¿Hay consenso en la lucha contra el cambio climático?

El Gobierno debe sentar las bases de una fiscalidad energética, pero no hay suficiente apoyo parlamentario

 Control de la policía nacional en Madrid.
Control de la policía nacional en Madrid. EFE

La lucha contra el cambio climático exige cambiar el modelo energético y sustituir el consumo de energías fósiles por renovables. Las renovables de menor coste son las que generan electricidad, pero ésta representa sólo un 25% del consumo total de la energía. Por ello, es imprescindible acometer la “electrificación de la economía”, es decir, sustituir consumo no eléctrico por consumo eléctrico.

En la actualidad la tarifa eléctrica soporta costes ajenos al suministro que prácticamente duplican la factura, mientras que otras energías apenas cubren los costes que ocasionan, o están incluso subvencionadas. La lucha contra el cambio climático está abocada al fracaso si no se acomete una reforma de la fiscalidad de la energía, como la ya diseñada en el Informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética.

Tal como se explicaba en dicho informe, el objetivo de la reforma fiscal ha de ser inducir a los consumidores a tomar decisiones eficientes, de forma descentralizada, de manera que la transición ecológica se lleve a cabo al menor coste posible.

Por ello, la Comisión de Expertos propone sustituir impuestos recaudatorios por impuestos medio ambientales que graven las emisiones a la atmósfera de gases contaminantes (CO2, SO2 y NOx) y partículas, por el daño que causa cada uno de ellos.

Por otra parte, en la actualidad, el 90% de la financiación de las energías renovables recae sobre los consumidores de electricidad, a pesar de que el compromiso asumido por los Estados miembros en materia de promoción de energías renovables se establece como un porcentaje de toda la energía final (por ejemplo, el 20% en 2020). Esto significa que cada vez que alguien consume 100 unidades de energía en forma de gasolina, gasóleo o gas natural, está induciendo inversiones en instalaciones renovables para producir 20 unidades de energía limpia en 2020. Pero actualmente el sobrecoste que ello supone no se imputa a ese consumidor, sino fundamentalmente a los consumidores de electricidad.

Por tanto, la fiscalidad debe ajustarse de modo que cada consumidor de energía pague por los costes que ocasiona (con medidas orientadas a mitigar el impacto sobre los consumidores vulnerables). Es decir, los consumidores de hidrocarburos deben contribuir a pagar el coste de desarrollo de las renovables, incluso cuando lo que se desarrolla son energías renovables eléctricas. Lo contrario -es decir, la situación actual- equivale a una subvención a favor del consumo de hidrocarburos, y en contra de la electrificación y de la lucha contra el cambio climático.

La reforma fiscal también es una oportunidad para racionalizar la actual financiación de las carreteras. En la actualidad, lo que pagan los usuarios de los vehículos en concepto de impuestos especiales por el consumo de gasolinas y gasóleo A, más los pagos por peajes en autopistas, tiene un orden de magnitud similar a la anualidad del coste de las infraestructuras viarias no urbanas disponibles en España (incluyendo amortización, coste financiero y gastos de operación y mantenimiento). Esto significa, en primer lugar, que los impuestos especiales sobre la gasolina y el gasóleo son, en realidad, un peaje encubierto para cubrir el coste de las carreteras.

Y, en segundo lugar, significa que en realidad el consumo de gasolina y gasóleo A no solamente no soporta ninguna carga fiscal, sino que los usuarios de los vehículos tampoco están pagando por el daño ambiental que ocasionan con sus emisiones. Así, se da la paradoja de que el Estado subvenciona el uso de vehículos de combustión interna, mientras que anuncia que prohibirá su venta y exige a los ayuntamientos disponer de planes para limitar su uso en momentos de alta contaminación.

En el Informe de la Comisión de Expertos se apunta la necesidad de que los usuarios de los vehículos (tanto eléctricos como de combustión interna) financien, de forma transparente, el coste de las infraestructuras viarias que usan. Ello exige avanzar hacia el sistema de viñetas que ya existe en otros países de la Unión Europea. Y si se considera que existen externalidades asociadas a estas infraestructuras viarias que justifiquen que una parte de la financiación corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (por su impacto sobre la vertebración del territorio), la misma consideración se debe extender a la financiación de las infraestructuras eléctricas y gasistas, porque de lo contrario se estaría perpetuando la actual política de subvenciones encubiertas al consumo de hidrocarburos.

Los análisis de la Comisión de Expertos prevén que esta reforma no solamente limitaría las emisiones con el menor coste posible, sino que incluso mejoraría el funcionamiento de la economía y crearía empleo, favoreciendo especialmente a las familias de menor renta.
El actual Gobierno debe sentar las bases de una fiscalidad en el sector energético que sitúe a España en la senda de cumplir con los compromisos de lucha contra el cambio climático. Pero se trata de una tarea que no puede abordarse sin consenso parlamentario porque ningún Gobierno va a poder monopolizar un proyecto de largo plazo cuya ejecución se extenderá al menos hasta el año 2050. Por tanto, carece de sentido aprobar hoy una Ley de Cambio Climático que no cuente con un amplio consenso que garantice su subsistencia más de una legislatura.

El trabajo de la Comisión de Expertos para la Transición Energética logró lo que parecía imposible: diseñar una estrategia que gozara del apoyo de una amplia mayoría, y sin ningún voto en contra. Por ello, debe ser una referencia y el punto de partida para confeccionar dicha Ley.

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