Unos Presupuestos optimistas en lo fiscal
Contemplan un aumento de la recaudación tributaria del 9,5%, que se nos antoja algo abultado
El proyecto de Presupuestos para 2019 contempla un aumento de la recaudación tributaria del 9,5% (descontado el efecto provocado por el Suministro Inmediato de Información (SII) se reduce a un 7,3%), una cifra que se nos antoja algo abultada si analizamos los mimbres sobre la que se construye.
Destaca la subida del Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas, con un incremento del 14,1%, hasta los 27.579 millones de euros. Para ello se establece, en primer lugar un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para estas últimas y del 18% para las que cuentan con un tipo agravado actual del 30%: compañías de explotación de hidrocarburos y entidades financieras. Esta medida tendrá un efecto importante para estas últimas que verán limitado el efecto tributario de los DTA (activos fiscales diferidos).
En segundo lugar, se limitan, en un 5%, las exenciones a los dividendos y plusvalías generados mayoritariamente en el exterior, por lo que se diluye una de las medidas estrella de la actual Ley del tributo de 2014. En tercer lugar, se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por las socimis, medida más de cara a la galería que con reflejo en la recaudación, pues, debido a la composición de su accionariado (en muchas ocasiones fondos de inversión), se suelen repartir aquellos.
Finalmente, se contempla una rebaja del 25% al 23% para las que facturen menos de un millón de euros, revertiendo una de las consignas de esta última norma de no aplicar tipos de gravamen diferentes a las pymes, ya que desincentivaban su crecimiento.
En el IRPF (que permite un incremento del 4,9% en la recaudación), se establece una subida de 2 puntos para las rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de 4 a partir de 300.000 euros (únicamente afecta al 0,5% de los contribuyentes), así como de 4 para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros. Aquí el problema se centra en que, aplicado el tramo autonómico, el tipo puede superar el 50%, lo que está generando fenómenos de deslocalización de una Comunidad Autónoma a otra.
La recaudación en el IVA prevé un incremento del 11,7% (un 5,1% descontando el efecto del SII) que se corresponde con una evolución favorable del consumo interno, pese al menor crecimiento económico previsto en el presente. Los productos de higiene femenina pasan del tipo del 10% al superreducido del 4%, bajando los servicios veterinarios del 21% al 10%. Por su parte las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos y revistas pasan del 21% al 4% (al igual que el formato tradicional de papel), tal y como permite la actual Directiva IVA.
Por último, el Impuesto Especial sobre Gasóleo aumenta en 3,8 céntimos por litro (los profesionales del transporte no están afectados, pues se excluye el gasóleo profesional). De este modo se refuerza la función extrafiscal de este tributo y es un aviso a navegantes para ir reduciendo la flota de vehículos que utilicen este tipo de combustibles.
El cuadre de las cuentas exigen la introducción de dos nuevas figuras tributarias, ya que la norma presupuestaria, según doctrina constitucional, no permite su creación a través de la misma: los Impuestos sobre Transacciones Financieras y sobre determinados Servicios Digitales.
El primero cuenta con recorrido en otros países de nuestro entorno económico como Francia, con una recaudación no muy elevada, pero sin grandes problemas de aplicación.
El segundo es de un futuro incierto, ya que nuestro país se va a convertir en su abanderado, pese a existir propuesta de Directiva comunitaria sobre el particular. El principal problema de este tributo, del que ya se conoce su anteproyecto de Ley, no es otro que su control. Y ello porque exige conocer los ingresos mundiales de las empresas, por cada uno de los servicios sujetos y, lo que es más difícil, el número total de usuarios o accesos mundiales y españoles, a fin de obtener la citada proporción. Tampoco está resuelta la doble imposición, en particular, para las empresas que prestan estos servicios a través de su sede española.
Desconocemos lo que el futuro depara a estas cuentas por el difícil equilibrio parlamentario. Ahora bien y en una primera aproximación, el objetivo del déficit parece que, con las mismas, no llegará a cumplirse, aunque sin grandes diferencias con la cifra prevista.
Javier Martín Fernández es socio director de F&J Martín Abogados y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid