Los taxistas piden al Gobierno de Madrid quedarse con los trayectos cortos, los más rentables

El sector del taxi y las VTC extienden su conflicto a Bruselas para que evalúe las normas aprobadas. Mientras Cataluña quiere controlar la reventa de licencias

Concentración de taxis en el Paseo de la Castellana el pasado lunes en Madrid. AP

Los taxistas de Madrid mantienen su huelga. Es el noveno día de un paro indefinido, que empezaron el lunes de la semana pasada. Y todo parece indicar que el conflicto ha encallado, y que el sector del taxi y la Comunidad de Madrid no encuentran un punto de entendimiento. Este miércoles los taxistas presentarán una nueva propuesta al Gobierno madrileño, y aunque supuestamente esta iba a rebajar las pretensiones del sector, fuentes conocedoras de la misma explican a CincoDías que apenas si hay cambios en lo que piden.

Concretamente, el taxi exige la precontratación de 1 hora para los VTC (antes pedían 6), quedándose en lo mismo que se prevé se implante en Bacelona, una vez aprueben su reglamento. Igualmente, los taxistas piden que estos vehículos de alquiler con conductor no puedan aparcar en la vía pública y que tengan un límite de tiempo para circular en vacío, que si fuera superado les obligaría a volver a la base. Pero hay otra petición: que los VTC no puedan hacer trayectos inferiores a 5 kilómetros. “Esto tiene una lectura clara. Los taxistas quieren  quedarse con las carreras más cortas, que son las que más dinero les da, y quedarse igualmente con la almendra central de Madrid”, dicen desde las VTC.

Aún se desconoce la respuesta del gobierno regional. Pero las declaraciones esta mañana del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, fueron muy claras: “No legislaremos para propiciar el exterminio de las VTC, aunque estudiaremos las propuestas que nos hagan llegar”. Rollán añadió que no harán un decreto como el de Cataluña, “y la precontratación de una hora es una de las líneas rojas”, insistió.

El vicepresidente del gobierno madrileño pidió "cordura, sentido común y generosidad de todas las partes" e indicó que son numerosos los taxistas que no se sienten representados con lo que está ocurriendo y que quieren volver a trabajar. 

Ante este encallamiento del conflicto, representantes de los taxistas viajarán este miércoles a Bruselas para trasladar a las autoridades comunitarias su problemática y plantear la necesidad de que el conflicto con las VTC se aborde a escala comunitaria. Será el portavoz de Élite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez, y el abogado Elpidio Silva quienes se trasladen hasta allí. 

Luz verde al decreto catalán

Mientras tanto, en Cataluña se dio este martes luz verde al polémico decreto que regulará los VTC en su territorio. De poco sirvieron la concentración de unos 700 conductores ante la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y que representantes de las VTC entregaran al Govern unas 10.000 firmas en contra de esa normativa, que fija un tiempo de precontratación de 15 minutos para los VTC y habilita a los ayuntamientos a ampliarlo a una hora.

El decreto, que entrará en vigor este viernes y cuyo incumplimiento comportará multas de hasta 1.400 euros, también prohíbe que plataformas como Uber y Cabify utilicen la geolocalización para indicar dónde están sus vehículos antes de que el cliente les contrate. El Govern explicó este martes que dará “un mes” de margen a las empresas VTC para adaptar sus sistemas tecnológicos.

La norma también establece que los VTC no puedan circular por las calles buscando usuarios, por lo que deberán estacionarse en aparcamientos y garajes cuando no hagan ningún servicio. Para controlar que todo se cumpla, el consejero de Territorio, Damià Calvet, explicó este martes que pondrán en marcha esta misma semana un registro de VTC, que deberán informar de todos los servicios que presten, incluido origen y destino.

Querellas criminales

“El decreto es perverso.Es un conjunto de medidas que, sumándolas todas, hacen inviable nuestra supervivencia”, dijo el presidente de Unauto Cataluña, Josep Maria Goñi, quien ya avanzó que están estudiando presentar querellas criminales contra el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

También dijo que llevarán a Bruselas las medidas tomadas por la Generalitat para que evalúen su legalidad. Unauto aseguró que sus abogados van a analizar en profundidad el texto y el jueves anunciarán qué medidas adoptarán, aunque afirmó que lo más normal es que las empresas dejen de prestar el servicio cuando entre en vigor. “Recurriremos todo; ya estamos preparando nuestra ofensiva legal”, dicen fuentes del sector a CincoDías.

El decreto llega un día después de que la empresa Vector Ronda Teleport, controlada por el empresario Rosauro Varo (ex fundador de Pepephone) y Cabify, comunicase al servicio de Empleo de la Generalitat la extinción de 1.000 empleos, toda su plantilla en Barcelona. Goñi indicó que este miércoles a las 18:00 prevén los primeros contactos con el secretario de la Conselleria de Trabajo, Josep Ginesta, para ver cómo se gestionan los despidos.

Calvet defendió que el decreto ley, que tendrá que ser convalidado por el Parlament en el plazo de un mes, “no regula en favor de unos ni en contra de otros” y aseguró que el establecimiento de los 15 minutos “es proporcional, razonable y competitivo (...) Por ello, no entiendo que las empresas de VTC hayan anunciado ERE preventivos”.

Control de transmisión de licencias

El consejero también avanzó que la Generalitat se propone controlar la transmisión de licencias de taxis y VTC, "y acabar con la especulación" que se ha producido en ambos sectores, y que se plantea crear un fondo económico, sustentado con algún tipo de tasa, para que la Administración pueda recomprar licencias de taxi. “El Govern desarrollarán una ley para regular de manera integral el transporte de viajeros con turismo en Cataluña”, dijo. Dicha ley, sobre la que se hará una consulta pública antes de abril, también abordará temas como la formación de conductores, sus turnos y periodos de vacaciones, el taxi compartido o la transparencia en las tarifas de los VTC. También el de las licencias, para el que Calvet reconoció que necesitarán dinero.

Politización de las protestas

Taxistas y conductores VTC se manifestaron este martes en Madrid para defender su trabajo. Los primeros se concentraron frente a la sede del PP, gritando consignas contra el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, por su "pasividad" ante el conflicto. Los segundos, protestaron ante las sedes de Podemos y PSOE, donde defendieron que ellos también son “trabajadores y no multinacionales”.

Desde el PP se criticó la "politización" y la violencia de una parte del sector del taxi. "Todas las reivindicaciones son legítimas y justas, pero pierden su legitimidad cuando se hace uso de la violencia y provocan una situación intolerable como la que estamos viviendo estos días en Madrid", dijo la vicesecretaria de Comunicación del PP.

Las voces de los diferentes partidos se volvieron a escuchar este martes, cuando los taxistas llevaban a cabo su novena jornada de huelga en Madrid. El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral criticó que el presidente madrileño, Ángel Garrido, mantenga bloqueado el conflicto por “no querer cumplir la ley” y calificó de “absolutamente incomprensible” la propuesta de regulación de los VTC que ha hecho, que establece una precontratación espacial. Aseguró que con estas decisiones, el gobierno de Madrid favorecerá al "monopolio de las multinacionales, con sede en paraísos fiscales”.

Por su parte, Ciudadanos y PP propusieron devolver al ámbito nacional la regulación de las VTC. La vicepresidenta de Comunicación del PP recordó que plantearán una propuesta de solución al conflicto a través de una iniciativa en el Congreso donde también pedirán la liberalización del taxi y eliminar las barreras para competir en igualdad de condiciones con los VTC.

El Gobierno, por su parte, también habló por boca del ministro de Fomento. José Luis Ábalos, que este jueves comparecerá en el Congreso para tratar el conflicto, recordó que las competencias sobre el taxi no son del ministerio y que el Supremo dejó claro que el transporte urbano se debe regular en el mismo espacio administrativo donde se desarrolla. “Nosotros afrontamos el problema sin ninguna solidaridad y quienes ahora no quieren afrontar la cuestión [por el Gobierno de Madrid] estaban gozosos de que tuviéramos este problema”, añadió.