Entrevista al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Pedro Saura: “Damos seguridad jurídica al que no busca especular con el alquiler”

Anuncia que el Gobierno estudia nuevos incentivos fiscales para el arrendamiento

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.

Tras más de una década desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y cuando aún no se han superado todos sus efectos, el Gobierno de Pedro Sánchez busca volver a hacer de la vivienda una política de Estado y ha empezado con el alquiler. Un sector en el que la fuerte subida de los arrendamientos empieza a dar señales de alarma en zonas concretas de las principales ciudades, que además notan el impacto del auge de la vivienda de uso turístico. El Ejecutivo ha presentado recientemente un real decreto de medidas urgentes sobre esta materia que, según explica Pedro Saura (Torre Pacheco, Murcia, 1962), busca dar mayor estabilidad al arrendatario y más garantías al arrendador. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se defiende de las críticas de los propietarios de viviendas e insiste en que no hay evidencia empírica de que ampliar la duración de los contratos de tres a cinco años (o a siete, si el arrendador es una empresa) reduzca la oferta.

Los grandes fondos opinan que el real decreto de vivienda discrimina a los caseros que son empresas y que reducirá la oferta. ¿Qué opina de estas críticas?

El real decreto ley busca dar más estabilidad al arrendatario y más seguridad jurídica al arrendador, y así revertir las nocivas políticas de vivienda del Gobierno anterior. El PP redujo los fondos destinados a vivienda y desreguló el mercado del alquiler, lo que no solo produjo unas subidas excesivas de precios, sino también que los desahucios de alquiler aumentaran a partir del 2016 un 6% anual, superando los referidos a ejecuciones hipotecarias. Por tanto, no solo no ayudó a incrementar sustancialmente el número de contratos y a bajar los precios, sino todo lo contrario. Por eso, debemos aspirar a dar más peso al alquiler dentro del mercado inmobiliario y, a la vez, dotar de una mayor estabilidad a los inquilinos y ofrecerles garantías de un horizonte temporal adecuado. Es necesario y pensamos que es perfectamente compatible. Porque al final, quien tiene una vivienda para el alquiler y no para especular, lo que busca es tener un flujo estable de ingresos y mantener su seguridad jurídica.

Entonces, para evitar esa especulación, ¿exigen siete años de contrato en lugar de cinco a los arrendadores que sean personas jurídicas?

No, lo que sucede es que los fondos [socimis] que invierten en vivienda tienen unas ventajas fiscales importantes y eso, evidentemente, explica que se les pase a exigir contratos de alquiler de siete años de duración. Insisto, el verdadero objetivo de alguien que tiene viviendas para el alquiler es tener un flujo de ingresos permanente. La evidencia internacional y nacional nos dice que aumentar la duración de los contratos no desincentiva la oferta. Alemania, por ejemplo, combina perfectamente la estabilidad con una mayor profesionalidad y un peso muy importante del alquiler, de hasta el 50% del mercado inmobiliario. De hecho, desde la reforma del PP de 2013, el peso del alquiler sobre el total del mercado inmobiliario ha crecido a una tasa menor que en los años anteriores. Ha aumentado un 1,4% en los últimos años, mientras que durante la crisis lo hizo al 1,6%, y antes de ese, al 1,8%.

¿Dónde queda la medida pactada con Unidos Podemos de habilitar a los ayuntamientos a poner topes a las subidas excesivas de precios?

El real decreto ley es tan solo una pieza que forma parte de una nueva política de vivienda y que tiene varias patas. Una de esas patas es incrementar la oferta de vivienda en alquiler porque, fruto de la inexistencia de una política de vivienda, tan solo el 2,5% del parque total de casas en España es social. Otra es un proyecto de ley de vivienda. Y ahí es dónde se pactó con Podemos que íbamos a estudiar el diseño de una política de control de precios de alquiler, aplicable de manera limitada y temporal en los lugares más tensionados. Nos dimos de plazo el año 2019, porque es una medida compleja desde el punto de vista técnico y jurídico, y porque sabemos que una política de control de alquileres mal diseñada puede tener un efecto negativo sobre la oferta de alquileres.

La reforma del PP de 2013 hizo que el alza del peso del alquiler en el mercado inmobiliario se ralentizara

Podemos ha avisado de que no votará a favor de este paquete de medidas en su tramitación parlamentaria si no se incluye este extremo.

Estoy convencido de que Podemos está de acuerdo con todas las medidas que hemos incluido en el real decreto. Es más, muchas de ellas han surgido del acuerdo con esta formación. Por tanto, no hay razones para que lo rechacen, porque va en la dirección de un mayor equilibrio entre arrendador y arrendatario.

¿Cómo va a funcionar el derecho de tanteo y retracto de las Administraciones en la venta de edificios enteros con inquilinos dentro?

Lo que planteamos es que, cuando un edificio de este tipo vaya a venderse en su totalidad, tanto por un fondo de inversión como por cualquier otro tipo de propietario, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, puedan ejercer ese derecho de tanteo y retracto. En el caso de los ayuntamientos, les damos la posibilidad de que destinen el remanente de su tesorería a políticas de vivienda. Nosotros ponemos los incentivos y damos los instrumentos para que las administraciones puedan ejercer su autonomía y desarrollar así las políticas de vivienda en la dirección que creemos adecuada. Además, el Gobierno está poniendo más recursos para este tipo de políticas y, ya de entrada, va a financiar el plan de vivienda en un 75%. También va a incrementar su dotación en los presupuestos del 2019 en torno al 38% y lo va a seguir haciendo así en los próximos años.

En 2015 se eliminaron las deducciones generales en el IRPF al pago del alquiler de los arrendatarios, pero se mantuvieron las bonificaciones a los arrendadores. ¿Piensan recuperar este incentivo fiscal?

Lo único que puedo decir, de momento, es que estamos trabajando en una comisión interministerial sobre el proyecto de una nueva ley de vivienda. Y, entre las medidas de carácter estructural y de medio plazo, estamos estudiando medidas fiscales en materia del alquiler.

El holding IAG, del que forman parte Iberia y Vueling, podría tener problemas para que sus vuelos operen dentro de Europa en el caso de un Brexit duro. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno?

El Gobierno está hablando con la Comisión Europea a este respecto, como también lo está haciendo con las propias compañías, y esperemos que haya resultados de manera inmediata.

Esta semana anunció que su ministerio elaborará una ley de movilidad que blinde los planes de infraestructuras. ¿Podría ofrecer más detalles?

Estamos planteando una estrategia de movilidad sostenible que debería acabar en una ley. Ello implica, entre otras cosas, que los planes de infraestructuras del transporte estén muy orientados hacia la movilidad, porque las infraestructuras deben ser el medio y la movilidad el objetivo. Queremos que todo ello se consensúe en el Parlamento, especialmente para que se cumplan los planes y no ocurra como en el pasado, que al final eran un brindis al sol.

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