Impuestos y tecnológicas: una lucha europea

El acuerdo entre Apple y el fisco francés refleja el empeño de la UE por lograr que el sector tribute donde corresponda

Cuando dos partes enfrentadas negocian y llegan a un acuerdo económico, ambas han tenido que ceder en algún extremo. ¿Qué pasa cuando una de las partes es una Administración Pública y la otra, un gigante tecnológico? Que las consecuencias son multimillonarias, tanto en lo acordado, como en lo cedido.

Tras la lucha particular del fisco francés con Apple, aquel ha declinado su posibilidad de ingresar el doble de lo ahora pactado, a cambio de 500 millones de euros y de evitar el inicio de un procedimiento sancionador, previsiblemente largo y costoso pero que, potencialmente, podría haberle reportado una recaudación millonaria. Y no es la primera vez: un acuerdo similar ya fue alcanzado con Amazon por el Ministerio francés de Economía y Finanzas el año pasado.

Con la adopción de este acuerdo, Apple ha reconocido abiertamente haber estado declarando menos ingresos de los debidos en territorio francés -por jugar al desvío de rentas a países que ofrecen una tributación más favorable, como es el caso de Irlanda- y de evitar una sanción de importe nada desdeñable. Y es que el desvío de rentas hacia paraísos fiscales o países con baja tributación, con el único objetivo de pagar menos impuestos (y no porque exista una actividad real) se ha convertido en una técnica recurrente de algunas multinacionales, sobre todo en esta era digital: la prestación de servicios tecnológicos, por su intangibilidad, puede dificultar el determinar dónde debe entenderse prestado el servicio y, por ende, dónde se genera el rendimiento y, en consecuencia, dónde debe tributarse. Esto, añadido a la falta de armonización en la normativa y práctica tributaria europea, hace que muchas empresas utilicen estrategias que, en el limbo, basculan entre lo prohibido y lo permitido.

Al parecer, la adopción de una ley en Francia que permite abrir un procedimiento penal por fraude fiscal, ha favorecido las negociaciones entre las grandes empresas digitales y el fisco francés. Lo mismo sucede en España: los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social previstos en nuestro Código Penal sirven -o deberían servir- de “aliciente” para asumir la culpa total o, en el peor de los casos, para pactar asumiendo una culpa parcial, y, en ambos casos, abonar lo defraudado. De lo contrario, aquellos que se atreven a eludir cantidades superiores a los 120.000 euros ponen en juego su libertad a cambio de una pena de prisión. Muchos valoran más su libertad y su reputación que el dinero, por lo que acceden a pagar para evitar un mal mayor.

El acuerdo alcanzado con Apple no es más que un reflejo de la lucha de algunos países europeos (entre ellos, Francia, que es uno de los estados que capitanea la marcha) por conseguir que los gigantes tecnológicos abandonen la costumbre de redirigir rentas a países de tributación más favorable con el único y exclusivo fin de evitar la imposición -normalmente más elevada- allí donde toca, es decir, en los países donde realmente se obtienen los rendimientos. Así, Francia multiplica los esfuerzos en la Unión Europea para adoptar una normativa común sobre las llamadas GAFAM (antes Gafa), esto es, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, los cinco gigantes que actualmente rigen el mercado, no sólo por su conquista en cuota de mercado y margen de beneficios, sino por su particular e innovadora forma de hacer negocios.

Sabiendo que estas multinacionales están (porque así lo están asumiendo al pactar) en un caso de evasión fiscal y no amparados por una potencial economía de opción, sería absolutamente deseable que además de reaccionar frente a la amenaza que supone lo coercitivo y lo punitivo, estos gigantes tecnológicos fuesen capaces de actuar/omitir en fase previa, declarando y tributando donde se generan realmente las rentas. Una cuestión de educación, simplemente: si se instruyera tributariamente desde la responsabilidad, se aprendería a comprender la dimensión de la elusión fiscal y sus consecuencias, tanto intrínsecas como colaterales, valorando más el impacto y tomando decisiones de forma consciente, y no motivados por la incertidumbre y el miedo que infunda la pena o la privación de libertad. Lamentablemente, enfocar desde el victimismo y no desde la responsabilidad nos sitúa en una posición social y globalmente desfavorable.

Montserrat Hernández es consultora en Martínez Comín y Profesora de la UPF

 

Normas