Las empresas VTC estudian el despido de más de 3.500 trabajadores en Barcelona
Vector Ronda, de Rosauro Varo y Cabify, tramita un ERE y comunica al Govern el despido de 1.000 empleados
Las empresas VTC emprenderán desde hoy mismo Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Cataluña si la Generalitat aprueba, como confirmó ayer, su decreto ley para regular este servicio. “Nos obligan a ello”, coinciden en decir a CincoDías fuentes de Moove Cars, Auro New Concept Transport y Vector Ronda, tres de las empresas más importantes de VTC en España. “El estableczimiento de un tiempo mínimo de 15 minutos, extensible a una hora en Barcelona, para precontratar un VTC hace inviable nuestro negocio, así que despediremos a todos nuestros empleados en Cataluña”, insisten.
Moove reconoce tener allí 726 trabajadores, Auro unos 500, y Vector, 1.000. Pero, la cifra de despedidos ascenderá a un mínimo de 3.150 trabajadores, entre conductores, personal administrativo y mecánicos, según señala a este periódico un portavoz de Unauto Cataluña, la patronal del sector, que tiene afiliadas 98 empresas.
La misma fuente asegura que la cifra puede elevarse incluso hasta 3.500-3.700, si se cuenta a los autónomos y a las pymes más pequeñas, también afectados por el decreto. “Además, el impacto en el empleo es mayor, pues 900 contratos que tenían previsto hacer en los próximos meses estas empresas, no se harán”, dicen desde Unauto. “Muchas de estas personas ya estaban recibiendo la formación previa (en atención al cliente, normativa y uso de las apps) que se les da antes contratarlas”, resaltan.
Ayer, la directora de Recursos Humanos de Vector Ronda, Forever Tours Dream y Auto Andalucía Jaén Alquiler Vehículos Tarragona, Beatriz Nogués, envió una carta al jefe de Relaciones Laborales de los servicios territoriales de Barcelona del Departamento de Trabajo de la Generalitat, Albert Hernández, donde le advertía que la aprobación del decreto ley “supondrá la reducción de más de un 90% de la demanda de sus servicios, lo que va a generar de manera sobrevenida su inviabilidad económica”.
En la misiva añadía que estas empresas se veían obligadas a resolver la relación laboral de todos sus trabajadores en Barcelona, “mediante la extinción de los contratos temporales y la tramitación de un despido colectivo de toda la plantilla de estas empresas”. Y pedía a su interlocutor una reunión urgente para tratar la tramitación de estos “procedimientos extintivos”.
También desde Unauto explicaron a este periódico que mañana mantendrán reuniones con el director General de Trabajo de la Generalitat para poner en marcha los diferentes ERE.
Contratos en plantilla
Moove Cars, controlada por el fondo King Street y con inversores como Jon Riberas y Jaime Castellanos, presidentes de Gonvarri y Lazard, defiende la calidad del empleo de las empresas VTC. El 100% de sus trabajadores, dice, son fijos e indefinidos. “Un conductor de verdad dedicado cobra en torno a los 1.300-1.400 euros”, añaden. También, Vector Ronda, cuyos principales inversores son Rosauro Varo, exdueño de Pepephone, y la filial de Cabify Maxi Mobility Spain, señala que todos sus empleados tienen “contrato fijo y un salario mínimo (quitando pluses) de 1.200 euros netos”.
Auro, cuyos socios principales son Zaryn Dentzel (fundador de Tuenti), inversores de internet como Hugo Arévalo (Hawkers) y Félix Ruiz (Jobandtalent), y el ex presidente de la Asociación Gremial de Madrid, José Antonio Parrondo, cuenta que la mayor parte de sus contratos son indefinidos, aunque también los hay temporales. “No somos una empresa financiada por fondos internacionales; Somos de aquí, hemos arriesgado nuestro dinero y pagamos los impuestos en España. No somos especuladores”, defiende Ruiz.
En este contexto, UGT de Cataluña ha pedido a las empresas del sector VTC que actúen con "la máxima responsabilidad y no empleen medidas tan drásticas ni precipitadas sin conocer el impacto real que tendrá la entrada en vigor del decreto". También han reclamado al Área Metropolitana de Barcelona que tengan en cuenta a todas las partes implicadas en el conflicto, refiriéndose a los VTC. "Especialmente a los trabajadores que se pueden ver afectados de forma directa".
Desde las empresas de VTC aseguran que en paralelo a los despidos se querellarán contra la Generalitat y solicitarán las indemnizaciones "que nos corresponden" por más de 1.000 millones de euros en total.
Uber, que la semana pasada ya avanzó que cerraría su negocio en Barcelona si el Govern aprobaba el decreto, no hizo ayer ninguna declaración. Cabify, por su parte, emitió ayer una carta abierta en favor de los consumidores españoles en la que aseguró que la compañía "quiere a Cataluña y Barcelona", pero "estamos en una encrucijada", pues la nueva regulación "significa que nos expulsan de Barcelona y Cataluña. No sabemos qué se pretende, pero sí sabemos lo que vendrá: más paro, menos productividad, menos servicio y menos libertad".
Desde Cabify insisten en que "hay soluciones a las discrepancias" y que creen que con "diálogo se pueden encontrar caminos de progreso en los que quepamos todos".
El pasado sábado, Unauto Cataluña celebró una asamblea extraordinaria para tratar la situación que las empresas de VTC están viviendo en Cataluña y tomaron una serie de acuerdos. Entre ellos, internacionalizar el conflicto. Iniciar una campaña informativa, en las redes sociales y en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales, con especial incidencia en Cataluña, la UE, EE UU, Corea y Japón.
Los socios de Unauto aprobaron igualmente un presupuesto especial y una derrama con objeto de hacer frente a los gastos ocasionados por dichas actuaciones. Y también facultar al presidente de la entidad y de los servicios jurídicos de la patronal a interponer cuantas acciones legales se consideren oportunas "contra el decreto ley de cierre de las empresas VTC en Cataluña".
Entre los puntos aprobados se incluye poner los servicios jurídicos de Unauto Cataluña al servicio de los asociados con objeto de facilitar las reclamaciones patrimoniales y las indemnizaciones pertinentes (para los trabajadores autónomos y los pequeños empresarios este servicio será gratuito); negociar con los sindicatos de clase la posibilidad de conceder créditos a los trabajadores afectados con objeto de facilitar que estos puedan reclamar al Govern y/o en su caso a las autoridades y funcionarios implicados, las indemnizaciones que legalmente les correspondan. Y extender las reclamaciones patrimoniales a las autoridades y funcionarios responsables e interponer querellas criminales contra aquellos implicados en el decreto de las VTC.
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