La movilidad urbana precisa leyes que integren tecnología, calidad y competencia
Ni los jueces pueden ponerle puertas al campo abierto que es la economía de mercado
La huelga y las concentraciones con las que los taxistas han tratado de paralizar las grandes ciudades es solo el penúltimo capítulo de un conflicto que arrancó hace diez años, cuando la tecnología se inyectó en vena en el transporte urbano, como lo hizo en todas las actividades industriales y de servicios para agilizarlas, abaratarlas, democratizarlas y mejorar su calidad. Desde entonces los taxistan han tratado de resistirse desde su posición monopolística a una apertura genérica del mercado practicada por los gobiernos en virtud de la ley de Ordenación de Transportes Terrestres, y a una ampliación de socios dentro de sus nichos mercantiles locales, cuya regulación por la via de concesión de licencias es de los ayuntamientos.
Pero las decisiones liberalizadoras de los gobiernos han sido reiteradamente avaladas por las sentencias judiciales, porque ni los jueces pueden ponerle puertas al campo abierto que es la economía de mercado, que ha sido revolucionada por la tecnología. Por ello, y pese a establecerse una inexplicable limitación a una licencia nueva de vehículo con conductor (VTC) por cada 30 de taxis, la ley de la oferta y la demanda ha llevado a una ratio de al menos 1 VTC por cada ocho licencias de taxi. Y dado que la marcha atrás tiene mala solución, solo puede restituirse un equilibrio numérico liberalizando las licencias municipales de taxis, aunque choque con el interés sagrado del colectivo por mantener el mercado cerrado para disponer de cuotas seguras de negocio y elevados precios en la compraventa de unas licencias vitalicias.
El Gobierno está atrapado entre su responsabilidad normativa, su deseo de solucionar para siempre el conflicto de intereses y la inexcusable aplicación de la doctrina judicial. Por el momento ha optado por dar una patada a seguir al asunto, atendiendo una de las demandas de los taxistas, cual es entregar a las comunidades la competencia en la concesión de licencias VTC; una aplicación difícil porque exige un alambicado proceso de cesión normativa que soslaye las estatutos de autonomía, y que parte con la negativa de varias comunidades que saben cuán conflictiva es la prerrogativa que graciosamente quiere cederles Fomento, y que no tendría aparejado traspaso presupuestario.
Los colectivos de taxistas han dado una tregua hasta septiembre, y entonces apretarán con la segunda palanca regulatoria, cual es que las VTC precisen también de licencia municipal, instancia sobre la que tienen mayor poder intimidatorio, pero algo ya paralizado por los jueces en Cataluña. El Gobierno debe pensar de forma estratégica, garantizando normas inclusivas que garanticen la integración de la tecnología, nuevas formas de negocio como los coches sin conductor, y el respeto a la libre competencia en la actividad, dos pilares básicos para proporcionar calidad y precios razonables.