El fallo de las hipotecas: gana la seguridad jurídica
El fallo ha causado un daño institucional innecesario, pero ha evitado un problema económico
Los valores bancarios en Bolsa subieron ayer ante la decisión del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en las hipotecas. Se trata de una reacción lógica, toda vez que la incertidumbre parecía circunscrita a la cuestión de la retroactividad. Se trata también de una recuperación del varapalo sufrido en el mercado ante las potenciales consecuencias de la sentencia anterior, que ponía a las entidades financieras en la diana. Ahora, el Supremo ha venido a decir “la vida sigue igual”. Tal vez el camino transitado fuera inevitable, aunque no lo parece.
Se da la paradoja de que el procedimiento ha causado un daño institucional innecesario y, al mismo tiempo, se ha acabado evitando un problema económico y financiero considerable. Que el Gobierno anuncie ahora medidas sin suficiente debate, para asegurar que a partir de ahora serán los bancos quienes tienen que pagar el impuesto, es algo que probablemente ya iba a estar sobre la mesa en el marco de la nueva ley hipotecaria. El sosiego nunca está de más, pero no puede evitar percibirse un deje de malestar con el sector financiero para el que, además, se pretende crear una autoridad específica de protección del consumidor, como si fuera la única industria donde esto pudiera ser necesario o si como las decenas de disposiciones ya aprobadas tras la crisis (la última la MiFID) no lo hubieran reforzado ya.
El edificio institucional tiene un desconchón porque ha habido un espectáculo judicial en el que banca y clientes han estado al margen y, sin embargo, han sido las idas y venidas de las sentencias las que han podrían haber introducido un nuevo elemento de distanciamiento entre industria y consumidores. Desgraciadamente, esto puede suponer un daño para la fortaleza institucional del sistema, ya que ha cundido la sensación de inseguridad jurídica. Seguramente porque se están poniendo en cuestión demasiadas cosas por una vía que no es la más apropiada y porque están focalizadas hasta le extenuación en un sector sobre el que hay un escrutinio y presión sin precedentes. Los bancos acatan todas las decisiones y, en muchos casos, se adelantan a ellas para evitar desasosiego entre su clientela pero es ya tiempo de contar con algún marco de estabilidad (más seguridad legal y menos sobresaltos) porque sería bueno para todos. En todo caso, reforzar la confianza entre sector financiero y clientes sigue siendo una prioridad.
No es que los ciudadanos no tengan derecho a reclamar. Todo lo contrario. Pero tiene que existir un marco de referencia lógico y el guirigay de los últimos tiempos ha acabado de forma poco edificante. También llama la atención que casi nadie pusiera en cuestión durante 22 años que los prestatarios eran los sujetos pasivos en el impuesto vinculado al préstamo con garantía hipote caria. Y pierde la justicia en su imagen ante ciudadanos y bancos. Es triste porque en el ámbito de la judicatura pagan justos (miles de profesionales de grandes capacidades, esfuerzos descomunales acumulados y pocos recursos) por el pecado de dejar en votaciones in extremis la interpretación y el criterio sobre cuestiones que deberían tener una referencia legal definida. Ahora resultaría fácil –como tantas veces en los últimos diez años– ponerse del lado de los consumidores, pero se puede considerar un cambio de criterio como justo y el siguiente como injusto sin más. De hecho, la lección más importante es que puede no tener sentido tomar parte sin un conocimiento profundo de la situación, porque lo que ha estado claro es que no ha habido consenso en la interpretación de la norma de los magistrados y eso ya es suficientemente informativo sobre la dificultad del problema.
Los argumentos jurídicos han quedado reducidos a una disputa y una votación. Pero los argumentos económicos son difícilmente contestables. La banca no es un pozo sin fondo en el que todo se puede pescar. Es un sector económico que, como todos, necesita una rentabilidad razonable. La estabilidad financiera no puede pender de mover 3.000, 5.000 o 15.000 millones arriba o abajo de un plumazo. Es más, la forma en que venía implementándose el IAJD no era fruto de una decisión de los bancos, sino de un criterio jurídico consolidado según el cual el cliente demuestra su condición pasiva y capacidad económica al endeudarse.
Como se ha comentado tantas veces en las últimas semanas esa era la razón, por ejemplo, por la que quienes se subrogan en una hipoteca no pagan el IAJD porque ya lo hicieron los prestatarios iniciales. Y así sucede en otros países europeos con tributos similares (Francia, Portugal, Italia o Austria). Si ahora se decide que lo pague la banca en España, lo hará, pero no será una situación tan normal como se quiere vender.
Otra implicación económica importante habría sido la posibilidad de abrir una disputa entre las administraciones públicas y sector bancario por ver quién asumía finalmente la devolución del impuesto si hubiera tenido aplicación retroactiva.
Está demostrado empíricamente que la reputación de un país, su capacidad de atracción de inversores y su eficiencia para crecer dependen de forma crucial de la solidez del sistema legal y del grado de cumplimiento de los contratos. Hacer política económica de largo plazo también es procurar leyes sin fisuras, que marquen pautas de acción para muchos años. La inseguridad jurídica ya se dio en otros sectores (como el de las energías renovables) con enormes costes que se discuten demasiado poco. Sobre la banca, sin embargo, se suceden pronunciamientos políticos excesivamente (casi químicamente) reactivos y poco reposados. España ha contado con una normativa hipotecaria reputada internacionalmente durante muchos años. Tocaba revisarla. El lugar más apropiado es el parlamento tras un proceso de estudio y consultas que ha sido intenso en los últimos tiempos. Tras esta sentencia, aún será más apasionado pero no conviene hablar de vencedores y vencidos.
Santiago Carbó es Catedrático de Economía de Cunef y Director de Estudios Financieros de Funcas
