Las regiones del PP exigen un consejo fiscal urgente para cobrar 2.200 millones

La Abogacía del Estado rechaza que un Gobierno en funciones apruebe el abono y el impago aboca a las comunidades a hacer más recortes

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Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como la dirección nacional del partido, estallaron ayer en críticas contra el Ministerio de Hacienda que dirige en funciones María Jesús Montero por el impago del anticipo que el Estado debe realizar a las regiones cada año por el incremento de ingresos públicos. La cifra ronda en 2019 los 4.500 millones de euros pero el Gobierno, amparándose ahora un informe de la Abogacía del Estado, defiende que un Ejecutivo en funciones no puede aprobarlo. Los territorios del PP, a los que corresponde la mitad del monto (unos 2.200 millones), exigieron la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera urgente para pedir explicaciones y soluciones.

Montero viene avanzando desde hace un mes que la Abogacía del Estado avalaría el pago pese a la falta de Presupuestos Generales del Estado pero no que la apruebe un Gobierno en funciones. Su discurso fue leído desde la oposición como una forma de presión para que el resto de partidos facilite un nuevo Ejecutivo socialista y acusaron a la ministra de no contar con un informe oficial sobre el asunto. De hecho, este no fue emitido oficialmente hasta el pasado martes, tras ser solicitado con carácter urgente por Hacienda el pasado 22 de agosto.

El documento, cuyo signo fue avanzado ayer por El País y al que ha tenido acceso este diario, matiza en cualquier caso que “con carácter previo” la Abogacía del Estado “ha anticipado” de “un modo reiterado” sus conclusiones al departamento de Montero. El informe analiza los límites que la Constitución y el Tribunal Supremo imponen a los ejecutivos tras la celebración de elecciones y hasta la formación de un nuevo Gabinete, periodo en el que solo podrá asumir “el despacho ordinario de los asuntos públicos”, sin poder aprobar otras iniciativas “salvo casos de urgencia”.

“Un Gobierno en funciones no tiene restringida únicamente la facultad de aprobar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado sino, en general, se le limita la facultad de servirse de los principales instrumentos de orientación política en cuanto con ellos puedan comprometer o condicionar la actuación del nuevo Gobierno”, reza el documento, que asume que “por su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa” entran dentro de esta categoría “la revisión del importe de las entrega a cuenta realizadas a las comunidades”.

En condiciones normales, el Gobierno aprueba estos pagos cada año para anticipar a los territorios el incremento de los ingresos públicos del ejercicio en curso, ya que la principal fuente de financiación autonómica es la cesión del 50% de la recaudación de IRPF e IVA y del 58% de la de Impuestos Especiales, cuya liquidación definitiva se cierra a dos años vista. En el último lustro, la actualización anual ha oscilado entre los 2.300 y los 5.600 millones. Con la prórroga presupuestaria, la revisión de 2019 ascendería a unos 4.500 millones, según fuentes oficiales. Aunque el reparto final es discrecional, si el criterio fuera similar al de 2018, las comunidades que más recibirían serían Andalucía (con unos 967 millones), Cataluña (861 millones), Madrid (648 millones), y Galicia (346 millones).

No recibir la suma supone un grave problema para muchas de las comunidades, que elaboran sus presupuestos contando con estos fondos. Algunos territorios podrían verse abocados a aprobar recortes este año, a disparar la demora en el plazo de pago a proveedores o a incumplir su objetivo de déficit. El trance se agravará según avance el año, máxime si la tentativa de formar Gobierno en septiembre vuelve a fracasar y el impago se mantiene sine die.

A esta merma de la caja hay que sumarle la pérdida de un mes de IVA de 2017, que se liquida este año. Cerca de 2.500 millones que las comunidades han dejado de cobrar por el nuevo Suministro Inmediato de Información del IVA.

Ante esta situación, el Govern de Cataluña anunció que llevará al Ejecutivo central ante los tribunales reclamando 1.317 millones. Una opción que de momento no maneja el PP, que prefiere abordar el asunto en un consejo fiscal urgente que podría forzar con un tercio de sus miembros, lo que ya roza por sí solo.

“Reclamo a Pedro Sánchez la convocatoria urgente y monográfica del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación autonómica”, reclamó desde Twitter el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que fue más allá de las entregas a cuenta y pide al Estado 1.350 millones. En su caso, advirtió, no descarta acudir a los tribunales.

“Están utilizando los medios que tienen por estar en el Gobierno temporalmente para presionar, por ejemplo, a sus socios para una posible investidura”, declaró a su vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo también un consejo fiscal urgente para reclamar 1.237 millones.

“Un Gobierno en funciones no es un Gobierno sin funciones”, criticó a su vez el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que se sumó a la petición de un consejo fiscal urgente al igual que hicieron los presidentes de Murcia y Castilla y León, las otras regiones gobernadas por el PP.

La ministra de Hacienda, por su parte, aseveró ayer en Onda Cero que “busca fórmulas” para “sortear” las restricciones del Gobierno en funciones y poder pagar a las comunidades. El PP, que ha llegado a pedir su dimisión si no hacía público el informe de la Abogacía del Estado, ha pedido que aclare la situación en el Parlamento, lo que también han hecho otros grupos políticos.

Críticas generalizadas y fuego amigo

De Cs al PSOE. Los cerca de 7.000 millones de euros que las comunidades reclaman al Estado por el impago de la actualización de los anticipos a cuenta y el mes perdido de IVA por la reforma de este impuesto en 2017, han provocado un aluvión de críticas generalizadas que va mucho más allá del PP o del Ejecutivo catalán. De hecho, dirigentes socialistas como el valenciano Ximo Puig han mostrado su preocupación por la falta de fondos. El riesgo de que el impago acabe motivando nuevos recortes de gasto social en las regiones, una etapa que parecía haber quedado atrás con la recuperación económica, ha suscitado también la denuncia de representantes de grupos como Podemos pero también de Ciudadanos.

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