Uber y Cabify dejan de prestar sus servicios en Barcelona tras el decreto del Govern

Las dos plataformas de transporte comunican a sus usuarios que la obligación de precontratar los coches con 15 minutos de antelación les impide seguir operando en la ciudad

Uber y Cabify dejan Barcelona. Ambas compañías han anunciado esta mañana de manera oficial que dejan de prestar sus servicios en Barcelona este viernes tras la aprobación, por parte del Gobierno de la Generalitat, de un decreto ley que obliga a precontratar con 15 minutos de antelación los servicios de los coches con licencia de vehículo de transporte concertado (VTC), y que entrará en vigor mañana. "Hasta pronto, Barcelona", indica en una nota Uber, que responsabiliza, al igual que su competidor Cabify, al Govern del cierre de su servicio UberX.

"Hace casi un año volvimos a Barcelona con un compromiso: hacer las cosas bien. Desde entonces, más de medio millón de personas nos habéis elegido para moveros por la ciudad. Y miles de conductores han encontrado en Uber una manera de ganarse la vida. Hoy, sin embargo, tenemos malas noticias. Ante las restricciones a las VTC aprobadas por la Generalitat de Catalunya, nos vemos obligados a suspender el servicio de UberX en Barcelona", señala la compañía, que pide una regulación justa.

Uber ya se vio obligada a cerrar en España su servicio UberPop, que operaba con particulares, hasta que volvió en 2015 con su servicio actual de alquiler de vehículos con conductores profesionales. Un servicio que lanzó en Barcelona en abril de 2018.

La compañía asegura que su objetivo "es convertirnos en un aliado a largo plazo de las más de 600 ciudades en las que operamos, Y Barcelona no es una excepción. Pero para contribuir a la vida de una ciudad necesitamos una regulación justa", ha subrayado. Según añade la compañía, la obligación de esperar 15 minutos para viajar en una VTC no existe en ningún lugar de Europa y es "totalmente incompatible con la inmediatez de los servicios bajo demanda, como UberX".

Cabify, por su parte, ha lamentado que el Conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet haya "cedido a la presión y exigencias del sector del taxi, perjudicando gravemente el interés ciudadano".  Para esta compañía, las medidas artificiales y altamente restrictivas que este Decreto Ley impone de manera inmediata al sector VTC, destruyen por completo el mercado en el que se venía trabajando y gracias al cual se han generado más de 3.000 empleos en Cataluña. Además, "causan un impacto inmediato en todas las empresas del sector, incluyendo también a Cabify, impidiendo su operativa tal y como la conocemos en el resto de las ciudades en las que opera".

Desde Cabify resaltan que, desde que se comenzó la tramitación del Decreto Ley que ha aprobado la Generalitat, ha estado abierta al diálogo. "Tras revisar el texto [del decreto], que hoy es ya oficial, la compañía concluye que esta regulación tiene como único objetivo, y por tanto también como consecuencia final, la expulsión directa de la aplicación de Cabify y de sus empresas colaboradoras de Catalunya y Barcelona", señala en un comunicado.

La compañía, que cuenta con un millón de usuarios registrados en su plataforma, insiste en el "grave perjuicio" que se genera al ciudadano desde el punto de vista de la competencia y la calidad del servicio. "Cabe resaltar que el 98,5% de los viajes gestionados a través de la app de Cabify están por debajo de los 15 minutos de espera".

Cabify asegura que informará mañana a sus usuarios de su expulsión de Cataluña. La compañía lleva dos años ofreciendo su servicio en Cataluña, tras arrancar su actividad en España hace siete.

Un portavoz de Uber también señala que siguen a disposición de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en una regulación justa para todos, "que tenga en cuenta a los miles de conductores y pasajeros de la VTC" en esa comunidad.

La salida de Barcelona de ambas compañía será indefinida, salvo que cambien las condiciones impuestas por el Govern. Las empresas VTC están estudiando con sus asesores jurídicos cómo pueden suspender de manera cautelar el decreto aprobado, pero no será tan fácil como con el reglamento de Ada Colau. Y es que el decreto ley solo puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, y eso solo puede hacerlo un partido político, el presidente del Gobierno o instituciones como el defensor del pueblo.

El portavoz de Élite Taxi Barcelona, Alberto 'Tito' Álvarez, ha celebrado la marcha de ambas compañías a través de un comunicado. En el vuelve a acusar a estas empresas de haber montado "un sistema fraudulento de negocio" y asegura que "esta es una victoria de la gente obrera y trabajadora contra las multinacionales esclavistas". 

A la marcha de Uber y Cabify se une la de otras muchas empresas, aunque sus nombres sean menos conocidos para el ciudadano. Son las propietarias de las licencias VTC y de los vehículos y  las que emplean a los conductores. Ellas ofrecen sus servicios a través de esas dos plataformas. Unauto, la patronal del sector VTC, ya anunció este miércoles que el próximo viernes varias empresas presentarán expedientes de regulación de empleo (ERE).

Una de las que ya han dado pasos en firme es Vector Ronda, controlada por Rosauro Varo y Cabify, que ayer celebró una asamblea para comunicar a sus empleados el ERE, que supondrá en su caso el despido de unas 1.000 personas. La compañía ya había comunicado su decisión el pasado lunes al servicio de Empleo de la Generalitat. "Ahora estamos esperando que nos den cita", aseguraban este miércoles a Cincodías. Vector Ronda había calculado que el decreto ley catalán les provocará "una reducción de más del un 90% de la demanda" de sus servicios.

Otra empresa que ya ha anunciado el cierre de su actividad es Moove Cars, la empresa de VTC con más licencias en Barcelona. Ahora está estudiando con su equipo legal cómo acometer el proceso "para velar por los intereses de nuestros trabajadores", dicen a este periódico

Auro, otra de las grandes empresas VTC, no ha revelado aún detalles sobre qué pasos dará, aunque fuentes del sector dan por hecho que también cerrará su negocio en Barcelona. 

En el caso de Uber, no habrá despidos en Barcelona porque la compañía trabaja con socios que ponen las licencias, los coches y los conductores, y porque la multinacional estadounidense tiene su hub en Madrid. "Lo tenemos todo centralizado", aseguran desde Uber.

En total, se prevé que los despidos que se lleven a cabo en Barcelona en los próximos días entre las empresas VTC ascenderán a unos 3.500-3.700. Y las compañías el sector VTC ya han avanzado que interpondrán demandas por responsabilidad patrimonial contra la Generalitat, a la que reclamarán una indemnización de más de 1.100 millones de euros.

En rueda de prensa, el director de Uber España, Juan Galiardo, ha señalado que la Comunidad de Madrid está gestionando el conflicto de una manera totalmente diferente a como lo ha hecho la Generalitat. "Se ha reunido tanto con las asociaciones del taxi como con las empresas VTC y su objetivo no es regular un sector en contra de otro sino regular a favor de la convivencia de ambos y a favor del ciudadano".

Preguntado sobre si Uber cerrarían su actividad en Madrid si se fija también un tiempo de precontratación como en Cataluña, el directivo ha asegurado que el negocio de su empresa es "inviable con una restricción de 15 minutos como la fijada allí" y ha añadido que confían en que el resto de gobiernos autonómicos regulen pensando en ambos sectores. "Estamos a disposición de todas las comunidades autónomas y ayuntamientos para debatir y negociar sobre ello", aseguró.

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