La maraña del mercado eléctrico español
El sistema es el resultado de la incapacidad de los sucesivos Gobiernos para regular la actividad
Cualquier ciudadano corriente que se interese por la evolución del mercado eléctrico español y sus precios llegará a la conclusión de que es imposible entender el proceso de su configuración, pero que el resultado es un constante aumento de los mismos y una incapacidad de los sucesivos Gobiernos por contenerlos. Si bien el sistema del formación de precios del pool español (llamado “sistema marginalista”) se asemeja al existente en otros países de la Unión Europea, los precios de los futuros para 2018 están alcanzando límites históricos y es independiente de que las tecnologías que están produciendo la energía en cada momento sean las más baratas o no; es decir, que haya más o menos hidráulica o eólica.
El pasado 1 de julio, las centrales térmicas, de gas y nucleares dejaron de recibir los pagos por capacidad vinculados a su disponibilidad. Así lo establecía la orden ministerial de noviembre reguladora de la subasta de interrumpibilidad, que aprobó el antiguo Gobierno, y con una caducidad de seis meses. Esto, a menos que el Ejecutivo reaccione con celeridad mediante el BOE, puede implicar que muchas de ellas tengan que dejar de operar por falta de rentabilidad, lo cual nos va a llegar a un escenario en el que tendrá que subir la energía sí o sí, independientemente de la estacionalidad, debido a la falta de tecnologías operativas de respaldo.
El mapa resulta complejo, ya que no depende únicamente de la voluntariedad del Gobierno actual. La Comisión Europea determinó que el sistema de ayudas por disponibilidad debía establecerse mediante mecanismos competitivos o subastas y, hasta el momento, no se ha producido tal reforma, a pesar de que las empresas han solicitado urgentemente al Ministerio de Transición Ecológica que apruebe una nueva orden ministerial que restituya dichas compensaciones.
Aunque este relato no resulte esperanzador para el ciudadano, la posibilidad de cambiar totalmente la configuración del sistema y optar por los conocidos como PPAs (“Power Purchase Agreements” o Acuerdos de Compra de Electricidad) tanto para los grandes como para los pequeños consumidores, podría ser un impulso doblemente beneficioso con el objetivo de aumentar la capacidad instalada –fundamentalmente renovable– y fijar el precio a un horizonte superior a los cinco años, pudiendo llegar hasta los diez, como sucede fundamentalmente en el continente americano. Allí, grandes empresas multinacionales de sobra conocidas, como Amazon o Apple, han apostado por este mecanismo para abastecerse de energía renovable.
La figura de los PPA resulta poco conocida para el público en general, pero está cobrando fuerza fundamentalmente para los consumidores industriales que pretenden abastecerse de fuentes renovables y, por otro lado, también permiten financiar proyectos privados de generación. Al mismo tiempo, el PPA, en su vertiente meramente financiera, garantiza un precio estable de la energía a medio y largo plazo, contrarrestando la volatilidad de los precios de la energía que está experimentando el pool español en los últimos años.
A fecha de hoy, existen cerca de una decena de PPA negociados en territorio español, y la cifra sigue creciendo. Fundamentalmente, a través de las comercializadoras, pero también existen algunos con consumidor final, como el del Grupo Cortefiel. El primero de ellos, que abrió el camino para el resto, fue el de Calidad Pascual, que permite al grupo abastecerse de energía totalmente renovable, respetando sus compromisos de sostenibilidad mediante la adquisición, junto con la energía, de los certificados de origen asociados. Igualmente, también las grandes empresas electrointensivas están valorando la firma de este tipo de acuerdos.
En conclusión, además de hacer mención al hecho de que el propio mercado busca mecanismos –como este de los PPA– para autorregularse y evitar una locura de precios que encarezca el coste de la producción industrial, todo ello debe verse favorecido por una actividad regulatoria a nivel estatal que no grave la generación eléctrica y no encarezca el ya de por sí elevado precio de las materias primas de origen fósil.
Jaime Marcos es responsable de Energía de la Federación de Industria de USO
