucho más pequeña por hijo (291 euros), que otra con ingresos más altos y que se beneficia de mayores deducciones (2.400 euros) por hijo o menor a cargo.

Ese mínimo que fija el Estado no sometido a tributación es actualmente de 5.500 euros anuales, si bien la cuantía se incrementa en caso de que el contribuyente sea mayor de 65 años, tenga ascendientes, hijos, o personas dependientes a cargo. No obstante, Sevilla añade que también podría tomar como referencia las cantidades por debajo de las cuales el Estado no obliga a presentar declaración de la renta: 22.000 euros anuales o 12.000 en caso de tener varios pagadores (si bien muchos la presentan para obtener devoluciones a las que tienen derecho). Sea con sea la base de partida, lo importante, según Sevilla, es determinar un nivel mínimo de ingresos para la subsistencia de cada individuo.    

Desigualdad y pobreza que no bajan

El conjunto de expertos defiende que la idea de unos ingresos garantizados a todos los ciudadanos por el simple hecho de serlo daría respuesta a distintos problemas, como son "el fracaso de los subsidios condicionados", el hecho de que el trabajo asalariado ya no sea una garantía para salir de la pobreza y que la recuperación no ha servido para reducir la desigualdad ni las altas cifras de paro, y que se plantea un serio desafío en torno a la robotización de la economía y la sustitución de muchos puestos de trabajo. 

Las cifras son contundentes. Según destaca el estudio, España es el país de la Unión Europea donde más ha aumentado la desigualdad desde la crisis. Uno de cada cuatro hogares con menores se encuentra en riesgo de exclusión y más de uno de cada diez trabajadores (13%) son pobres, la mayor proporción solo por detrás de Rumanía y Grecia. La pobreza también ha cambiado de cara, ya no afecta especialmente a mayor, sino que "se ceba" con los menores de 30 años, mujeres y sobre todo, niños.  

Preguntado por la inversión que supondría para el Estado, Sevilla se ha negado a dar datos concretos. "No veo que haya que abordar el problema desde el final, primero habrá que abrir el debate político y social sobre si debe haber una renta universal o no, si debe depender del nivel de riqueza, y después ya podremos ver cómo se aterriza y cuánto cuesta", ha insistido. Según el estudio, el gasto social en España (24,7% del PIB) es cinco puntos inferior a la media europea, y el país es junto con Italia, el que menos capacidad de redistribución tiene de su sector público. 

En todo caso, Sevilla ha destacado que esta cuestión "candente" ya ha sido objeto de experimentos puntuales con distinto éxito en ciudades de Holanda, Finlandia, Canadá, India o Brasil y que hasta el momento, no se ha constatado un "riesgo serio de desincentivar el empleo". Además del sueldo, ha insistido en que el trabajo reporta a las personas muchas otras ganancias no monetarias, como realización personal, motivación o socialización. 

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