Las empresas VTC se querellan contra los taxistas por “organización criminal”

Les acusan de utilizar métodos de extorsión y coacción durante las dos semanas de huelga. La fiscalía debe decidir si la admite a trámite.

Protesta de conductores de VTC
Protesta de conductores de VTC

La guerra judicial entre los sectores del taxi y los de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) arranca con fuerza. Las empresas VTC, asociadas en Unauto, presentaron este viernes una querella ante la Audiencia Nacional contra los taxistas por organización criminal por los actos violentos sobre sus conductores y vehículos en las dos últimas semanas tras las huelgas indefinidas convocadas por el sector del taxi en Barcelona y Madrid, donde esta aún continúa.

La noticia, adelantada por La Información, ha sido confirmada a este periódico por fuentes conocedoras del caso. La patronal de los VTC denunció esta semana que 150 vehículo de las empresas que ponen sus flotas al servicio de Uber y Cabify habían sido atacados y habías sufrido daños en Madrid. Uno de los casos que resaltó la asociación es el ataque sufrido por un conductor de VTC al que supuestamente un taxista disparó con perdigones.

También desde Unauto denunciaron cómo un taxista, que resultó gravemente herido por atropello de un VTC en Madrid, se había abalanzado previamente sobre el coche junto a un grupo de compañeros. Y cómo otro conductor de otra empresa de VTC tuvo que ser atendido en Barcelona tras sufrir una crisis al verse atacado por un grupo violento de taxistas, que además le destrozaron el vehículo.

La querella se ha presentado contra algunos portavoces de algunas asociaciones del taxi, entre ellos Alberto ‘Tito’ Álvarez y Nacho Castillo ‘Peseto loco’. Según las empresas VTC algunas asociaciones como Élite Taxi habrían tomado el control de todo el colectivo de taxistas y habrían instigado los actos violentos acontecidos. Desde las empresas VTC se les acusa de haber montado una asociación criminal y utilizar métodos de extorsión y coacción.

Según detalla el citado medio, la querella ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Ahora, se ha trasladado a la Fiscalía, para que se pronuncie acerca de su posible admisión a trámite. Los abogados de Clifford Chance, contratados por Unauto, son quienes han preparado la querella y defenderán el caso.

La batalla judicial entre taxistas y VTC promete ir para largo. Esta misma semana se ha conocido que un grupo de 753 taxistas han presentado una demanda por competencia desleal contra Uber, Cabify y otras compañías como Ares Capital, Cibeles Comfort y Gesstaxi Gestión, según informó el propio ‘Tito’ Álvarez. Según explicó la demanda telemática se interpuso el jueves y el viernes acudían al juzgado a presentar toda la documentación.

En este caso, el abogado de Elite Taxi es Elpidio José Silva. Los taxistas aseguraron que con esta acción judicial quieren defender al sector del taxi como “un servicio público de interés general”. También amenazaron con llevar a cabo una querella criminal porque aseguraron tener pruebas sobre presuntos casos de “estafa masiva, fraude de ley y manipulación del precio de las cosas ante la burbuja que han creado en el mercado”.

Todo, en la misma semana que la Audiencia Provincial de Madrid ha tumbado la demanda de los taxistas contra Cabify por competencia desleal. El auto determina que no hay tal delito al funcionar esta compañía como mediadora entre usuarios y conductores.

La guerra en los tribunales, en cualquier caso, no se librará solo entre entre taxistas y VTC. Las demandas y querellas desde el sector de los vehículos de alquiler con conductor apuntan ya a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona, según han advertido Unauto y las diferentes empresas del sector, que esta misma semana han dejado de operar la mayoría en Barcelona, tras aprobar el gobierno catalán el decreto ley que obliga a 15 minutos de precontratación de los VTC.

Según informó esta semana CincoDías, el mismo despacho Clifford Chance ultima la presentación de una querella contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y contra el consejero de Territorio, Damià Calvet, por prevaricación. En el primer caso, por elreglamento Colau que intentó imponer a los VTC la exigencia de una segunda licencia municipal para operar en Barcelona y que fue tumbado por los tribunales, y, en el segundo, por el decreto ley aprobado esta semana y que fija el tiempo de los 15 minutos mínimos para poder contratar un VTC. “Ambos aprobaron unas normativas a sabiendas de que eran ilegales”, señalan fuentes próximas al caso.

Tras abandonar Barcelona, de donde aseguran haber sido “expulsadas”, las empresas VTC también están estudiando con sus despachos jurídicos cómo suspender de manera cautelar el decreto catalán, pues este solo puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por un partido político, el presidente del Gobierno o instituciones como el defensor del pueblo.

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